Un repaso a las noticias de cada semana bastan para identificar que no son pocos los desafíos ambientales que enfrentamos en la actualidad. La existencia, desde hace varios años en nuestro país, de normativa de protección del ambiente coexiste con una serie de situaciones que pueden resultar desventajosas o nocivas para los recursos naturales y las limitadas posibilidades de control preventivo por los organismos correspondientes.
Los reiterados derrames de productos con potencial contaminante de la planta de celulosa de la multinacional UPM, la polémica suscitada por el uso de recursos naturales –en particular el agua– por la empresa que planea producir hidrógeno verde en Paysandú, los reclamos de la Asociación Rural del Uruguay ante la posibilidad de adopción de medidas para proteger los pastizales, son claros ejemplos de algunas controversias recientes que involucran distintas visiones e intereses sobre los recursos naturales y su uso. Las recientes declaraciones del intendente de Maldonado, Enrique Antía, tras el ingreso de Isla e Islote de Lobos al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), pueden señalarse como otro ejemplo.
La construcción de un atracadero de lanchas en Isla de Lobos para que los turistas recorrieran la isla que aspiraba a llevar adelante el intendente, no podrá realizarse dado que ha quedado prohibido el desembarque o descenso de visitantes con fines de recreación o turismo en la isla así como la posibilidad de realizar nuevas urbanizaciones e infraestructuras, la instalación de nuevos tendidos de cables submarinos y parques eólicos, entre otros puntos. Antía consideró como “una lástima” este ingreso al SNAP y según declaraciones publicadas en La Diaria sostuvo que el decreto del gobierno nacional “es una reacción a los conservacionistas y ambientalistas” y que si bien “protegieron, nadie va a disfrutar la protección, solo los animales”.
Aunque cada lector puede interpretar por sí mismo las palabras del jerarca nacionalista y su visión de la labor ambiental y la protección de un ecosistema que es hogar de una gran diversidad de vida marina, incluidas dos especies prioritarias para la conservación en Uruguay (el lobo fino sudamericano y el león marino) –además de ser punto de descanso para elefantes marinos y la foca de Weddell, así como un área crucial para la migración de la ballena franca austral y hábitat de diversas especies de delfines, orcas y tortugas marinas– resultan un claro ejemplo de conflicto de intereses antes señalados.
Respecto a las áreas de biodiversidad cuya protección ha sido priorizada, es importante señalar que el Estado y la sociedad civil han trabajado en forma sostenida desde hace mucho tiempo para crear un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), el cual fue creado por ley en el año 2000 –luego que fuera discutido durante dos legislaturas– y reglamentado en 2005. Son 19 las áreas protegidas existentes en la actualidad, que suman 340.209 hectáreas, de las cuales 235.135 hectáreas son superficie terrestre y el resto superficie marina y del Río de la Plata. No obstante, esto representa apenas el 1,7% del territorio nacional, por lo que desde la perspectiva de la protección ambiental resulta clave incorporar una mayor superficie.
Respecto al campo natural, está comprobado que ha disminuido drásticamente si se considera su evolución histórica y que –al igual que en todo el mundo– la expansión de las áreas de cultivo suele ser a expensas del campo natural, el cual (aunque a menudo es un hecho desconocido por la mayor parte de la población) es un recurso muy valioso para la producción agropecuaria y un elemento fundamental para la conservación de la biodiversidad, la calidad de los cursos de agua, la retención de carbono y la mitigación del cambio climático, además de ser grandes reservorios de biodiversidad, hábitat de una gran diversidad de animales, plantas y microorganismos.
Sin embargo, también aquí la conciliación de intereses es compleja, como también quedó recientemente de manifiesto cuando la Asociación Rural del Uruguay expresó su oposición para proteger el sistema de campo natural del país, exhibiendo una fractura entre el gobierno y los productores asociados en dicha gremial.
La propuesta normativa –que declara de interés nacional la conservación y preservación del sistema de pastizales y crea el Fondo de los Pastizales para financiar “proyectos de investigación-extensión sobre campo natural, la asistencia a la formulación y concreción de planes de uso y manejo con fines de conservación y preservación de aquellas áreas determinadas como prioritarias”– fue elaborada por la Asociación de Ganaderos de Pastizal, que integra el exministro de Ganadería Carlos Uriarte, y cuenta con apoyo del Ministerio de Medio Ambiente.
En la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Diputados, el presidente de la ARU, ingeniero agrónomo Patricio Cortabarría, leyó una carta en la que esta gremial agropecuaria afirma que la iniciativa “se basa en percepciones personales de impacto sin considerar datos concretos sobre evolución de las áreas de campo natural”. Dijo que “no se plantea un estudio socioeconómico serio de lo que implicaría para el productor rural y el resto de la sociedad” y que “estos cambios regulatorios van en detrimento de la imagen seria y confiable del país”.
Desde el Departamento de Protección a la Biodiversidad del Ministerio de Ambiente se afirma, en tanto, que si se compara la dinámica de amenaza que recibe el campo natural con la dinámica de protección, “se desprende que por cada hectárea incorporada bajo protección del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, concebido como una de las herramientas principales de conservación que tiene el Ministerio de Ambiente, otras 20 fueron convertidas a la agricultura en ese período”. Por esta razón, apoya las medidas de conservación y admite que es necesaria “una estrategia que requiere un nuevo tipo de regulaciones”.
Más allá de estos ejemplos puntuales, que revelan la complejidad de estos temas, no es descabellado pensar que nuestro país continuará enfrentando cada vez más importantes presiones y desafíos en relación a la calidad ambiental vinculados directamente con el cambio climático, la calidad de aguas, la pérdida de bidiodiversidad, la pérdida de pastizales y monte nativo y la erosión de los suelos, entre otros. Sería importante no olvidar que la biodiversidad es la base que sustenta la vida y que por grandes que sean los beneficios económicos de determinadas actividades, la vida no tiene precio.
Empezar a hablar de cómo inciden los pastos en nuestros ambientes y economía o por qué el monte nativo es hábitat de flora y fauna pero también protege los suelos y cumple un rol fundamental en el mantenimiento de la calidad del agua, contribuyendo con la fijación de carbono y la reducción del riesgo de inundación o por qué es necesario brindar protección a determinadas especies y los ecosistemas que habitan, no solo revelará conexiones no siempre evidentes sino que –quizá– nos permita enfrentar mejor problemas actuales y futuros.