El presidente que se va
Visto desde fuera, Uruguay siempre ha dado la impresión de que, gane quien gane, no pasa nada. A diferencia de otros países de la región, el caso uruguayo no genera sorpresas. Más allá de la intensidad de las polémicas internas, los distintos lemas distribuían listas en las esquinas durante la campaña, y esas acciones no abundan en las democracias del mundo.
En medio del fervor de los eslóganes y jingles pegadizos, los candidatos hablaban. Mientras Yamandú Orsi afirmaba en las entrevistas que en un gobierno del Frente Amplio “no habrá un cambio sustancial” en materia de política económica, su entorno agitaba la catástrofe.
En el ciclo de desayunos organizado por Búsqueda antes de las internas –y cuando aún daba entrevistas– el frenteamplista decía que “en este país a nadie se le ocurre poner en riesgo la estabilidad macroeconómica” y “la baja inflación hay que mantenerla”. Pero el presidente de su fuerza política aseguraba que el actual gobierno se va bajo un manto de “fracaso”.
Y en medio de este escenario, hay que tener en cuenta que tampoco el presidente que se va, Luis Lacalle Pou, resolvió un viraje importante en las decisiones macroeconómicas correspondientes a los tres períodos anteriores. Pero en su visión coalicionista, hubo candidatos que basaron su campaña en lo “nuevo” que se venía si se confirmaba la continuidad multicolor.
Tampoco era una sorpresa que los candidatos con posibilidades de pasar al balotaje desaprobaran la estrella de la campaña electoral, es decir, la propuesta de reforma de la seguridad social, que se llevó el protagonismo por encima del sistema de partidos.
Cualquier candidato en Uruguay lo sabe: las reformas radicales no cuentan con una rápida absorción en la población porque es un país con transiciones lentas y con matices, tal como fue la discusión entre los candidatos.
En Uruguay, los presidentes no repiten su mandato ni se transforma la Constitución de la República a la fuerza para que ello suceda, como ya ocurrió en El Salvador o Venezuela.
Todo esto sucede mientras el presidente pasea, almuerza, se toma selfies o asiste a inauguraciones de obras sin un gran despliegue de seguridad. Incluso mientras la economía uruguaya crece a veces por encima y otras por debajo de otros países de la región, pero sin sobresaltos. Es decir, sin sorpresas.
Y como “en este país a nadie se le ocurre poner en riesgo la estabilidad macroeconómica”, tal como dijo Orsi, no hay manera de proponer cambios radicales.
Sin embargo, mientras una parte de la población reclama por falta de propuestas para reducir la criminalidad y la violencia atribuida a la expansión del narcotráfico, hay otra que considera la existencia de propuestas que deben aplicarse como política de Estado, en vez de ser un botín electoral. Porque la inseguridad ciudadana fue la base de los argumentos durante las campañas electorales en el último decenio y ocupó la primera plana debido a que los referentes políticos invirtieron mucho tiempo en pasarse factura. Algo similar ocurrió con la pobreza infantil y con la reforma del Estado, que todos prometen, aunque en la intimidad de los micrófonos apagados reconocen las dificultades para su instrumentación.
Por eso, la propuesta de los cambios estructurales estuvo fuera de la campaña, ya que la idiosincrasia uruguaya en la política no se anima. El presidente que se va, finaliza su mandato con una alta popularidad que no logró capitalizar su candidato oficialista, Álvaro Delgado, a pesar de garantizar “la continuidad” o “un segundo piso de transformaciones”, tal como lo aseguró durante la campaña electoral. La elección de su candidata a la vicepresidencia fue una jugada arriesgada y se reflejó en los resultados de todas las encuestas.
Por otro lado, el reconocimiento al gran desafío que implica enfrentar la violencia del narcotráfico se puso de manifiesto hace unos días, cuando el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, anunció –luego de un largo tiempo de gestiones– la asignación de un representante de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en Buenos Aires para apoyar a Uruguay.
La mayor cantidad de cocaína que pasa por el país sigue su destino a Europa y, con la excepción de España, no hay presencia policial europea permanente en Montevideo. De alguna manera se reconoce, entonces, que Uruguay libra una batalla en solitario, mientras se observa la extensión del narcotráfico en el continente, al menos en los últimos diez años.
Por eso, es irrefutable que el narcotráfico ha ganado terreno. Pero esto no ocurrió únicamente en este período de gobierno que finalizará dentro de cuatro meses, sino que corresponde a un período más largo e involucra a los anteriores mandatos, cuando la presencia de la DEA en el país era observada con desconfianza.
Creer que el narcotráfico se fue involucrando en el entramado social hasta ganar espacios en los barrios recientemente es no comprender la lógica de su funcionamiento. O tomar el tema como botín electoral para que funcione durante las campañas.
No hace mucho tiempo que el país adquirió tres escáneres para inspeccionar el 80% de la mercadería que pasa por los contenedores en el puerto de Montevideo. Mientras tanto, el daño ya se había hecho. Las bandas explotaron las debilidades jurídicas y legales del sistema uruguayo.
El próximo gobierno necesita un cambio de discurso y evitar echar culpas al anterior, tal como ocurrió en el presente quinquenio. → Leer más
