El Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) descentralizó sus funciones en el Interior del país, luego de su creación en 2020, por la Ley N.º 19.889 o de Urgente Consideración (LUC). Su consejo directivo honorario nacional cuenta con múltiple representación de organismos y la región norte –integrada por Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Tacuarembó y Rivera– se encuentra bajo la coordinación del Dr. Gustavo Maldini.
“La función de coordinar tiene una política de descentralización porque formamos las comisiones departamentales o INBA locales, con la misma representación que tienen a nivel nacional. La idea es recoger inquietudes de lo que sucede en cada lugar y ejecutar sus cometidos”, dijo Maldini a EL TELEGRAFO.
Explicó que “el gran objetivo es asegurar estándares mínimos aceptables de actividades que involucran a animales de compañía y de producción. Llevar a una tenencia responsable porque empieza a abrirse el abanico que se ha ido generando con la reglamentación y los decretos que venían de la época de la Cotryba y otros que se han ido creando”.
Intervenciones
Consultado por las intervenciones efectuadas en Paysandú, ante casos que adquirieron estado público, señaló que “lamentablemente son casos extremos que están asociados a temas de violencia y a otros aspectos sociales que nos exceden. Es la punta de un iceberg, con violencia doméstica incluida. Algunos casos fueron muy problemáticos y paradigmáticos”.
El INBA actuó ante “casos en coordinación con el Ministerio del Interior y la protectora, que es parte necesaria para situaciones emblemáticas muy extremas y complejas. No es fácil su abordaje y todos los departamentos tienen ejemplos de esos. Por eso, lo que ha pasado todo este tiempo nos demanda una tenencia responsable”.
En territorio
De acuerdo a la ley, el INBA puede aplicar sanciones establecidas en el artículo 22, que van desde multas de 1 a 500 UR a la confiscación definitiva y la prohibición de tenencia de animales. “Independientemente, cuando hay ataques con resultado de mordeduras o daños a animales de producción, se trabaja con un fiscal, en conjunto con la Justicia. En los ataques a majadas, que es otra cosa que nos preocupa, se actúa por la vía civil porque el INBA siempre es administrativo. Es apercibimiento, multa e incautaciones y la prohibición de tenencia”.
Maldini reconoció que los controles en el territorio, “son aspectos nuevos que estamos aceitando. Es difícil estar en tiempo real en todos los lugares y el Ministerio del Interior es nuestro brazo ejecutor, así como nos ayuda con las denuncias de las personas en casos de maltrato”.
Ámbito rural
En el ámbito rural, las denuncias por ataques a los animales de producción se trabajan junto a la Dirección de Seguridad Rural. “Acá en el norte es un problema recurrente que nos preocupa. En la producción ovina, sobre todo cuando sucede a pequeños productores y son su medio de vida. Son majadas chicas que se llevan adelante con grandes sacrificios y son atacadas por perros de la zona o provenientes de centros poblados que son tenidos en forma irresponsable. O perros de cazadores que quedan abandonados y se suman a otros formando jaurías. En algunos casos, son perros reconocidos por los productores pero en otros tenemos que manejarnos con pruebas para resolverlo. Y en estas situaciones, el Ministerio del Interior juega un papel importante”.
Maldini recordó que cualquier productor afectado “puede recurrir al Código Rural y darle muerte al perro que ataca a su majada. Hay forma de cumplir con el código para que el productor esté amparado y es un trabajo a mediano y largo plazo en los centros poblados, en las escuelas y liceos con la educación a los más jóvenes”.
El coordinador enfatizó en que el maltrato animal “es un problema de la sociedad que la propia sociedad debe atacar. Pero nosotros somos un instrumento y necesitamos el apoyo de la sociedad. Hacemos charlas y planes de acción, que son intervenciones en determinadas zonas, lugares donde hay problemas puntuales de superpoblación. Hacemos un relevamiento de la situación con jornadas de esterilización con fines educativos sobre bienestar y enfermedades”.
Las jornadas de castración y chipeo, ejecutadas a través del INBA en convenio con las organizaciones sociales, son gratuitas y obligatorias, de acuerdo a la mencionada ley. “Debemos tener en claro que la castración y colocación de chip es obligatorio. Además, el INBA lo facilita”.
Animales sueltos
Los animales sueltos, principalmente equinos, “en mayor o menor medida existen en todos los departamentos con frecuencia. El Decreto 233 establece la normativa a ejecutar con los caballos en la vía pública por casos graves y fatales de siniestros de tránsito y por problemas de convivencia. Además de sanitarios, porque hay que recordar los casos de encefalomielitis equina”.
“La Dirección de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería y el Ministerio del Interior articulan acciones sobre los animales incautados. El decreto se dirige a sus responsables y exhorta a que estén atados y no deambulen en la vía pública”.
Con el fin de cumplir con la normativa vigente en todo el país, resultan claves los aspectos logísticos. “La articulación entre los ministerios de Ganadería e Interior, la búsqueda de un campo para llevar a los animales y cumplir lo que dice el reglamento, con el sangrado. El INBA tiene una pequeña ventana cuando pasa a Servicios Ganaderos. Nos da aviso para que se entregue en donación, o a instituciones vinculadas con el bienestar animal o sigue el proceso de remate”.
Según Maldini, “el sistema viene mejorando. Parece sencillo, pero no lo es. El INBA incauta cuando hay maltrato y muchas veces va una oenegé, que también brinda su servicio para hacerse cargo de los caballos. Es bastante nueva la aplicación del decreto sancionado en 2022 y su puesta a punto en 2023. En ese sentido, se viene mejorando pero hay que tener en cuenta que no teníamos nada”.
Superpoblación canina
Ante la realidad de superpoblación canina que, según los datos manejados por el INBA, son aproximadamente 1.400.000 perros, “da en promedio más de dos perros por hogar y hay que sumar los que están en la vía pública”.
Sin embargo, enfatizó en el retiro de los animales sin dueño de los lugares públicos. “Traen múltiples problemas de convivencia, de salubridad, de accidentes viales con resultados graves y fatales, problemas sanitarios y transmisiones de enfermedades. Las zoonosis que aún tenemos, como leishmaniasis en varios departamentos o hidatidosis y otras parasitosisis. No tenemos rabia urbana, pero hay casos en las provincias cercanas de Argentina”.
A los decretos mencionados se agrega la instalación de un Programa Nacional de Albergues, “para dar protección a los animales que se retiran de la vía pública, así como los que van por causas de maltrato hasta que se dan en adopción. Ahí está la otra pata de la sensibilidad, con la promoción y concientización de la adopción”.
En Florida se inauguró el año pasado el primer albergue con este fin a cargo de la Intendencia, hay pocos departamentos que cuentan con sus proyectos avanzados y refugios chicos que atienden situaciones puntuales. “Es un aspecto que requiere tiempo, porque necesita recursos. Pero hay que seguir porque es una política nacional que debe trascender a los gobiernos. Y, también es un tema de la sociedad no sólo exigir, sino aportar un grano de arena”.
Estándares internacionales
Por otro lado, Maldini informó que “desde el punto de vista ético y productivo, el maltrato animal afecta a la producción nacional. El alcance de estándares internacionales de bienestar animal son exigencias de los países compradores a Uruguay, que es agroexportador. A los compradores no les interesa que la carne tenga determinados atributos en los mercados europeos, sino que enfatizan en cómo llega ese producto desde el punto de vista ambiental y de bienestar animal”.