El proyecto de ley para solucionar el riesgo de supervivencia de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) enviado por el gobierno no tiene los votos para su aprobación en la Cámara de Diputados. Los legisladores de la oposición trabajan sobre una alternativa que procure bajar la carga de aportes a activos y pasivos.
La iniciativa aún se encuentra en discusión en la cámara baja. El Frente Amplio mantiene la intención de su aprobación antes del 30 mayo, en tanto la caja enfrenta un déficit anual de 100 millones de dólares y en estas condiciones no podrá enfrentar obligaciones en julio. La propuesta enviada por el gobierno derivó en la integración de una comisión especial en el Parlamento que trabaja diariamente en su estudio.
Aumenta tasa de aporte
“Este proyecto tuvo un antecedente en el año 2023 propuesto por el gobierno anterior que no logró las mayorías necesarias, sobre todo del Frente Amplio, para atender la situación de la caja que ya se avizoraba era compleja. Al no arribar a acuerdos, la situación se fue agravando. Hay que tener en cuenta que el déficit de la caja en 2024 superó los 50 millones de dólares y derivó en que se estime, en función de los recursos de posee, que no llegue a poder cubrir en agosto las erogaciones para pasivos, así como todas las prestaciones”, dijo el diputado Fermín Farinha a EL TELEGRAFO.
El Poder Ejecutivo presentó un anteproyecto que aumenta nuevamente la tasa de aporte. “La caja había aumentado al 18,5%, que era lo que la ley permitía directamente al directorio. Pero ahora el Poder Ejecutivo propone aumentar nuevamente a 22,5% y también aumenta los aportes de los pasivos a 12%, además del IASS que ya están tributando”.
El nacionalista aclaró que “obviamente esta propuesta no es de recibo para los profesionales porque es más gravosa, sin perjuicio del aporte económico del Poder Ejecutivo que ronda 30 millones de dólares, para darle una primera sostenibilidad a la caja”.
Farinha analizó que el problema es más profundo. “Para tener en cuenta algunos números. Hoy tenemos 110.000 profesionales declarados en no ejercicio y alrededor de 63.000 profesionales, de los cuales el 70% está entre la categoría 1 a 4, lo que marca también la capacidad contributiva a la caja”.
La CJPPU asiste a 15.700 jubilados y 5.000 pensionistas. “También hay una propuesta de modificar la escala de aportación, que significa un estudio mucho más profundo, hay que analizar las acciones vinculadas a quienes se declararon en no ejercicio y tomar algunas decisiones con respecto al ajuste de los timbres”.
Farinha recordó que “los timbres que emite la caja se toman como un aporte patronal a los efectos de la actividad profesional. Esos timbres se ajustan por IPC y no por Índice Medio de Salarios, como lo hace la Caja Notarial. Esa propuesta también se presentó”.
Ley exprés y más gravosa
El 6 de mayo se recibieron diferentes delegaciones, entre ellas a la asociación civil de profesionales independientes que “dejaron entrever la dualidad de opiniones que existieron antes y ahora. Porque en su momento, cuando se presentó la ley en 2023, quedaron en evidencia algunos argumentos de legisladores del Frente Amplio que no acompañaban y hoy, tienen que hacer frente a este proyecto de ley que es más gravoso”. Las asociaciones “piden coherencia a los legisladores. Cuando antes se rechazó aquella ley exprés, ahora vuelve también con formato de ley exprés pero con una situación más gravosa a la establecida en el proyecto anterior”.
La iniciativa se encuentra en comisión “en fase de estudio porque no es un proyecto sencillo y requiere de una visión a largo plazo”.
Farinha cuestionó si lo que se considera ahora “es un proyecto para comprar tiempo para la caja o realmente para tomar decisiones de fondo, a los efectos de darle sostenibilidad”.
Algunos profesionales que han pasado por la comisión rechazan, también, que este proyecto modifica la integración del directorio de la caja y reduce la representación de los afiliados de 4 a 2. “En este contexto, además, el Poder Ejecutivo remitió un proyecto de ley para prorrogar la elección de las autoridades de la caja que se votó por unanimidad en la sesión del martes para evitar que ese proceso de elección no se vea viciado por esta situación coyuntural que es de emergencia y compleja”, dijo el diputado.
Explicó que, en su caso, “como profesional y aportante a la caja pero como legislador, he tenido reuniones con diferentes grupos para tomar contacto de primera mano y sobre todo abonar a una salida que permita una propuesta superadora a lo que remitió el Poder Ejecutivo. Pero que, además, no recargue a los profesionales que son trabajadores”.
Explicó que “si tomáramos en cuenta un valor promedio de aporte que hoy está por encima de los 30.000 pesos, de aprobarse esta ley se iría a más de 40.000 pesos mensuales, solamente para poder cubrir la caja en el marco de su actividad”.