“Hay algo que tiene que quedar muy claro”, dijo Mariana Mazzilli, encargada de Asesoría Jurídica. “La Intendencia realizó una solicitud de información, referida al alcalde de Porvenir Ramiro Ayende, a la Dirección Nacional de Migración, ante un trámite administrativo. Este fue iniciado porque el alcalde no estaba cumpliendo funciones. Pero el hecho clave fue que el propio alcalde presentó ante la justicia un documento en el que establecía que se encontraba en Estados Unidos. Ese documento fue entregado por su representante legal, para justificar su no comparecencia a una audiencia de formalización a la que había sido convocado”.
La explicación fue formulada después que el periodista Eduardo Preve divulgara el decreto 2154/2024 firmado por la juez letrado Natalia López en que se indica que “se solicitó y brindó información personal de un ciudadano, sin la existencia de una orden judicial”, con el correspondiente remito de testimonio a fiscalía, para que determine si corresponde tomar acción.
Mazzilli dijo que “el mismo día que fue firmado ese decreto, el 14 de octubre, la Intendencia presentó duplicado de toda la documentación, explicando precisamente la pertinencia del pedido, pues era en el curso de una investigación administrativa, cuyo objetivo era determinar la acción del alcalde en referencia al cumplimiento de la labor para la cual fue electo. Eso quedó saldado”.
“En el marco de la investigación administrativa, para determinar por ejemplo la citación de un suplente que ocupe el cargo, como buen proceder jurídico, se pidió la comprobación a Migración. Se activaron un montón de procedimientos en función de la ausencia del alcalde. Para estar seguros, pedimos la información para agregarla al expediente”.
“Fue la Intendencia la que realizó el pedido ante la Dirección Nacional de Migración. No una autoridad en particular, como el Intendente, por ejemplo. Coincide que hay una causa abierta por esta autoridad y otras dos personas, en contra del alcalde. Pero no es vinculante. Precisamente, para que quedara claro que se trata de un trámite que nada tenía que ver con esa causa judicial, el pedido fue realizado por el secretario general, Fermín Farinha, en el expediente 01/0207/2024, oficio 144/2024. Cristalinamente, un procedimiento municipal como cualquier otro”, subrayó Mazzilli.
“Es un trámite habitual en estos casos. Lo que ocurre es que la casuística no es común. No recuerdo un caso similar, de un funcionario público que abandonara el país en ejercicio de su cargo, sin pedir licencia o similar. Pero el procedimiento administrativo es el mismo que se hace siempre”, destacó la encargada de Asesoría Jurídica.
“Se investigó para poder informar adecuadamente a la Junta Departamental, que controla los municipios. Así se pudo convocar a suplente y tomar determinación sobre el pago de salario. Antes de hacer eso, correspondió investigar en profundidad todo. Especialmente cuando el propio alcalde negaba públicamente que estaba fuera del país y ante la Justicia declaraba estar en Estados Unidos. Una situación compleja a la que responsablemente se le dio el trámite administrativo correspondiente”.
“Un detalle”, aclaró Mazzilli. “En la respuesta de la Dirección Nacional de Migración hay un elemento que puede llamar a confusión. Se responde a la Intendencia y a la Justicia, cuando el pedido había sido realizado solo por el gobierno departamental, en base a todo lo que expliqué. Es un error, obviamente involuntario de Migración”.
