El pasado 26 de enero el editorial de nuestro diario estuvo dedicado al escándalo creado a raíz de la empresa Conexión Ganadera, que ha dejado miles de damnificados directos e indirectos en todo el país. Los recientes envíos a seguro de paro de 350 trabajadores del frigorífico Fricasa es precisamente uno de los “coletazos” de esa megaestafa cuyos daños reales aún están por determinarse por la justicia.
En ese editorial expresábamos que “las maniobras de las empresas antes mencionadas han dejado a miles de inversores afectados patrimonialmente, así como una cantidad de empresas y personas perjudicadas, todas ellas relacionadas de una u otra forma con la actividad ganadera sobre la cual se asentaba este negocio aparentemente seguro y floreciente, pero que en realidad era nada más que un castillo de naipes que se derrumbó cuando la ‘bicicleta financiera’ sobre la cual funcionaba terminó por colapsar. Miles de hectáreas arrendadas y miles de cabezas de ganado esperan las actuaciones administrativas y judiciales que se están llevando adelante en distintos ámbitos públicos y geográficos, intentando que los inversores puedan recuperar al menos algo del dinero invertido. En los últimos días Conexión Ganadera anunció que tiene un pasivo de 400 millones de dólares frente a un activo de 150 millones de la misma moneda, compuesto por ganado y créditos a cobrar, por lo que desde el vamos se sabe que el ‘agujero’ es al menos de 250 millones de dólares. (…) Esta no es una estafa más: se estima que tendrá un impacto cercano al 0,5% del Producto Bruto Interno, por lo que de seguro impactará en la economía nacional en su conjunto. Los efectos inmediatos son como los de una corrida bancaria, que en definitiva profundiza la crisis. Como ha sucedido en cada desplome de una megaestafa de estas dimensiones en el país –desafortunadamente esta no es la primera–, tendrá un impacto profundo en muchos uruguayos, y seguramente veremos aumentar los casos de autoeliminaciones ante la desesperación de haber perdido los ahorros de toda una vida en manos de este fraude que sólo pudo ocurrir por la propia permisividad del Estado”.
En este contexto, en los últimos días se ha dado a conocer una lista de las supuestas personas y organizaciones que habrían invertido en Conexión Ganadera, incluyendo además los montos involucrados en casa caso. Se trata de un hecho que no admite ninguna justificación y que constituye un pésimo antecedente para la privacidad de los asuntos de las personas, incluyendo a organizaciones nacionales o extranjeras. Resulta claro, además, que esa divulgación no ha cumplido con el requisito de obtener previamente el consentimiento libre, previo, informado, expreso y documentado de los inversores.
Para entender la gravedad de la divulgación de la referida lista, es oportuno recordar que la Ley N°18.331 (Ley de Datos Personales) establece que el derecho a la protección de datos personales es inherente a la persona humana, por lo que está comprendido en el artículo 72 de la Constitución de la República. Esta norma constitucional dispone que la enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno. O sea: los datos personales están protegidos por el máximo rango del régimen normativo uruguayo (la Constitución), al cual deben sumarse los tratados y acuerdos firmados por nuestro país tanto a nivel de organismos internacionales como de tratados multilaterales con uno o más estados.
Como si esto fuera poco, la definición de dato personal que brinda la Ley N° 18.331 (“información de cualquier tipo referida a personas físicas o jurídicas determinadas o determinables”) deja en claro que la información de quiénes son inversores en Conexión Ganadera y por qué montos, es claramente un dato personal que debe ser protegido y que no puede ser difundido. Además, al volverse público, ese listado deja de cumplir con el objetivo para el cual fue confeccionado por la empresa Conexión Ganadera porque, según lo prevé en forma expresa la legislación uruguaya vigente, los datos personales no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención. Y en este caso es claro que quienes difundieron ese listado lo hicieron con una finalidad distinta e incompatible para la cual fueron recolectados en su momento.
En un caso tan grave como este, no basta con decir que la información “se filtró” sino que se debe identificar al responsable o responsables de ello para aplicarles el máximo rigor de la ley. Es una oportunidad de sentar un precedente que desanime a que otros sigan el mismo camino en el futuro.
Es precisamente a través de ejemplos que podemos entender la gravedad de lo ocurrido. ¿Qué sucedería si el día de mañana los bancos o las administradoras de crédito publicaran una lista de sus clientes con la información de préstamos otorgados a los mismos o con los saldos actualizados de sus cuentas? ¿Y si los prestadores de salud públicos o privados difundieran una lista de sus pacientes detallando las enfermedades que sufren o los trastornos que padecen? ¿Estaríamos de acuerdo con esas violaciones a la privacidad personal? ¿Aceptaríamos acaso que se publique nuestra historia clínica en Internet o fotos o videos en los cuales se exhiban nuestros momentos de intimidad personal? Seguramente todos los lectores darán nuestra respuesta negativa a estas preguntas.
Lo cierto es que esa respuesta negativa para nuestra propia intimidad no es tan clara cuando se trata de los inversores en Conexión Ganadera, ya que en torno a ellos se ha tejido una suerte de “leyenda negra” a través de la cual se les considera como si fueran delincuentes, cuando lo único que buscaban era una mejor rentabilidad para sus ahorros.
Eso no es ningún delito ni en Uruguay ni en el mundo y, si lo fuera, los ahorristas de todos los bancos uruguayos deberían estar presos por tratar de mejorar su situación patrimonial. Es algo parecido a lo que pasa con las famosas camionetas “4 x 4” que se han transformado poco menos que en un vehículo prohibido por ser un sinónimo de derroche, dinero mal habido u ostentación para algunos que fomentan la “grieta” en cualquier de sus formas. Como dice el refrán popular, “la alegría va por barrios” y en ese listado hay políticos de todos los partidos, lo que deja en claro que no se trata de colores partidarios.
Hoy en día muchos están “pidiendo la cabeza” y “encastrando” a los que aparecen en ese listado, pero es bueno tener en cuenta los inconvenientes de “escupir para arriba”, porque mañana podrían ser sus nombres los que aparezcan publicados en algún listado que debería estar protegido por las normas de leyes de datos personales. Uruguay no puede ni debe admitir que existan ciudadanos de primera y de segunda y ahí radica la gravedad de esta divulgación de datos ya que todos deben ser protegidos en el goce de su privacidad y derecho a la intimidad. Quien no lo entienda así está ayudando a construir un mecanismo ilegal del cual, más temprano que tarde, podría ser la próxima víctima.
