La Red de Atención Primaria (RAP) de ASSE publicó en el diario oficial, con la firma de su directora, Dra. Claudia Buenaventura, una intimación para que Amparo Fernández se presente a trabajar “bajo apercibimiento de renuncia tácita”. Luego del reclamo de destitución de la citada jerarca por la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), el sindicato recordó la desparición el 29 de junio de 2019 y el posterior femicidio de Amparo Fernández.
Buenaventura aclaró que inició el trámite a solicitud del equipo jurídico notarial de ASSE central. “Hablo con el mayor de los respetos hacia la familia de Amparo. Lo que quiero decir como directora de la unidad es que cuando asumí la dirección había expedientes que hacía muchos meses estaban sin ser resueltos. Los expedientes deben seguir su curso. Por lo tanto, en este caso puntual de Amparo, personalmente fui a Montevideo a asesorarme” con los asesores legales del organismo.
Buenaventura solicitó “asesoramiento sobre la forma en que debía accionar, según lo que decía el expediente. En un primer momento, se me dice que debería mandar un telegrama colacionado y les dije que no me parecía que era un trámite que debía hacer, teniendo conocimiento de lo que había pasado con Amparo”.
La titular de la RAP informó que los asesores determinaron que “lo que había que hacer era una publicación en el diario oficial. Pero a eso no lo determiné yo. Es algo que está escrito y solicitado desde la división jurídico notarial de ASSE y esta publicación se hace para que el trámite siga su curso”.
Consultada sobre reuniones con familiares o allegados a Fernández ante inquietudes manifestadas públicamente, Buenaventura señaló que “desconozco que este trámite entorpezca otras acciones. En el momento, Amparo está como funcionaria y se me explicó que no hay una partida de defunción. Por lo tanto, sigue en el padrón de ASSE”.
La directora de la Red de Atención Primaria aclaró que “no fue un capricho ni mucho menos falta de sensibilidad. Cumplí los pasos a seguir por el expediente”.
Por otro lado, se refirió a los reclamos viralizados y recordó su vínculo con Fernández en la policlínica. “Quien publicó esto, lo sacó de contexto en las redes. Este malestar no es ajeno para mí. Yo era compañera de Amparo en la policlínica, trabajábamos juntas y además, teníamos una relación de amistad. Para mí no es nada fácil pero también entiendo que el expedinete debe seguir su curso. No puedo tener un expediente trancado y debo cumplir con la normativa”.
El expediente iniciado, según el diario oficial el 1º de noviembre, “ahora está en Montevideo y sigue su curso”.
“Desconozco si realmente entorpece a la familia y no puedo opinar sobre lo que no sé. Mientras ella sea funcionaria de ASSE, tiene su sueldo retenido y un montón de cosas a las que su familia no puede acceder porque sigue siendo funcionaria”. Buenaventura señaló también que desconoce si hay una declaración judicial de ausencia sobre Amparo Fernández.
El trámite
Fuentes legales consultadas señalaron que el régimen para constatar la falta del funcionario al trabajo lleva un procedimiento interno que es igual para todos. “Hablando en términos normales y no por este caso particular, se le envía un telegrama colacionado. Si no comparece, se publica por el diario oficial”.
En el caso de Fernández, “hay un expediente penal y los interesados, ya sea el organismo público o familiares, tienen que efectuar el procedimiento judicial de ausencia de la persona”.
En este caso, “se precisa una prueba y se pide agregar el expediente de esa persona ausente. En esta situación, se sabe que su ausencia es por femicidio”. Con este trámite, “los familiares y el organismo ASSE tendrán la declaración de ausente judicialmente para promover la baja normal de la persona del vínculo funcional”.
Esta acción se efectúa “con la finalidad de abonar los haberes pendientes a los familiares y si hubiere menores a cargo, para realizar el trámite pensionario ante el Banco de Previsión Social. Este procedimiento es tanto para los empleados públicos como privados. Claramente, aplica para ASSE con un proccedimiento asimilado por analogía”.
La fuente sugirió que “el error pudo estar en la calificación jurídica realizada. Es decir, en lugar de intimar por abandono, rendría que haberse realizado un expediente judicial de ausencia”. En el caso de Fernández, hay una sentencia firme para el responsable de su desaparición. “Seguramente haya haberes pendientes que le corresponden a sus herederos, pero acá la prueba fundamental es la declaración de ausencia, conjuntamente con el expediente penal”.
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