En Maldonado, siete familias que residen en el realojo del asentamiento Kennedy podrían perder sus casas. Seis por cometer delitos como receptación y comercialización de estupefacientes y una por venderla. La Intendencia de Maldonado inició el proceso administrativo para la desadjudicación, que culminará con la firma del intendente. Luego, se dará el plazo legal para recurrir y cuando quede firme se iniciará el desalojo.
En Paysandú, en el barrio Leandro Gómez –realojo del asentamiento El Espinillo que estaba ubicado en la zona del vertedero municipal–, la Intendencia presentó dos denuncias penales a familias que destruyeron dos unidades habitacionales. Otros casos se encuentran a estudio en forma conjunta con el Ministerio de Vivienda, porque sus titulares no residirían en esas casas.
En las situaciones de consumo problemático de sustancias, la Intendencia realiza un seguimiento y los residentes deben cumplir con la asistencia al Programa Ciudadela. En cuanto a la existencia de bocas de venta, las relocalizaciones son muy recientes y aún no se visualizan esos ilícitos, según las autoridades consultadas. En general, son coincidentes en señalar que estas situaciones representan un porcentaje muy bajo porque entre más de 300 familias realojadas o regularizadas por el Plan Avanzar, sólo 6 presentan problemas por no cumplir el comodato.
Denuncias
El secretario general de la Intendencia, Andrés Klein, dijo a EL TELEGRAFO que las situaciones “se denuncian. De hecho hay denuncias realizadas por seis casas, entre más de un centenar –133 familias de los asentamientos El Espinillo, Park Way y Antena 35– que fueron entregadas. En esas seis unidades le sacaron puertas y ventanas que ya fueron tapadas”. En la zona ocurren hechos delictivos, “los vecinos nos hacen llegar sus reclamos y las autoridades locales y nacionales de los ministerios de Vivienda e Interior están al tanto de la situación”.
Explicó que “los funcionarios que han estado en estos temas saben que estas cosas pasan, pero será un 5% o 6% del total. Es una situación triste pero es así y probablemente se trate de personas que no tenían un piso y un techo y de pronto se encuentran con todo. A veces es acostumbrar y acompañar, pero en los tiempos de dar una respuesta rápida de una casa, no está el proceso educativo y de adaptación” para vivir en comunidad.
“En las casas desocupadas hay que hacer arreglos y nuevamente empezar con el proceso con quienes deben habitar esas casas. Pero son hechos que tuvieron un impacto en el barrio, por eso hay que estar atentos”, dijo Klein.
Las situaciones denunciadas
Vanessa Rey es la encargada de la Unidad de Vivienda de la Intendencia de Paysandú y estuvo a cargo del proceso de relocalización desde sus inicios con los planes Avanzar y Juntos. “Se firma un comodato y eso pasó en el barrio Kennedy de Maldonado, durante el proceso de relocalización. Es un acuerdo entre el Ministerio de Vivienda, la Intendencia y los titulares de las viviendas”.
Entre diversos aspectos, “se establece que en caso de no cumplir con los requisitos del programa, que es el uso para vivienda habitación, la Intendencia y el ministerio tienen injerencia para resolver sobre lo que harán en cada situación”.
Rey precisó que “nos está pasando ahora en (el realojo de) El Espinillo, donde comenzamos con una denuncia penal porque solo quedó la cáscara de una casa. Y por ahora, radicamos dos denuncias a los titulares porque se encuentra dentro de los criterios para sacarle la vivienda a esta familia”. En cuanto a la posible ubicación de bocas de venta de droga, señaló que “no teníamos identificadas dónde se encontraban, pero nos pasó en Antena 35, por ejemplo, y resolvimos no intervenir en esa vivienda”.
La encargada de la unidad detalló que la intervención se realizó en el barrio con todas las familias y “en esa casa, donde sabíamos que allí funcionaba una boca porque hubo denuncias e incluso una balacera en Park Way y Treinta y Tres Orientales, decidimos no hacerle ninguna mejora”.
Recordó que esa unidad se encontraba vinculada a una regularización del padrón social del barrio. “Pero esa familia nunca fue a una asamblea para el proceso social de realojo. Cuando se continuó con la etapa de ingreso a cada casa, esa familia ni siquiera nos dejó entrar a ver para evaluar las mejoras de la vivienda. No tuvieron apertura y, además, está atravesada por un ilícito como es una boca de droga. Es una situación que, también, nos pasó en La Chapita cuando la Intendencia terminó por demoler una vivienda luego de un asesinato de una persona vinculada a la venta de estupefacientes”.
No obstante, reconoció que “frente a estos ilícitos graves tampoco se puede exponer al equipo de técnicos, entonces esas familias van quedando por fuera”.
En los realojos recientemente inaugurados “no hemos visualizado la instalación de bocas que empiezan a quedar más expuestas en los barrios nuevos, cuando las familias se mudan. En los asentamientos, las bocas quedan resguardadas porque no tienen calles, llegan directo o son pasajes peatonales y se cubren entre muros”.
En seguimiento
En los barrios nuevos la Intendencia realiza un seguimiento enmarcado en la pos obra que se extiende por 6 meses y está a cargo de una asistente social y un arquitecto. “Por ejemplo, hace unos días vimos en un barrio un cartel de venta de cobre, citamos a la persona porque sabemos de dónde viene el metal. Es un ilícito y tiene que dejar de hacerlo. Le hacemos un seguimiento semanal porque corre el riesgo de perder la vivienda”.
