La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que regula el ingreso a las intendencias, que no fue aprobada durante el período anterior luego de ser presentada por el fallecido senador y exministro colorado Adrián Peña.
El proyecto dispone que los ingresos y ascensos deberán efectuarse por concurso público y prohíbe la designación de nuevos funcionarios dentro de los 12 meses anteriores al fin del período de gobierno. La propuesta deberá pasar al Senado para su promulgación definitiva.
El debate parlamentario transcurrió sobre la posibilidad de lesiones a las autonomías parlamentarias y luego de cuatro cuartos intermedios, fue aprobado por encima del mínimo de los 66 votos que requería el proyecto.
Los legisladores nacionalistas solicitaron la postergación de su discusión para luego de la asunción de los nuevos intendentes y objetaron que no se consultó al Congreso de Intendentes y al Congreso de Ediles.
El diputado Walter Verri manifestó su beneplácito por la media sanción parlamentaria que “era una aspiración del Partido Colorado. Tan es así, que ni bien asumimos volvimos a presentarlo desde la bancada de legisladores de Vamos Uruguay y fue la base sobre la cual se negoció un acuerdo primero con el Frente Amplio y los demás partidos como Cabildo Abierto, Partido Independiente e Identidad Soberana”. Luego se sumó el Partido Nacional en sala, que decidió votar a favor del proyecto en general.
“Es un proyecto que persigue algo en lo que todos debemos estar de acuerdo y no legislar es ir en contra de lo que la gente aspira del sistema político. Persigue condiciones de igualdad en el ingreso a la función municipal por mérito, transparencia, justicia social y para terminar con clientelismo de militar por un partido para lograr acceder a la Intendencia. O que le pasen lista si no va a los actos para que le mantengan o le renueven el contrato o pueda ascender. Son prácticas de las que ninguno de los que hemos gobernado, estamos libres”, dijo Verri a EL TELEGRAFO.
Establece como norma general el concurso para el ingreso a las intendencias. “Iguala a todos y cumple con el precepto constitucional de que la única diferencia son los talentos y las virtudes. Admite en forma excepcional el sorteo público que también da transparencia para ingresar en aquellas tareas donde no es posible ingresar por contrato. Además, prohíbe designaciones durante un año electoral. Algo que fue resistido por el Partido Nacional, diciendo que podría afectar al funcionamiento de los gobiernos departamentales y la verdad es que el gobierno nacional tiene esa norma desde hace muchos años. Nadie percibe que la función pública se vea entorpecida en los años electorales porque no se permiten los ingresos”.
Explicó que “la autonomía de los gobiernos departamentales está consagrada en la Constitución, que nadie cuestiona. Por lo tanto, se buscó legislar dentro de los márgenes constitucionales permitidos, se escuchó a la cátedra y al Congreso de Intendentes a pesar de las críticas de quienes dijeron lo contrario. Incluso, la comisión trató un documento del Congreso basado en el informe jurídico del Dr. Fermín Farinha que fue el miembro informante del Partido Nacional en sala. Es especialista en el tema y, además, hizo una muy buena intervención jurídica”.
Comparación
con ley anterior
Los nacionalistas presentaron un proyecto en minoría donde citaban la existencia de una legislación similar, como la Ley 16.127, que dicta normas de designaciones, ascensos e incentivos para los funcionarios públicos de 1990 y que fuera objetada, entre otros intendentes, por Jorge Larrañaga.
Aclaró que “no tiene absolutamente nada que ver una ley con otra. Basta compararlas para ver que una sí, realmente afectaba seriamente la autonomía de los gobiernos departamentales y la actual no se mete en eso. Son normas claras que deberán ser aplicadas, pero no se mete en cómo lo tienen que hacer. Tienen que respetar los principios básicos establecidos en esos tres artículos de esta nueva ley que pasó al Senado y esperemos que rápidamente sea aprobada porque los dos tercios de votos entre el Partido Colorado y el Frente Amplio, se obtienen sin dificultades”.
Consultado sobre el alcance de la norma a las contrataciones que realizan las Intendencias con fundaciones o cooperativas sociales para la selección de personal, señaló que dichas decisiones “son discrecionales de las autoridades de esas instituciones y no encajarían dentro del objetivo de esta ley con media sanción” que aguarda su sanción definitiva antes de la instalación de los nuevos gobiernos departamentales.
