En Paysandú, la creciente preocupación por los anegamientos y el desarrollo urbano desordenado ha puesto en el centro del debate la responsabilidad de la Intendencia y de los profesionales a cargo de proyectos de construcción. Con un mapa de riesgo que data de hace más de cinco años y un plan urbano aprobado en 2018, la ciudad enfrenta retos que requieren tanto la actualización de las normativas como una mayor rigurosidad en su aplicación. En este contexto, surge una pregunta: ¿Quién es responsable de los problemas que afectan a la comunidad y cómo se puede mejorar la situación?
El plan de ordenamiento territorial de la ciudad, aprobado en 2018 y con ligeras modificaciones en 2019, establece las bases para la planificación urbana por un período de diez años. Esta planificación, sin embargo, nació con ciertos desfasajes debido a que su elaboración tomó tanto tiempo que, para cuando fue aprobado, ya había aspectos que requerían actualización.
“El tema es que este plan en particular tuvo mucho tiempo de estudio, entonces, cuando se aprobó ya salió con algunas cosas que había que actualizar; inmediatamente, se empezaron a ver cosas que no estaban del todo resueltas o atendidas. Este plan salió medio mal aparejado, medio retrasado”, dijeron a EL TELEGRAFO Horacio Mársico, director general de Obras, y Karina del Palacio, directora de Planeamiento Urbano.
El mapa de riesgo identifica las zonas vulnerables a los anegamientos, especialmente aquellas afectadas por escurrimientos pluviales. No obstante, este mapa al tener datos obsoletos al momento de su aprobación, no incluye áreas suburbanas que también se encuentran con complicaciones.
“Se definen líneas para un tratamiento diferente en cuanto a la edificabilidad. En realidad, se detectan problemas graves o grandes. Pero hay otras cosas que no están en el mapa de riesgo”, dijeron. “Lo que ha pasado en este último tiempo con las grandes lluvias, es que generaron más cosas de lo que puede detectarse en el mapa de riesgo. Porque no es dinámico, porque es algo que se hace en base a una información”.
La cadena de responsabilidades
La construcción en zonas de riesgo y la aprobación de nuevos fraccionamientos no son decisiones que recaen exclusivamente en la Intendencia. Los proyectistas y profesionales involucrados en la elaboración de proyectos también tienen una cuota de responsabilidad. Al presentar una iniciativa, estos profesionales deben asegurar que cumplen con las normativas vigentes y, en algunos casos, se requiere un informe adicional de un ingeniero hidráulico para garantizar que las obras no agraven los problemas de escurrimiento.
Sin embargo, la realidad demuestra que muchas veces las normas no son suficientes para prever todos los problemas, y las oficinas técnicas deben intervenir para solucionar situaciones que podrían haberse evitado con una planificación más rigurosa. “El problema lo generó la propia institución cuando pudo prevenirlo”, comentaron Mársico y Del Palacio.
Esto refleja un problema estructural que va más allá de la normativa: la necesidad de mejorar los mecanismos de control y de exigir mayores garantías a los profesionales involucrados.
“Quien presenta el proyecto de ese fraccionamiento, por ejemplo, es un profesional. El profesional presenta y dice, vengo a hacer esto. Quien está controlando no sale a medir lo que pidió el profesional porque cree en su firma. Entonces, o se pide más información porque puede haber alguna situación o se aprueba lo que el profesional presentó”, añadieron.
“Es como pasa cuando vienen con un proyecto de una vivienda. Viene un arquitecto y presenta su proyecto. El que está aquí lo que hace es controlar si lo que presentó está en orden con las normas. Pero no si es la mejor manera de construir esa casa o si es la más barata. Acepta el proyecto que ese otro profesional trajo. No sale a chequear a ver si el muro es el que tiene que poner o no, porque acepta ese proyecto. Se controla lo que pide la norma, pero no se sale a competir con ese proyecto”, explicaron.
Mársico subrayó que, al principio de esta administración, comenzaron a exigir “un profesional más. Porque a veces le decimos que haya un informe de un ingeniero. Lo que pasa es que a veces son temas que superan lo que nosotros podemos controlar”.
Y se explayó: “En la mayoría de los casos no vienen bien las cosas. O sea, las normas existentes claras no se cumplen. Entonces van y vienen, van y vienen. Y en esas idas y vueltas nosotros no podemos priorizar al que se equivoca y vuelve. Hay muchos trámites acá. Vuelve a la cola. Es lógico. A veces el cliente tiene que esperar un poco más debido a que el profesional que eligió no cumple con todo. Pero yo mismo trato de no sacarlos rápidamente porque me generan problemas en la ciudad. Me generan problemas en la zona suburbana, sobre todo. Por tanto, llegamos a negociar con quienes presentan los trámites. Con el propietario del terreno, el que hace el negocio del fraccionamiento. Para ver si tenemos más posibilidades de hacer de que el propio fraccionador sea quien haga la vía de acceso”.
Las cooperativas y la ANV
Las cooperativas y las viviendas de interés social, promovidas por la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) también juegan un papel importante en la planificación urbana de Paysandú. Estas, aunque exoneradas de algunas exigencias, como la obligatoriedad de estacionamientos, deben cumplir con las demás normativas y presentar informes técnicos que avalen la viabilidad de sus proyectos.
De cualquier modo, la gestión de estos proyectos no siempre resulta fácil, y la Intendencia debe garantizar que se cumplan las normativas para evitar problemas futuros.
“En general ellos tienen un equipo técnico y deben traer un informe del profesional que corresponda. Se evalúa de la misma manera como si fuera una cooperativa. Las viviendas de interés social tienen algunas exoneraciones, pero eso no quita de que deban cumplir con las normas”, aseveraron los jerarcas.
Crecimiento desordenado
El crecimiento urbano de Paysandú se ha intensificado hacia el norte, especialmente después de la ampliación de los servicios de OSE en esa zona. Sin embargo, este crecimiento desordenado ha generado nuevos desafíos para la ciudad. Las urbanizaciones en áreas suburbanas, donde los servicios de saneamiento son deficientes o inexistentes, han provocado que la Intendencia deba ser más rigurosa en la aplicación de las normas.
“Hay que ponerle sensatez al tema del crecimiento de la ciudad”, afirmaron Mársico y Del Palacio. Esto implica no solo aplicar las normas vigentes, sino también hacer estudios profundos antes de aprobar nuevos proyectos. “Tenemos sectores de la ciudad, en la zona urbana, que tienen todos los servicios. Y a ellos hay que apuntar”, mencionaron.
“La línea de saneamiento podemos decir que está en Estefanell. Un poquito más en algún caso. De ahí para allá todo el problema está en los saneamientos individuales que llevan barométrica, y no das abasto con los servicios. Entonces, la norma no es lo suficientemente fuerte como para solucionar los problemas de fondo”, enfatizó Mársico.
