De acuerdo a lo expresado por integrantes del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU), los términos del nuevo proyecto sobre lavado de activos les hace recaer más responsabilidades y creen que es muy dudoso que la normativa resulte más eficaz en la lucha contra el narcotráfico.
En esta gremial, a través de su Comisión de Prevención de Lavado de Activos (PLA), se llevó a cabo el evento “Prevención de Lavado: el nuevo proyecto y su impacto en la profesión contable”, con la participación de Sandra Libonatti, secretaria nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).
El evento desarrollado en modalidad híbrida, convocó a profesionales del área contable y administrativa interesados en conocer los alcances del nuevo proyecto de ley sobre prevención de lavado de activos, sus principales cambios normativos y los desafíos que plantea para los profesionales.
Durante el encuentro, además de Libonatti, expuso la presidenta del CCEAU, Cristina Freire, y el integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Activos del Colegio, Diego Buela.
Freire expresó que el nuevo proyecto de ley introduce cambios sustanciales que complejizan el cumplimiento de las tareas de los sujetos no financieros, como los contadores y los responsabilizan aún más: “se amplían exigencias como el archivo de documentación por 10 años respecto a la debida diligencia, se bajan umbrales de efectivo y de defraudación tributaria, y se elimina la presunción de bajo riesgo para operaciones bancarizadas”, detalló.
Para las transacciones en efectivo el umbral es de 40.000 dólares aproximados y para la defraudación tributaria de unos 16.000 dólares, explicó.
Destacó que todo ello genera un mayor volumen de trabajo, especialmente para los pequeños estudios, lo que lleva también a un mayor costo para el profesional, a la vez que aseguró que las nuevas disposiciones requerirán más personal capacitado y nuevas herramientas de control.
Sostuvo que “hay muchas cosas nuevas que no sabemos si realmente van a ser efectivas. Nos preocupa que termine siendo más burocracia que una herramienta útil para prevenir delitos”, en tanto en ese sentido, desde el Colegio se plantearon preocupaciones respecto al alcance y efectividad de estas nuevas disposiciones.
Expuso asimismo que “el narcotráfico ya está instalado en el país y esta nueva ley no lo ataca directamente. En cambio, fija más controles a los sujetos no financieros, como los contadores, que no tienen las herramientas del Estado para ejercer ese rol. Es aún peor, no solo no existen las herramientas de investigación como los Bancos sino tampoco tenemos el poder coercitivo para que se obtenga información”.
Consideró la profesional que el Colegio no está en oposición a este proyecto, “sino que lo que estamos viendo es la eficacia de esta propuesta: si es realmente eficaz para combatir el delito de lavado y para combatir el delito de defraudación tributaria”, en tanto otro aspecto considerado perjudicial refiere a que “se exige ahora analizar todas las permutas y todas las operaciones vinculadas a sociedades anónimas simplificadas (SAS), sobre las que hay muy poco control institucional. Es preocupante que el peso del control recaiga en el contador, cuando debería ser una tarea del propio Estado”, afirmó.
