En la víspera, vecinos del Barrio IC5 estuvieron reunidos, motivados porque dos familias recibieron sendas órdenes de desalojo y llegarían más. Carolina Andreoli, una de las vecinas, explicó a EL TELEGRAFO que “están intentando cobrarnos unas casas que no es lo que nos dieron en ese momento, porque lo que nos dieron fue un galpón con un baño, casas sin terminar porque la empresa que las hacía dio quiebra”. En este barrio, que está desde hace 44 años, los vecinos acordaron una mínima cuota que todos se comprometieron a pagar, pero que al sumarle los colgantes y mora no pudieron seguir pagando. Por eso, “en el 2004 aproximadamente acordamos con el entonces Banco Hipotecario (BHU) que ya no se cobraría lo que adeudaran por varias razones”. Afirmó que “eso ya había quedado arreglado, se dieron subsidios para diez viviendas y quedaron de volver a regular las otras, y nunca más vinieron”.
Ahora, asesorados por el abogado Walter Duarte, están tratando de evitar que se ejecuten las órdenes de desalojo y, a su vez, que se reconozca lo que se acordó entonces, de lo que no tienen copia (solo un recorte de este diario donde se informaba de la situación). Duarte dijo que “hace muchos años que hablamos con las autoridades y se acordó con el BHU dejar en suspenso los desalojos, se hicieron informes tanto técnico como social que evidenciaron que ese tipo de casas precarias no son las que vendía el banco, se brindaron subsidios, por lo que algunos vecinos saldaron su deuda, pero quedaron de volver para subsidiar al resto y nunca más volvieron”.
Duarte estima que la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) no tiene esos documentos, “el Banco no se los transfirió porque no se están teniendo en cuenta todos los antecedentes”. En la mañana de hoy serán recibidos por el intendente Nicolás Olivera, a quien los vecinos quieren plantearle un pedido de ayuda después de explicarle la situación y buscar soluciones.
La palabra de la Agencia Nacional de Vivienda
A mediados del mes pasado, EL TELEGRAFO publicó una nota con la directora de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), Verónica Dodera, quien se había reunido con vecinos del mencionado barrio (IC 5), los que fueron “reincorporados a la gestión de cobro de créditos” luego de que se encontraran morosos y excluidos de dicho trámite por diferentes razones.
“La política de la institución no es desalojar, pero si los vecinos no se presentan –tal como dice la reglamentación–, luego de una determinada cantidad de avisos y sin respuesta, se continúa con esa gestión en la que se incorporó. Según los reglamentos, pueden terminar en cuestiones judiciales y se prosigue con la rescisión administrativa de las promesas y, por tanto, la restitución del bien. Eso significa que judicialmente se hace el desalojo. Es lo último de esta gestión de cobro, en la cual la institución no debería tener interés de hacerlo porque es vivienda social y en este tipo de complejos no ameritaría que se llegue a tal cosa”. Sin embargo, “para evitar eso, los vecinos tienen que presentarse y tener la voluntad de regularización. Esa es la situación en particular de algunos vecinos y no de la totalidad del barrio conformado por unas 50 viviendas”, dijo Dodera a EL TELEGRAFO en ese entonces.