En el último congreso de delegados del Pit Cnt quedó confirmado el peso de los sindicatos estatales y una sobrerrepresentación de Montevideo y Canelones. La información surge de una encuesta elaborada por cuarta vez entre el Instituto Cuesta Duarte y un equipo de técnicos de la Facultad de Psicología, cuyo documento se encuentra disponible en la página web de la central sindical.
El estudio aclara que los resultados no constituyen un análisis del conjunto del movimiento sindical. Sin embargo, los datos revelados hablan por sí mismos.
En los últimos años se registró una renovación de los delegados sindicales, que puede interpretarse tanto como un elemento positivo –por el incremento de mujeres–, como también por las dificultades de los participantes para sostener la militancia sindical.
Por otro lado, sube el promedio de edad de los asistentes, que en esta ocasión se ubicó en 46 años, algo más alto que en congresos anteriores. Asimismo, mejora el nivel educativo, aunque se observa una fuerte caída en la formación técnica: apenas el 8,4% de los presentes la posee. El 38% finalizó la educación secundaria y el 49% cuenta con formación terciaria o superior.
Desde hace una década cae el concepto de “obrero”, que hoy se expresa en solo el 17% del total, cuando hace más de treinta años representaba el 35% de los consultados.
Entre el 40% y el 50%, con tendencia creciente, se definen como empleados, funcionarios o administrativos. Aunque se trata de una autodefinición —posiblemente vinculada a la relación contractual—, el estudio indica que “podría habilitar una discusión interesante” sobre la participación en las cadenas de valor y el uso del término “obrero”.
La mayoría de los asistentes son delegados de base; la mitad participa en mesas de negociación colectiva y más del 80% fue designado mediante “mecanismos institucionales previstos”. Solo el 4% fue electo por voto secreto de sus afiliados, y el 5% mediante voto en asamblea a mano alzada, mecanismos que pierden peso respecto a congresos anteriores.
La gráfica del informe expone que 526 delegados provienen del sector estatal y 530 del ámbito privado: un virtual empate técnico. Se destacan la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), con 135; COFE, con 125; Sunca, con 125; FUM, con 120; Fuecys, con 75; y AEBU, con 57.
Otros sindicatos industriales hoy en conflicto presentaron números menores: la Foica (industria cárnica), 23; FTIL (lácteos), 12; FOEB (bebida), 15; y Untmra (metalúrgicos), 35.
El estudio señala que el sindicalismo uruguayo mantiene su incidencia en el sector público, “perdiendo la misma en relación al capital privado”.
Por regiones, el 12% asistió desde el norte (Artigas, Salto, Paysandú, Rivera y Tacuarembó). Montevideo aportó el 50% de los delegados, aunque concentra el 40% del empleo total del país, lo que explica la sobrerrepresentación en estos ámbitos.
Cuando se consulta por los logros sindicales, los delegados se remiten al período anterior a 2020. En los últimos cinco años destacan la capacidad de resistir y defender lo conquistado. Pese a los resultados adversos en las campañas contra la LUC o la reforma jubilatoria, valoran haber logrado marcar agenda.
Ambas campañas contaron con el apoyo de diversas organizaciones sociales. No obstante, “apenas hubo una mención a fortalecer la Intersocial”, señala el documento.
Los delegados expusieron, en tono preocupado o defensivo, los desafíos que enfrenta el sindicalismo: empleo, condiciones laborales, salarios y seguridad social. Resulta llamativo que “apenas ocupan lugar” las menciones a la precarización o informalidad laboral.
Si se coteja con los datos del Instituto Nacional de Estadística, se advierte una desigualdad territorial: el desempleo y la informalidad golpean con más fuerza fuera de la capital, sobre todo al norte del río Negro. Por ejemplo, el último boletín señala que Paysandú tiene un 12,3% de desempleo y 28% de informalidad, cuando el promedio nacional de este último indicador es 21,7%.
La brecha territorial no aparece solo en las estadísticas, sino también en las miradas políticas y gremiales. Aunque Montevideo concentra el 40% del empleo nacional, tuvo mayor representatividad y prioridades distintas: nuevas conquistas frente a la defensa de lo básico en el Interior.
A este escenario debe sumarse el subempleo, que afecta al 10% y refiere a quienes trabajan menos horas de las deseadas o en tareas que no cumplen sus expectativas. Además, el 22% de los ocupados no está registrado en la seguridad social por su trabajo principal. Mientras el movimiento sindical reclama una reducción de la jornada laboral, el promedio actual de trabajo efectivo es de 35,3 horas semanales.
En el resto del país, la preocupación sigue siendo la informalidad y el subempleo. Aun si mejora su representatividad en otros espacios, será la inversión privada la que permita revertir los indicadores más críticos.
Mientras tanto, el sindicalismo uruguayo mantiene su incidencia en el Estado y en la zona metropolitana. Es la visión de dos países: uno que se concentra al sur, y otro que, lentamente, se encoge al norte del río Negro.