Cada día son más frecuentes los hechos delictivos en los cuales participan menores de edad, en muchos casos utilizando armas modernas con gran poder de fuego y siguiendo patrones de conducta y procedimientos de la delincuencia “pesada” que maneja nuestro país a su entera voluntad. De acuerdo con la legislación vigente, se denomina adolescente infractor a quien sea declarado responsable por sentencia ejecutoriada, dictada por Juez competente, como autor, coautor o cómplice de acciones u omisiones descritas como infracciones a la ley penal.
René Alejandro Jiménez Ornelas, académico de la Universidad Autónoma de México (UNAM) ha señalado que “La violencia no es producida aleatoriamente, sino que parte de una cultura de conflictos familiares, sociales, económicos y políticos, y en general, del sistema globalizado que a su vez permea las diferentes formas de vida en la sociedad, donde los estilos de vida de los jóvenes son catalogados como formas de delincuencia. El objetivo de esos estilos de vida, sin embargo, sólo consiste en distanciarse culturalmente de una sociedad que los jóvenes no han fabricado. Víctimas de la discriminación social y excluidos de las decisiones importantes, muchos jóvenes carecen de planes o proyectos de vida, y son considerados incapaces de adaptarse al medio social, por lo cual toman la delincuencia como alternativa de sobrevivencia. El fácil acceso a las drogas, la falta de oportunidades de empleo, salud, educación y espacios para la cultura y el deporte, la desintegración familiar, la impunidad, entre otros factores, componen el contexto en el que nace y crece la juventud. (…) La sociedad ha fomentado un excesivo individualismo y una consideración del individuo como mera unidad de consumo, pero escasamente ha brindado al individuo un tipo de vida en comunidad o ha ofrecido una escasa influencia en las decisiones de un entorno social. (…) El consumo genera identidades; intercambiamos productos para satisfacer necesidades que nos hemos fijado culturalmente, para integrarnos con otros y para distinguirnos de ellos. (…) Ante esta situación, la violencia aparece como una forma de respuesta ante una frustración social. Este tipo de violencia puede ser también una consecuencia del profundo deterioro al que se ha llegado en un tipo de sociedad que ha puesto sus esperanzas en un mero crecimiento cuantitativo del consumo de bienes materiales y que apenas ha tenido en cuenta al individuo en su dimensión como persona socialmente integrada en una comunidad”.
Lamentablemente nuestro país no escapa a ese triste fenómeno en virtud del cual los adolescentes y jóvenes son reclutados por organizaciones criminales generalmente relacionadas al narcotráfico, otorgándoles no solamente acceso a cantidades de dinero que no podrían poseer por otros caminos, sino también un sentido de pertenencia, de formar parte de un colectivo (bandas criminales) que le dan un supuesto status dentro de su comunidad. Todo ello en base al temor que inspira el accionar delictivo de esos colectivos. En un mundo muchas veces roto en sus estructuras básicas (familia, centro educativo, etcétera) y marcado por el abandono de uno o ambos de sus progenitores, “la banda” se transforma en la proveedora de ingresos fáciles, rápidos y abultados a los cuales resulta muy difícil resistirse en un ambiente marcado por la marginación y la falta de oportunidades.
En Uruguay, y de acuerdo con lo informado recientemente por el diario “La Mañana”, “la Suprema Corte de Justicia presentó recientemente un informe sobre los procesos infraccionales de adolescentes. De acuerdo con el Código de la Niñez y de la Adolescencia, son adolescentes las personas mayores de 13 y menores de 18 años. Como en el caso de los mayores, el nuevo Código del Proceso Penal establece que el juez toma conocimiento del asunto una vez que el fiscal presenta una solicitud ante la sede judicial. Tal solicitud puede dar origen una investigación preliminar (por ejemplo, a través de una diligencia preparatoria) o solicitar la formalización del asunto. Por lo tanto, un asunto iniciado no implica necesariamente una posterior formalización. El informe recoge los datos de 2023, cuando fueron 1.035 los casos comenzados y 880 las formalizaciones dictadas. Se registró un 18% de incremento en los asuntos iniciados y 26% en las formalizaciones dictadas, con respecto al año anterior. Los procesos concluidos en primera Instancia fueron 1.063 en todo el país, con un aumento del 15,5% respecto a 2022. La tendencia general muestra una reducción entre 2013 y 2018, seguida de un incremento progresivo. Considerando los procesos concluidos en el año 2023, se observa una concentración en casos de adolescentes entre 16 y 17 años, representando el 69,6% del total. Los formalizados de 13 años fueron 34, de 14 años fueron 90, de 15 años 187, de 16 años 314, de 17 llegaron a 422 y de más de 18 (los delitos los cometieron siendo menores) un total de 11. En total las formalizaciones llegaron a 1058, siendo cometidas en un 93% por varones. Por región, la mayor cantidad de formalizados está en el interior (59%), a la vez que por sexo del total de los formalizados en Montevideo las mujeres representan el 6,6% y en el interior el 6,3%. (…) Entre los adolescentes de 14 y 15 años los delitos cometidos en su mayoría son rapiña y receptación. Asimismo, el delito de homicidio se presentó con mayor frecuencia entre los adolescentes de 17 años. Analizando cada edad, en el caso de los 13 años, el principal delito es hurto (41% del total para esa edad), receptación (17%) y rapiña (11%). A los 14 años está hurto (30%) y rapiña (21%). A los 15 años, hurto (32%) y rapiña (24%). A los 16 años, el principal delito es hurto (26%) y rapiña (20%). A los 17 también hurto (25%) y rapiña (19%). Cuando se analizan los homicidios, de los formalizados en 2023, uno de los adolescentes tenía 14 años, tres 15 años, doce 16 años y catorce 17 años”.
Sin lugar a dudas, nuestro país ha sufrido un importante quiebre en materia de valores, impulsado por el narcotráfico, cuyo poder económico corrompe a quienes se supone que deberían combatirlo y genera “zonas liberadas” en todo el Uruguay incluyendo a Paysandú, donde los narcotraficantes se pasean tranquilamente por toda la ciudad en sus autos de lujo sin que un fiscal se pregunte (y les pregunte) de dónde proviene el dinero para adquirir y mantener ese tipo de vehículos.
¿Alguien se ha preguntado alguna vez porque los fiscales guardan silencio sobre este tipo de situaciones? ¿Están amenazados? ¿Tienen miedo? ¿Faltan a sus obligaciones funcionales por ineptitud o negligencia? ¿Son cómplices? En cualquier caso los fiscales, junto a los jueces, son los grandes responsables que este tipo de situaciones haya crecido y se siga repitiendo.
Mientras tanto, la participación de adolescentes y jóvenes en delitos “pesados” sigue aumentando, ya que son utilizados para una gran cantidad de acciones entre las que se encuentran la entrega de drogas o el sicariato.
Ante esta realidad, Uruguay no puede seguir dando la espalda a un problema de tal magnitud y gravedad. La próxima víctima de la violencia empleada por estos menores infractores puede ser cualquiera de nosotros, en cualquier momento y en cualquier lugar. No servirá de nada lamentarse cuando el daño ya esté hecho.