La Justicia condenó a la Intendencia de Paysandú a entregar la información pública aun no proporcionada a la parte demandante, Mario Díaz y Federico Álvarez Petraglia, o en su defecto pagar el equivalente a cuatro Unidades Reajustables (UR) por día hábil. El monto, considerando el valor de UR en octubre, es de 6.967,20 pesos. El Juzgado Letrado de Sexto Turno establecerá una cuenta bancaria, en la cual la Intendencia deberá depositar diariamente esa cantidad, salvo que cumpla con la sentencia previa, proporcionando lo solicitado en el acceso a la información pública, para satisfacer a los demandantes.
La mitad de ese dinero –3.483,6 pesos– será para la parte demandante y la restante para un Fondo Judicial administrado por la Suprema Corte de Justicia. Así lo establece el artículo 374 del Código General del Proceso. No obstante, los demandantes informaron que el dinero que les corresponda será donada a una institución de bien público aún no seleccionada. Destacaron que no persiguen fin económico alguno. El mismo artículo determina que la parte demandada tiene tres días para impugnar la sentencia.
La decisión la tomó en la víspera la juez de sexto turno Paula Andrea Ramilo Berretta.
Implica que la Intendencia debe cumplir con lo establecido en la sentencia definitiva 32/2024 confirmada parcialmente por la sentencia 281/2024 para no pagar el monto impuesto.
La decisión judicial establece que da por “no cumplida por parte de la Intendencia Departamental de Paysandú la obligación legal impuesta”.
En consecuencia, impuso “a la parte demandada, Intendencia Departamental de Paysandú, la suma de 4 unidades reajustables diarias (por considerarlo ajustado, según el artículo 374.2 del Código General del Proceso), por cada día de retardo en el cumplimiento de lo resuelto” por las dos sentencias ya mencionadas. “Por un plazo no mayor a 45 días corridos desde su notificación”, establece la sentencia.
La Intendencia había perdido en setiembre la apelación que realizó sobre el pedido de acceso a la información pública de Díaz y Álvarez Petraglia, abarcando diferentes temas, como la construcción del hogar estudiantil universitario, la relación de la Intendencia con la Fundación A Ganar, y la gestión del vertedero municipal.
En total, se formularon más de 30 preguntas. La Intendencia entendió que ya había respondido, pero la Justicia la condenó a brindar la información requerida, excepto algunas que se dieron por suficientemente contestadas.
