El biólogo Diego Varela realizó un análisis del documento presentado por el gobierno en el proceso de la integración al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SNAP, del área Islas del Queguay. Varela integró el equipo que elaboró el proyecto original para la creación de un área protegida en las islas de la desembocadura del río Queguay en el Uruguay, elevado en junio de 2018. Ambos proyectos presentan diferencias sustanciales: el actual agrega otras islas que el original no consideraba, pero excluye otros territorios que formaban parte de la idea primaria.
“No me opongo al proyecto actual de Área Protegida, sino que lo considero insuficiente desde el punto de vista de la conservación a largo plazo, que es el que más interesa”, resumió el experto en diálogo con EL TELEGRAFO.
SIN EXPLICACIONES
Durante la conversación Varela expuso su punto de vista acerca de los cambios entre el primer proyecto y el que se puso a consideración en el marco del proceso que llevará a la realización de una audiencia pública en el corto plazo.
“Lo que llama la atención es que se utiliza el material procedente del proyecto que se elevó, se lo utiliza y se lo utiliza mucho, pero se le recorta sin explicaciones de la superficie original una cantidad muy importante”, dijo. Por otra parte señaló una serie de “incoherencias”, como por ejemplo que en la exposición se señale que “en el área natural se encuentra la extensión de bosque fluvial más extenso de la costa uruguaya; eso es cierto si se toma la extensión original propuesta; si se toma la extensión del proyecto actual, eso ya no es cierto”, afirmó.
Del mismo modo encuentra inexplicables las razones por las cuales se incluyeron algunas islas, pero se retiró del proyecto una en particular. “Resulta un poco incoherente que se incluya en el proyecto a la isla Almirón, que no estaba en la propuesta original. No me parece mal, me parece bien. Se incluye a las islas Mellizas que no estaban en la propuesta original, me parece bien. Pero se excluye a la isla Chica del San Francisco”. Para esta decisión no hay un criterio claro, afirma. “Por la vegetación, de ningún modo. Por la superficie, bueno sí, la de Almirón es de mayor tamaño, pero fíjese que la San Miguel, que está incluida, tiene una superficie de dos hectáreas aproximadamente, la San Francisco Chica tiene catorce”. Lo mismo ocurre con las islas Mellizas, que “son dos islas paralelas, muy estrechas, muy alargadas, pero que tienen una longitud de un kilómetro aproximadamente y en los sitios de mayor anchura llegan a los cien metros, es decir que no superan las diez hectáreas. Quiere decir que por extensión no es. Entonces uno se pregunta por qué es que se excluye precisamente la San Francisco chica. Son cosas un poco arbitrarias”.
Para Varela una posible razón para esta exclusión es que próximo a la isla San Francisco chica pasa el proyectado colector industrial de la planta de la empresa HIF Global. “Pasa a unos 25 metros de la San Francisco Chica, o sea, es muy poca distancia. Puede haber un mapa que no sea muy precisamente dibujado y que entonces las distancias no sean de 25 metros, que esté un poco más lejos o un poco más cerca, pero sea como sea pasa muy cerca de esa isla”.
DISTANCIAS
Señala Varela que la ubicación de planta de HIF Global está prevista en línea recta desde el límite sur del área propuesta. “Son alrededor de 3,5 kilómetros. La distancia del límite oeste de la planta al extremo sur de la isla del Queguay grande, está entre 1,5 y 1,7 kilómetros, y la distancia a la isleta San Miguel, que está frente al extremo sur de la Queguay grande, pegada a la costa uruguaya, desde el borde oeste de la planta, es de 0,95, o sea 950 metros”, indicó. “Desde la costa son 150 metros. Esta isla tiene dos hectáreas de superficie, es un poco más chica que la de San Francisco y está incluida, se la protege”.
USOS
Del mismo modo, el experto marcó una serie de “incoherencias” entre las limitaciones de uso previstas en el proyecto y la ubicación prevista para la planta de la empresa HIF. “En el numeral 9 de la propuesta actual están las Condiciones de uso, donde dice que se prohibirán usos incompatibles con los valores de conservación del área, así como sus valores paisajísticos y/o por generar barreras para la biodiversidad, fragmentación de ecosistemas y pérdida de conectividad del paisaje”, y realizó un repaso de lo contenido en estas disposiciones. “En el numeral 9.2 dice que ‘la ejecución de construcciones, salvo aquellas contempladas expresamente en el plan de manejo, o hasta tanto se apruebe el plan, que cuenten con la autorización del Ministerio de Ambiente’. Yo acá la primera salvedad que tengo que hacer es que la HIF es una megaestructura de 180 hectáreas”, planteó. Del mismo modo, se prohíbe “la ejecución de obras de infraestructura que alteren el paisaje o las características ambientales paisajísticas o ecosistémicas del área. Simplemente por superficie ya se da cuenta que eso está violando esto. Por más que no esté dentro dentro del área protegida, se ve que las distancias no son suficientes”, dijo.
Respecto a las alteraciones paisajísticas Varela recordó que el proyecto industrial prevé “instalar tres chimeneas y cuatro antorchas de más de treinta metros”.
PELIGROSAMENTE
Para Varela, por más que el emprendimiento industrial está excluido, quedó fuera del área protegida, “las distancias tanto hacia el límite sur continental cómo hacia las islas, hacia la isla grande del Queguay y hacia la isleta San Miguel, son peligrosamente chicas”.
Por otra parte agregó que en el numeral 6 dice que se dicta la prohibición “de la introducción de especies alóctonas –especies invasoras– de flora y fauna silvestre; el tránsito pesado durante la construcción y luego durante el funcionamiento de la planta conlleva de por sí el arrastre de especies alóctonas, se quiera o no se quiera. Es difícil controlar eso, por más que eso se prevé y se plantean medidas de mitigación”.
Por otra parte, mencionó que en el numeral diez se hace referencia a la prohibición de “la recolección, muerte, daño o provocación de molestias en la fauna nativa, incluyendo la captura en vivo y la recolección de sus huevos o cría, así como la alteración o destrucción de la vegetación nativa, salvo lo dispuesto en el plan de manejo. Hasta la aprobación del mismo, requerirán autorización de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, o quien éste disponga a sus efectos”. Para Varela los cambios introducidos hacen suponer que “el sur continental establece un límite administrativo que la fauna va a respetar, o sea, la fauna va a ver que ahí se terminó el área protegida y no pasará”.
PROCESO
El plazo para la recepción de consultas y apreciaciones sobre el proyecto presentado –las que se realizarán al correo electrónico participacion.snap@ambiente.gub.uy— se extiende hasta el próximo 14 de diciembre, cuando se cumplan 60 días desde la publicación. Posteriormente se llevará a cabo una audiencia pública dentro de los siguientes 30 días. La versión digital se puede descargar desde la página a la que refiere el código QR.