Mes: julio 2024

Desde hace al menos veinte años que crece la población en situación de calle. El gobierno asegura que ha logrado desacelerar el crecimiento, pero la problemática plantea desafíos que están ligados a otros aspectos. El consumo de sustancias, la vinculación con el delito y su posterior liberación de los institutos de rehabilitación confirman lazos familiares rotos o inexistentes y su vuelta a la calle para comprobar que el círculo vicioso afecta a una población cada vez más joven.
El problema crece a nivel nacional y, por esta razón, confirma que las soluciones no son rápidas. A pesar de eso, el tema retorna una vez más a la campaña electoral. Las propuestas presentadas por el Partido Nacional y el Frente Amplio coinciden en brindar una vivienda, con apoyo y acompañamiento. Un escalón más arriba de los refugios del Ministerio de Desarrollo Social.
Pero el problema es la autonomía de cada persona. Aunque no es sencillo saber cuál es la definición de autonomía para esta población, que en algunos casos ha roto los vínculos con la vida en comunidad, se desentendió de los hábitos de trabajo y, para salir de la calle, necesita la supervisión del Estado.
Otra propuesta implica la conversión de los refugios para personas en situación de calle en lugares que atiendan durante las 24 horas. Las autoridades consideran que los centros de atención nocturnos no son eficientes ni consiguen que las personas egresen del sistema. Pero, ¿qué garantías de un futuro de autonomía brindan los refugios de 24 horas que ofrecen techo y comida? Es decir, lo más importante que una persona debe pagar con el fruto de su trabajo, pero el Estado ya se lo estaría solucionando.
Los acompañamientos son efectivos cuando consiguen alejar a las personas de las adicciones y ayudan a crear hábitos de higiene y convivencia. En algunos casos, ya perdidos en años de situación de calle.
En Montevideo, así como en el Interior, suelen concentrarse en las zonas céntricas y el uso de los espacios públicos es un motivo de desencuentro con la población. Sin embargo, así como se repite el reclamo de la opinión pública a las autoridades de “hacer algo”, también se reitera la negativa de las personas en la calle a asistir a los refugios.
Por lo tanto, el fenómeno demuestra su complejidad y las dificultades para establecer programas laborales de más largo plazo o de contratación de estas personas para su recuperación.
La compleja trama incluye la salud mental y adicciones que no pueden tratarse de manera similar en todo el país, por la sencilla razón de la falta de recursos humanos y dispositivos que atiendan a esta población.
Está más que probado que no resuelven su problema de consumo en tres o seis meses de internación, tal como ocurría con programas anteriores. Porque volver a la calle implica para muchos de ellos retornar también al consumo y a su vinculación con hechos delictivos.
La creación de nuevas plazas para tratamientos y la contratación de servicios externos con instituciones u organizaciones sociales que ya tenían la experiencia con adictos, se desarrolla acorde a los recursos definidos por el presupuesto de la actual administración. Pero es necesario un seguimiento para comprobar si la persona logró su egreso y, por lo tanto, su autonomía.
El mundo pospandemia ayudó a descorrer el velo que había sobre la salud mental de la población en general y allí se encontró una problemática con raíces bastante más profundas. Así como la necesidad de un abordaje comunitario y una discusión más amplia para trabajar y resolver desde el punto de vista de las políticas de Estado.
En el escenario electoral existen planteos para instalar centros especializados en salud mental y adicciones en todo el país, y la ampliación de la atención a las personas en situación de calle. No obstante, los recursos humanos, económicos y edilicios deberán definirse antes de poner en marcha un plan de estas características. Porque el Interior es diverso y la disponibilidad no es la misma en todos los departamentos. Y los resultados de los censos son relativos. Es una población itinerante y sus números varían de acuerdo a los liberados del sistema carcelario o, incluso, con la presencia de extranjeros. Los últimos datos oficiales del Ministerio de Desarrollo Social aseguran que en Montevideo la población en calle aumentó 24% en comparación con el año 2021. Aproximadamente 3.000 personas se encuentran en esta situación.
Incluso la Iglesia Católica de Montevideo coincide con las cifras debido a la gestión que lleva adelante en varias ollas populares, comedores o entrega de canastas.
Durante las últimas olas de frío que azotaron el país hace dos semanas, en Montevideo asistieron unas 1.400 personas a los refugios de 24 horas, cuyas plazas ascienden a 1.800. En Paysandú, hay unos 70 lugares en el refugio Santa Elena con la posibilidad de ampliar más espacio en el Batallón, por un acuerdo con el Ministerio de Defensa. Pero asisten entre 60 y 65 personas.
En mayo pasado, la Cámara de Diputados aprobó en forma definitiva la ley de internación compulsiva para personas con consumo problemático en situación de calle.
La normativa comenzará a regir a partir de los 90 días de su promulgación y le otorga al Ministerio de Desarrollo Social la potestad de “solicitar al prestador de salud correspondiente y/o a distintos centros de atención médicos la hospitalización de personas que se encuentren en situación de intemperie completa, aún sin que éstas presten su consentimiento, siempre que su capacidad de juicio se encuentre afectada como consecuencia de una descompensación de su patología psiquiátrica o por el consumo de sustancias psicoactivas”.
Un informe médico deberá acreditar “que las personas sujetas a hospitalización presentan un riesgo inminente para sí o para terceros y/o que el hecho de no hospitalizarlas pueda determinar un deterioro considerable de su salud o impedir que se le proporcione un tratamiento médico adecuado que sólo pueda aplicarse mediante dicha hospitalización”. Pero falta establecer un protocolo de actuación.
Porque la convivencia no está asegurada ni tampoco se define el concepto de ocupación de los espacios públicos para pernoctar. En cualquier caso, es conveniente aclarar si están haciendo uso de un derecho.