La abogada Verónica Ortiz, especialista en Derecho Animal, señaló que el maltrato extremo ocurrido con una perra border collie decapitada viva, corresponde a un caso de “violencia vicaria” con directa injerencia del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) y la fiscalía penal. El informe técnico sobre la necropsia efectuada por el veterinario Fernando Nan señaló que “no hay presencia de trombos o sangre que indique que el animal hubiese sido sacrificado previo a la decapitación”.
“Acá hay dos temas. Hay uno que es claro de maltrato con muerte, con un informe pericial hecho por un veterinario que lamentablemente constata que la perra fue decapitada viva. O sea, se desangró y eso añade una cuota de sadismo bastante importante. Además, la perra desaparece de su hogar y suponemos que fue sustraída para ser ejecutada porque no hay otra palabra. Eso, claramente, configura un caso de maltrato animal extremo”, dijo Ortiz a EL TELEGRAFO.
La experta agregó que “llevan la cabeza del animal al alambrado del trabajo del denunciante. Es decir, una actitud mafiosa y de amenaza de película espantosa. O sea, tenemos una infracción porque no es delito haber matado a la perra, ni siquiera su decapitación estando viva”.
Aclaró que “no es delito, porque todavía no tenemos la ley que así lo tipifique. Debemos hacer la denuncia al INBA, que deberá tomar las acciones correspondientes. Eso significa recabar la información sobre el auto que se vio, mediante cámaras, en la puerta del trabajo del hombre. Tomar la matrícula, pedir la información del propietario, ver quién es y si coincide o no con la persona que se bajó del vehículo y llamar a responsabilidad a todos los involucrados. Eso es lo que INBA puede hacer”.
La abogada puntualizó que “además, hay amenazas contra la vida del hombre y su integridad. En este caso, a través de un tipo de violencia que llamamos vicaria y se ejerce sobre el animal de estima para obtener una actitud en el otro, someterlo, violentarlo y abusar emocionalmente”. Ante este hecho puntual, “puede intervenir fiscalía penal. Ahora que tomó estado público veremos qué hacen las autoridades que, según entiendo, hasta ahora no han hecho demasiado”.
