Uno de los temas que ha demandado la atención del gobierno de Yamandú Orsi durante las últimas semanas ha sido la situación financiera de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) que, según diversas declaraciones de referentes en distintas áreas, no podría pagar jubilaciones en julio del presente año. Como suele pasar en estas situaciones, la pregunta recurrente es la más simple: ¿Quién va a pagar por la ayuda financiera que debe recibir la Cjppu para continuar existiendo como entidad previsional? Si bien estas líneas estarán centradas en esa pregunta, resulta importante repasar algunos aspectos esenciales del funcionamiento de esta institución.
Un primer aspecto tiene que ver con la gobernanza institucional, ya que la Caja es dirigida y administrada por un Directorio de siete miembros con título universitario, cinco de ellos electos y dos designados por el Poder Ejecutivo, pertenecientes a las distintas profesiones incluidas que se encuentren al día en el pago de sus obligaciones con la misma. Desde el punto de vista jurídico, la Caja es una persona pública no estatal (como otras organizaciones que existen en nuestro país: LATU, Caja Bancaria, INIA, Inavi, etcétera). Si bien esta forma de dirección de la Caja podría tener razón de ser en 1954 (año de su creación), el número de 7 directores parece excesivo ya que son más que los que dirigen empresas públicas (Antel, UTE, OSE, Ancap, etcétera). Una posible solución podría ser optar por un directorio integrado mayoritariamente por miembros designados por el Poder Ejecutivo, con un miembro de los profesionales activos y otro de los profesionales pasivos lo que sería análogo, en cierta forma, a la integración del directorio del BPS.
En segundo término, la crisis de la Caja debe ser considerada teniendo en cuenta que desde su creación el Estado nunca la ha asistido con fondos públicos y estamos hablando de 71 años sin requerir ese tipo de ayuda. El artículo 9 de la Ley N°17.738 que regula la Cjppu establece que el Estado no asume responsabilidad pecuniaria alguna vinculada a la subsistencia de la Caja o a la financiación de sus obligaciones, incluyéndose en éstas el pago de las prestaciones que deba servir, y sólo se limitará al cumplimiento de la norma mencionada, en lo que le sea pertinente. A pesar de ello, el momento de esa asistencia ha llegado y eso es lo que está discutiendo en el Parlamento en este momento: un proyecto de ley del Poder Ejecutivo para tratar de evitar la caída de esta institución previsional.
En tercer lugar, debe tenerse en cuenta que la Caja no es ni puede ser ajena a la crisis mundial de los diferentes sistemas previsionales que existen en el mundo y que hacen que las edades de jubilación sigan aumentando. No importa si se trata de la República Popular China, España, Alemania, Países Bajos, Francia o los países nórdicos: es un hecho que las personas viven afortunadamente más y ello lleva a que las jubilaciones deban pagarse por más años, desfinanciando de esa manera a las instituciones de seguridad social. Si a eso le sumamos que Uruguay tiene un problema grave en materia demográfica por el envejecimiento de su población, la caída de natalidad, la automatización de tareas y el crecimiento de los servicios independientes, cada día habrá menos aportantes para financiar las prestaciones previsionales que se abonan en el país y en el mundo. Hace muchas décadas que Uruguay no tiene una política demográfica (si es que alguna vez la tuvo) y esas omisiones generan estas situaciones de emergencia. En el caso de Europa se suma un problema igualmente grave: como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania, todos los países han aumentado sus gastos militares debido a una nueva carrera armamentista, recortando los fondos destinados a seguridad social.
Volviendo a los aspectos económicos, reiteramos la pregunta inicial: ¿quién va a poner la plata para este salvataje de las jubilaciones de los profesionales universitarios. Al parecer, la cosa será repartida, en grandes líneas, de la siguiente forma: 30 millones de dólares anuales provendrían de los fondos estatales (una cifra a todas luces insuficiente) y el resto de la disminución de jubilaciones actuales y futuros y del aumento de lo que aportan en este momento los profesionales activos. La escala de aportes consta de diez categorías, cada una de las cuales tiene asociado un sueldo ficto. El aporte profesional se determina como un porcentaje (18,5%) de dicho sueldo ficto. Se comienza a aportar en la primera categoría, pasando automáticamente a la segunda luego de transcurridos tres años de aportes; y así sucesivamente, hasta alcanzar la décima categoría. En la primera categoría un profesional debe pagar mensualmente $ 3.241, cifra que aumenta hasta $ 33.855 en décima categoría. O sea que cada profesional uruguayo “paga para trabajar” las sumas antes mencionadas, aunque muchos profesionales en todo el país y también en Uruguay ejercen su profesión, aunque hayan declarado no ejercicio a la Cjppu o mantengan con esta institución deudas millonarias sin que se les mueva un pelo. La falta de controles por la misma Cjppu permite y alienta estas prácticas lamentables. En la actualidad la Cjpu tiene aproximadamente 63.601 profesionales activos, 15.692 jubilados y 5.017 pensionistas. De aprobarse el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, dice el propio texto de la iniciativa, la Caja de Profesionales no tendría problemas de financiamiento durante los próximos 20 años.
El esfuerzo que se les pedirá a los profesionales activos y jubilados, así como al resto de la población a través de los 30 millones de dólares anuales antes mencionados contrasta fuertemente con la situación que existe en la Caja Militar, para la cual el gobierno debió aportar 452 millones de dólares, más de 15 veces de lo que le estaría aportando anualmente a la Cjppu. Es importante destacar que la Caja Militar tiene aproximadamente 27.000 miembros activos y 51.000 pasivos. Mientras tanto, el Banco de Previsión Social, que brinda coberturas a aproximadamente 660.000 personas tiene un déficit anual de aproximadamente 490 millones de dólares. Estos números son los que dejan en claro quiénes son los verdaderos privilegiados del sistema previsional uruguayo: los militares, que pueden jubilarse a edades más bajas (con lo cual cobran prestaciones por más tiempo) y que, siendo un conjunto de unos 78.000 integrantes reciben casi los mismos aportes que el BPS que cubre a 660.000 personas. Pero claro… siempre es más fácil seguir limitando derechos y negando recursos a la Caja Notarial, a la Caja Bancaria o a la Caja Profesional que, a la Caja Militar, que siempre ha sido la protegida de todos los gobiernos de todos los partidos políticos sin excepciones desde el retorno a la democracia en el año 1985. Como mencionamos anteriormente, el tema previsional posee una gran complejidad, pero no por ello debe renunciar a la idea de justicia y de contribución de acuerdo con sus posibilidades. Aún resta mucho para saber de donde saldrán los fondos que serán entregados a la Cjppu, pero hay algo que rompe los ojos: la Caja Militar es la más privilegiada y su situación debe ser revisada y puesta en un pie de igualdad con la Cjppu y el BPS. No es posible que en Uruguay existan jubilados clase A, B y C. Esa forma de calificar a los uruguayos es, afortunadamente, cosa del pasado.
