Cuando usted esté leyendo esto —o al menos en el momento en que se publica—, faltará todavía una semana para que asuma el gobierno que los uruguayos elegimos en las urnas a fines de noviembre. Cuando Luis Lacalle Pou coloque simbólicamente la banda presidencial, con la que llegará al acto, a su sucesor, Yamandú Orsi, habrán transcurrido nada menos que 96 días. Y eso porque hubo balotaje; de no haber sido así, el plazo habría superado los 120 días, lo que marcaría el período de transición más largo en nuestro continente. El caso más extenso hasta ahora ha sido el de México con la asunción de Claudia Sheinbaum, quien, tras su victoria electoral en primera vuelta, tuvo que esperar cuatro meses completos para comenzar a ejercer.
Estas fechas están previstas en la Constitución de la República, que en su artículo 158 dispone: “El 1 de marzo siguiente a la elección, el presidente y vicepresidente de la República tomarán posesión de sus cargos haciendo previamente, en presencia de ambas Cámaras reunidas en Asamblea General, la siguiente declaración: ‘Yo, N.N., me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República’”. El primero en hacerlo de esta manera fue el segundo presidente de nuestro país, Manuel Oribe, y en líneas generales la fecha se ha respetado, salvo algunas excepciones producto de circunstancias del momento.
Cabe preguntarse si estos plazos, determinados en 1830 —hace casi 200 años—, se ajustan a los vértigos del mundo actual. ¿Qué pasa en otros Estados? ¿Se lo toman, acaso, con la misma tranquilidad que nosotros?

En la web de Celag (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica), entidad que estudia la realidad política y económica de la región, se publicó un comparativo entre los plazos que demanda el traspaso del mando en diferentes países, elaborado por la analista Bahía Luna. Las fechas, en cada caso, están determinadas por coincidencias con momentos simbólicos o episodios históricamente relevantes. En Argentina, por ejemplo, se mantiene la fecha del 10 de diciembre, en recuerdo de la histórica asunción de Ricardo Alfonsín en 1983, que marcó el regreso a la democracia luego del gobierno de facto ejercido por los militares.

“Además, la fecha se corresponde con el Día Internacional de los Derechos Humanos, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948”, explica el informe. Todo un simbolismo. Sin embargo, eso implica que entre la segunda vuelta electoral —que se realiza el tercer domingo de noviembre— y esa jornada simbólica transcurran apenas 20 días. Es, junto con Bolivia, el período de transición más corto de Sudamérica. Estamos hablando del gobierno de un país de más de 46 millones de habitantes, que además es una federación y que, simultáneamente, renueva autoridades en varias provincias. En menos de un mes, hay que limpiar despachos, descolgar cuadros, transferir contraseñas de Wi-Fi, conversar —o no— sobre lo necesario y dejar el lugar a quienes vienen después. Mientras tanto, en Uruguay, durante este período se disputaron las últimas fechas del Torneo Clausura, los futbolistas tuvieron su licencia anual, se desarrolló el período de pases, se jugaron tres clásicos, ya fue eliminado el primer equipo uruguayo de la Copa Libertadores y el Racing Club de Montevideo cambió dos veces de director técnico. El artículo de Luna señala que “Brasil suele llevar adelante la primera vuelta electoral el primer domingo de octubre y la segunda al finalizar el mismo mes. La investidura presidencial en este país es el 1 de enero, según lo determinado por la Constitución de 1988”. En total, pasaron 62 días. En Brasil. Con 211 millones de habitantes, 26 estados y un distrito federal. En Colombia, los presidentes asumen el 7 de agosto, una fecha con correlato histórico, ya que ese día se conmemora la Batalla de Boyacá. La primera vuelta suele realizarse a fines de mayo y, si hay balotaje, se celebra a mediados de junio. Son 48 días. En Chile, la primera vuelta electoral se lleva a cabo a mediados de noviembre y, si hay segunda, en diciembre. El nuevo presidente toma el mando el 11 de marzo del año siguiente a las elecciones, según establece la Constitución de 1980.

Para hacerse una idea, cuando Orsi fue electo, Gustavo Basso aún era un prestigioso empresario del sector ganadero, socio de Conexión Ganadera —una firma con 25 años de trayectoria—, y todavía no había anunciado su participación en una solución para rescatar a República Ganadera, otra empresa del sector que, por esos días, había entrado en concurso de acreedores.

Desde entonces, hemos tenido anuncios de titulares de ministerios, conferencias de prensa, presentaciones de equipos en X, salutaciones varias, asunciones en el Senado y la Cámara de Diputados de jerarcas que integrarán el próximo gobierno, peleas mediáticas, cruces en redes sociales, intercambios públicos de apreciaciones, discusiones sobre los artistas que estarán en los festejos del cambio de mando, invitaciones que sí y que no. La sensación es que el tiempo ha alcanzado y ha sobrado.

Pero claro, para nadie es sorpresa que modificar la Constitución de la República es un trámite pesado. Y ojo, no está mal que así sea, porque en ella están las bases del contrato que nos une como Estado. Es tan difícil que, indefectiblemente, en cada elección nacional, junto a los futuros gobernantes, terminamos eligiendo si apoyar o no algún intento de reforma, y son muy pocos los que se aprueban.
Sin embargo, habría que considerar la posibilidad de revisar estos plazos la próxima vez que se discuta una reforma. Lo mismo podría ocurrir con las intendencias, para evitar este limbo de seis meses que deben tomarse, de manera obligatoria, los intendentes que pueden ser reelectos pero que, para ello, deben apartarse de su cargo. Eso, por ejemplo, en Estados Unidos ni siquiera se le exige al presidente. Y, de paso, podríamos también revisar el plazo entre las elecciones internas, nacionales y municipales, para agilizar un poco todo el ciclo electoral.