Hay una realidad que rompe los ojos en todo el país y en nuestra ciudad también: el notorio incremento del número de personas que viven en la calle, ocupando espacios públicos (plazas, parques, veredas, entrada de oficinas públicas, etcétera), donde duermen y hacen sus necesidades a la vista de todos los transeúntes, quienes tienen que caminar esquivando a estos nuevos “dueños de la calle” o a sus heces, según el caso. A esto hay que sumarle a personas teniendo sexo al aire libre, así como peleas y gritos a cualquier hora del día o de la noche, las cuales incluyen botellas rotas y resto de basura dispersos por la vía pública. En muchos casos, esas personas que viven en la calle son adictas a las drogas, fueron liberadas de la cárcel o sufren deterioros de salud mental.
Si bien el problema de las personas que viven en la calle es de larga data, nadie puede negar que, en los últimos cinco años, durante el gobierno nacional y departamental del Partido Nacional, el aumento de esa dolorosa realidad ha crecido notoriamente, incluyendo a nuestra ciudad. En distintos puntos de la ciudad como el Rincón Infantil, algunas plazas y el Parque Guyunusa, aquellos que eufemísticamente son denominados “personas en situación de calle” han tomado el control de todas sus instalaciones, alejando a los vecinos de la zona, que ya han dado por perdidos lugares que deberían ser para el descanso y esparcimiento de todos.
En el año 2018, la entonces ministra de Desarrollo Social (Mides) Marina Arismendi, consultada por el creciente número de personas que vivían en la calle en ese momento dijo que eran más o menos 500. Al año siguiente, cuando el entonces diputado nacionalista Federico Casaretto solicitó información referente a cantidad de personas en situación de calle en todo el país, el Mides contestó en el año 2019 que exclusivamente en el departamento de Montevideo había 2.038 personas en situación de calle, de las cuales 995 se encontraban en centros o refugios, mientras que las restantes 1.043 pernoctaron a la intemperie esa noche (9 de abril de 2019), diferenciando el número de personas que pernoctan a la intemperie y las que lo hacen en centros o refugios. O sea: del año 2018 al año 2019 el número de personas viviendo en la calle aumentó más de un 100%. Como si fuera poco, interrogado sobre cuántas personas tiene registrada esa secretaría de Estado, que subsisten gracias a productos obtenidos de contenedores de basura, el Mides respondió que “no maneja esta información requerida”. Una tomadura de pelo.
Hasta el entonces intendente de Montevideo, Daniel Martínez, en el año 2018 le envió al presidente Tabaré Vázquez una carta expresando su preocupación por la cantidad de personas en situación de calle. Marina Arismendi fue consultada sobre la situación denunciada por Martínez, pero no quiso contestar. Es la misma ministra que culpó a los sillones que la gente abandonaba en la calle junto a los contenedores, porque creaban “miniasentamientos”. A pesar de ese tipo de declaraciones, el premio al ridículo (o al cinismo) se lo llevó la sanducera Fabiana Goyeneche (la misma de los “colibríes”) cuando respondió en el año 2018 que las personas en situación de calle “tienen derecho” a estar ahí. Lo cierto es que, según lo informado por el periódico La Diaria, “la cantidad de personas durmiendo a la intemperie aumentó 88% entre 2016 y 2019 en Montevideo”. Según los datos de Pastoral Social de la Iglesia Católica de Montevideo (ICM), en el año 2024 unas 3.000 personas se encontraban en situación de calle en la capital del país. Según el Montevideo Portal, el párroco de del templo de Punta Carretas, Daniel Kerber “transmite una sensación de mayor gravedad respecto a años anteriores. En ese sentido, asegura que la cantidad de gente que se ve durmiendo en las calles es mucho mayor, y que el cambio del año 2023 a 2024 es significativo”. Por su parte, Fiorella Ciapessoni, docente del Departamento de Sociología y de la Unidad de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales (UdelaR) y doctora en Política Social y Trabajo Social, destacó en un evento llevado a cabo el año pasado que en el 2023 se registraron más de 5.000 personas sin hogar, en refugios, intemperie y otras respuestas institucionales de mediana, cota o larga estadía, registrándose en los últimos 18 años un aumento de 272 %.
Es importante tener en cuenta que el Mides debe, entre otros objetivos, “promover la inclusión social y el efectivo ejercicio de derechos de personas y colectivos en situaciones de especial vulneración de derechos y exposición a riesgos, mitigando las vulneraciones y promoviendo trayectorias de inclusión social sostenibles. Asimismo, le corresponde “brindar respuestas, sin ningún tipo de discriminación, de género, étnico-racial, diversidad sexual y discapacidad; a las vulnerabilidades de derechos de forma integral y articulada, en la educación, el trabajo, la salud, la seguridad alimentaria, el medio ambiente y hábitat” y, como si fuera poco, “articular y coordinar las políticas y programas sociales, tanto a nivel nacional, como departamental, municipal y local, así como avanzar en la descentralización política”.
Cuando se contrastan estas lindas palabras con la dura realidad que viven las personas que viven en la calle es claro que las autoridades del Mides, tanto a nivel nacional como departamental han fracasado rotundamente. Antes, los responsables fueron las autoridades del Frente Amplio, pero ahora pertenecen al Partido Nacional pero su incapacidad para solucionar una realidad tan evidente y dolorosa es la misma. Pasan los gobiernos y la gente sigue durmiendo en la calle.
Como siempre, en estos casos, muchas veces las autoridades públicas que tienen responsabilidades sobre este tipo de temas “se pasan la pelota” alegando lagunas en la regulación vigente o falta de recursos humanos para cumplir lo que son sus obligaciones. Y como siempre pasa, se aplican criterios diferentes según quien sea el organismo al cual se le quiere “pasar factura” desde el punto de vista político. A modo de ejemplo, en el mes de abril del año 2024 el Mides acusó a la Intendencia Municipal de Montevideo de no cumplir con su papel de policía territorial, pero esa “diligencia” para acusar a gobiernos departamentales del Frente Amplio no se aplica cuando los gobiernos departamentales pertenecen a correligionarios, en este caso al Partido Nacional.
Esperemos que las nuevas autoridades que asumirán el 1º de marzo no repitan los errores que cometieron anteriormente y que quienes dejarán su responsabilidad ese día contribuyan a lograr acuerdos interpartidarios que permitan solucionar una problemática donde ambos han cometido errores de los cuales hoy se ven las tristes consecuencias.