Precisamente, a raíz de este seguimiento, “surgieron las viviendas vandalizadas en el realojo de El Espinillo, donde los consumidores fueron vendiendo las ventanas, los pisos, las instalaciones eléctricas y quedó solo la cáscara”.
Consultada sobre lo que ocurrirá una vez finalice el plazo de seguimiento de 6 meses, Rey reconoció que las autoridades municipales se encuentran con un tema a resolver. “Ahora lo estamos hablando con las nuevas autoridades del ministerio y en los próximos días esperamos que nos confirmen una reunión. Dado el grado de situaciones que vivimos, vamos a pedir que haya una pos obra más larga y que el equipo pueda seguir trabajando por seis meses más. Primero para confirmar sobre el uso de habitación de la vivienda y que los titulares sean realmente quienes viven allí. Es decir, que no la vendan o alquilen”.
Sin embargo, Rey aclaró que lo ocurrido en realojo de El Espinillo no tiene antecedentes. “Esto no nos pasó en ningún realojo. Podíamos registrar una situación o dos. Pero esto de tener dos viviendas vandalizadas totalmente y otras 5 que no sabemos quiénes están habitándolas nunca nos había pasado”. En estos últimos casos, corresponde al Plan Juntos dilucidar cada caso, “porque es el programa que ejecutó este barrio en tanto la Intendencia lo único que hizo fue brindarle la tierra para que hagan el realojo”.
Consumo de sustancias
Entre los residentes en las viviendas se registran situaciones de consumo problemático de sustancias. “Nos pasa casi siempre en familias unipersonales, donde vive una persona sola en una habitación. Lo convocamos porque sí o sí tiene que hacer tratamiento con su adicción y asistir al programa Ciudadela. Después se sigue un proceso desde el área social, con un seguimiento que constate el cumplimiento de la persona. Y el que no cumple no va a tener una vivienda”.
Rey señaló que “en El Espinillo hay gente que es muy trabajadora y el barrio está molesto. Nos dicen que ellos quedaron expuestos y como que todos venden las casas. No pasa siempre y son los menos”. En las viviendas entregadas en Park Way II, que son más de un centenar y en Park Way I “hacemos seguimientos y citamos a la persona a quien le hacemos firmar un acuerdo para que asista de manera voluntaria a Ciudadela. Le damos tres instancias, si no cumplen quedan sin la casa”.
La referente aclaró que “lo que nos pasó con el Plan Juntos específicamente es que el equipo en territorio, conformado por una asistente social y un arquitecto, se retiraron de trabajar con la gente porque recibieron una amenaza y así lo elevaron a las autoridades de Montevideo. Por ende, al barrio nuevo Leandro Gómez semanalmente asistimos con un equipo de la Intendencia. Pero no tenemos todo el conocimiento sobre la conformación familiar, porque nuestra asistente social habla con las personas, pero no sabe si es su titular. Esa información la tiene el plan porque hicieron el proceso de realojo, las asambleas y los talleres”.
De acuerdo a Rey, “la semana pasada tuvimos una reunión y solicitamos al Plan Juntos de hacer una visita en conjunto para poder seguir trabajando, arreglar esas viviendas y readjudicarlas a otras familias. Esperamos su respuesta”.
Readjudicaciones
Los interesados en acceder a las viviendas que quedaron desocupadas por vandalismo, “tienen que pertenecer a los barrios que se relocalizan con el plan. No se eligen a familias desperdigadas y en situación de vulnerabilidad. El plan de relocalización trabaja en asentamientos prioritarios que están dentro de un acuerdo estratégico. Siempre será la población de los asentamientos. Por ejemplo, si se trabaja en El Espinillo, hay que agotar que todas las familias residentes allí puedan acceder a las viviendas”.
Posteriormente seguirán Park Way I, II o III o Bajo Curupí. “Es decir, deben estar dentro de un plan censal. De El Espinillo, supuestamente, no quedan familias porque fue una relocalización total. Entonces el Plan Avanzar sigue con los otros asentamientos censados, dentro de ese acuerdo estratégico con la idea de continuar hasta su erradicación total”.
Inspectoría territorial
Rey aseguró que la inspectoría territorial de la Intendencia “se encuentra cuidando que las familias realojadas no vuelvan a los asentamienos, así como en la etapa de demolición de las viviendas precarias. Los beneficiarios firmaron un documento en el que acceden a las viviendas nuevas y permiten la demolición de la vivienda anterior. Esa familia cuenta con 10 días para retirar sus pertenencias y realojarse. Eso va funcionando bien”.
El mides
Hasta el 28 de febrero, las anteriores autoridades del Ministerio de Desarrollo Social efectuaban el acompañamiento a los beneficiarios de distintos programas sociales, “exclusivamente con la oficina móvil, Uruguay Crece Contigo o Tarjeta Uruguay Social, en apoyo a la relocalización que llevan adelante los asistentes sociales del Ministerio de Vivienda y el Plan Juntos”, señaló el anterior director adjunto Alejandro Colacce. Las autoridades departamentales designadas por el nuevo gobierno, aún no asumieron sus cargos y no hay una fecha establecida para ello.
