(El País)
Los abogados de un grupo de ahorristas damnificados por la empresa Conexión Ganadera solicitaron a la Justicia que embargue a la viuda y a las dos hijas de Gustavo Basso, cofundador de la firma.
Basso falleció en octubre pasado en un accidente de tránsito cuya dilucidación todavía no está clara. Poco después, se produjo la debacle del fideicomiso ganadero, que reveló un “agujero” de cientos de millones de dólares.
El estudio Brum & Costa Abogados presentó un documento en el que se argumenta que seis días después de la muerte de Basso, su viuda Daniela Cabral y las hijas de esta con el fallecido solicitaron la apertura de la sucesión. Diez días más tarde, pidieron “de forma urgente y con carácter cautelar la designación de Cabral como administradora de la herencia, con facultades expresas de disposición de bienes”.
Además de heredera del patrimonio de su esposo, Cabral es formalmente integrante de la compañía, cuya intervención judicial fue decretada este jueves.
De acuerdo con el informe, el juzgado donde se inició la sucesión les pidió acreditar la necesidad de que Cabral pudiera realizar “actos de disposición” ya que, en principio, el administrador debe “realizar exclusivamente actos tendientes a la conservación y mantenimiento del acervo sucesorio”.
No obstante, las tres mujeres insistieron en el pedido, alegando que les era “imperioso contar con la designación de la administración de la herencia peticionada”. El juzgado floridense en el que se presentó esta petición no la aceptó. Sin embargo, para los abogados de los damnificados esa urgencia en obtener el manejo del patrimonio “demuestra la clara intención de Daniela Cabral así como de las herederas de Gustavo Basso de distraer los bienes del patrimonio del fallecido, previendo claramente todos los sucesos que acontecieron con posterioridad y que a la fecha están transcurriendo”.
Desde la parte demandante se recuerda que Gustavo Basso, Pablo Carrasco y sus respectivas esposas administraron “históricamente” a Conexión Ganadera, fundada en 2002. Por esa razón, Cabral “estaba en perfecto conocimiento de la situación deficitaria de la empresa” y su pedido a la Justicia de Concurso tenía como fin “disponer del patrimonio” de Basso antes de que saliera a la luz la situación de la empresa.
REPRESENTANTE DEL TESTIGO DE LA CAUSA PENADÉS SE PRESENTÓ ANTE LA JUSTICIA
(TV Ciudad)
Un representante del expolicía Federico Rodríguez presentó un escrito ante el juzgado de Ejecución para brindar un nuevo domicilio. El representante planteó que la ausencia de Rodríguez estaba vinculada a la amenaza en su contra que surgió de una conversación entre el exdirector del Comcar Carlos Taroco y otra persona privada de libertad.
Durante la audiencia del miércoles en la que se discutió la prórroga de la prisión preventiva para el exsenador Gustavo Penadés y el profesor de Historia Sebastián Mauvezin, la fiscal de Delitos Sexuales de 3° turno informó la desaparición de Federico Rodríguez, el expolicía que había iniciado con Taroco la investigación parapolicial para encontrar vínculos entre las víctimas del exlegislador y fortalecer la hipótesis de una trama política en su contra.
Rodríguez fue condenado el 19 de diciembre de 2023 por un delito de cohecho agravado y asociación para delinquir, y estaba cumpliendo una pena en régimen de libertad a prueba que implicaba presentarse en la seccional más cercana a su domicilio, medida que fue incumplida.
La fiscalía no lo pudo encontrar ni en los dos celulares ni en el domicilio que estableció ante las autoridades, por lo que inició una búsqueda con los equipos de Delitos Complejos y Asuntos Internos que tampoco dio resultado.
FEMICIDA DE BÁRBARA PRIETO CONDENADO PENA MÁXIMA PERMITIDA EN URUGUAY
(LA DIARIA)
Bárbara Prieto fue violada y asesinada en Rivera en abril del año pasado. Se dirigía a donde estudiaba, el Instituto de Formación Docente, cuando un hombre la interceptó y la obligó a ir a un terreno baldío detrás del shopping Melancia. El agresor, Anderson Isaías Sosa Escotto, fue detenido e imputado por el crimen.
El juicio oral de este caso comenzó en diciembre. La Fiscalía de Rivera de tercer turno, a cargo de la fiscal Alejandra Domínguez, investigó el caso. Este viernes el juicio concluyó con la condena máxima para el agresor, que tenía 20 años cuando cometió el crimen. Se obtuvo una condena de 30 años de penitenciaría, y entre cinco y 15 años de medidas de seguridad eliminativas, que es el máximo que establece el ordenamiento jurídico en Uruguay.
El agresor fue condenado por homicidio muy especialmente agravado por femicidio y por haberse cometido con graves sevicias –porque el cuerpo de la víctima presentó varias heridas de arma blanca que reflejan la crueldad con la que fue asesinada–. Además, se comprobó que el femicidio se concretó porque la víctima fue agredida sexualmente antes de ser asesinada.
