En la recta final hacia octubre, cuando se juega el primer round de los dos –diferentes– de las elecciones nacionales en caso de que no obtenga ningún partido la mayoría de 50 por ciento más uno de los votos en la primera convocatoria, ya se perfila una campaña electoral similar a las de oportunidades anteriores, con oficialistas y opositores atribuyéndose mutuamente responsabilidades y/o culpas de todo lo malo que ocurre al Uruguay, como si nunca nadie hubiera ejercido antes el gobierno y hecho lo mismo que ahora es malo o inconveniente cuando lo hace el otro.
Nada nuevo en función de lo que ha sido la historia político electoral en el país, cuando la alternancia de los partidos en el poder, mantiene el común denominador de las críticas exacerbadas a los adversarios antes que proponer y difundir con claridad sus respectivos programas de gobierno, a una ciudadanía generalmente poco receptiva y escéptica respecto a las promesas y las posibilidades de que quien las formule cumpla en su momento con lo que dice que va a hacer o no hacer.
Peor aún, la experiencia indica que por regla general, el electorado presta muy relativa atención a las propuestas en sí, se centra en el mejor de los casos en los titulares y tiende a votar en base a la confianza o resistencia que le merece tal o cual partido o dirigente político, y eventualmente en base a su situación personal del momento, pero no se toma el trabajo de analizar las propuestas y los programas, dejando el debate en detalle para quienes proponen o critican respectivamente, para volcarse generalmente por la opción que le resulte más simpática o menos chocante.
Esto se explica porque evidentemente ya desde hace décadas, el país se divide en dos bloques o familias ideológicas, que votan invariablemente por determinada opción por encima de las circunstancias, y el acto eleccionario lo define un porcentaje no mayor al 10 a 15 por ciento de la población, que no está identificada con ningún partido o con sesgo ideológico, por regla general poco interesado en política, en tanto hay solo un ínfimo porcentaje –tal vez no mayor al uno a dos por ciento– que realmente se interesa por los programas y eventualmente emite su voto con preeminencia de este fundamento.
Peor aún, hay grupos que se mueven en función de eslóganes o frases hechas –generalmente personas vinculadas a los bloques ideológicos– para justificar su opción y hasta para cerrarle el paso al otro bloque de opinión, lo que habla a las claras de que entre los desinteresados de la política y los que tienen una definición antes de cualquier elección, el volcar las elecciones hacia uno u otro lado depende de ese 10 a 15 por ciento que mueve la aguja a la hora de votar, en base a su criterio propio.
Pero más allá de esta realidad, los problemas del país deben abordarse por el partido que sea llegada la hora de gobernar, y lo que debería primar por encima de la alternancia de partidos es llevar adelante políticas de Estado en temas estratégicos vitales para el país, como es el caso de la conducción económica, porque hay leyes de la economía que no se pueden soslayar, si es que se pretende actuar con cabeza de estadista y no pensando solamente en la próxima elección.
En el tema puntual del próximo acto eleccionario, más allá de partidos e ideologías, es evidente que si se actúa con un mínimo de responsabilidad, la dirigencia política no podría promover el apoyo a la reforma constitucional sobre la seguridad social promovida por el Pit Cnt, la que de aprobarse no solo daría por tierra con cualquier programa que pretenda llevar adelante el partido que gane las elecciones este año, sino que a la vez comprometería la viabilidad del país, ante el enorme desfinanciamiento del sistema que se generaría.
Y en el supuesto, como se espera, de que esta reforma no salga aprobada, pese a la movilización de la central sindical y dirigentes de izquierda radicales y afines, hay temas a los que el próximo gobierno debe hincar el diente para que a los uruguayos nos pueda ir mejor, por encima de avatares coyunturales y superando vulnerabilidades crónicas del país.
Más allá de este período especial, todo intento más o menos bien encaminado para adecuar el gasto estatal a las posibilidades y necesidades del país ha fracasado o tenido un éxito muy parcial, incluyendo a la “madre de todas las reformas” del Estado, que anunció en su momento el expresidente Tabaré Vásquez y a quien no “se la llevaron” dentro del propio Frente Amplio, además de las gremiales del Estado y otros grupos enquistados.
El punto es que lamentablemente, cada partido o bloque ideológico, como se quiera calificar, trae su propia receta para supuestamente cambiar en la superficie, pero dejando pendientes los grandes problemas estructurales que tiene la nación, que se reflejan por ejemplo en el gravoso costo país, que repercute en la competitividad de las exportaciones, y por ende, conlleva que seamos un país caro, y que durante muchos años todo lo que tiene que ver con a la relación cambiaria, insumos, costos de energía y otros servicios, salarios, pasividades, ingresos y egresos en general, ha resultado muy difícil de modificar.
En realidad, en Uruguay somos cortoplacistas, y peor aún, con tendencia a la improvisación según vayan surgiendo los temas, atendiendo lo urgente y postergando lo importante, por así decirlo.
Por añadidura, por regla general las inversiones de riesgo lamentablemente faltan a la cita por la cultura del cortoplacismo, y la reticencia, al primar todavía en muchos sectores la cultura del Estado omnipresente. A la conjunción de gasto estatal innecesario y reticencia al riesgo, se agrega al costo país por tener que financiar el gasto del Estado, mediante impuestos que luego se traducen en el precio final, y terminamos exportando impuestos como consecuencia de nuestra ineficiencia en el Estado.
Este escenario, con algunos altibajos se mantiene invariable con el paso de los años, con períodos más acentuados que otros, y las “propuestas” electorales que se manejan, más allá de las burbujas y la espuma con que se pretende disimular la sustancia, indica que cabe esperar poco y nada de cambios en el panorama estructural, que es donde realmente debe cambiarse la pisada para que una y otra vez no nos encontremos con los mismos problemas pendientes, pese a las promesas electorales.