La abogada y experta en Derecho Animal, Verónica Ortiz, reconoció que la resolución de Fiscalía sobre el caso de maltrato extremo a una perra border collie que resultó decapitada viva, generó una sensación de impunidad en la comunidad y aclaró que se juzgaron los hechos cometidos hacia otra persona.
En aquella instancia, la justicia dispuso la formalización de la investigación y posterior juicio abreviado que imputó y condenó a una mujer de 31 años por “un delito de violencia privada especialmente agravado”.
Ortiz explicó que la decisión sobre este caso provocó dos sensaciones. “Por un lado, el alivio de que la justicia realmente intervenga y aplique las sanciones que corresponden a Derecho y por otro, una sensación extraña de que eso es insuficiente”.
Sensación de impunidad
Aclaró que “cuando hay una sensación de impunidad en la sociedad eso es algo bastante peligroso. La sensación de que los crímenes no son castigados, genera un descreimiento en la justicia y en los sistemas de Derecho. No solamente en este caso, al ser Fiscalía o la órbita penal, sino en todos los casos en que debe actuar. Pero específicamente en este, también estamos hablando del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), que es el organismo competente en materia de protección animal”.
La experta reflexionó que el sentimiento de desamparo y de impunidad, “socava el sistema jurídico y nuestro sistema republicano democrático. Este sentimiento se da, entre otras cosas, porque la pena que hay para un hecho de la gravedad de lo ocurrido con July –pero que hay muchos otros en el resto del país, parecidos e idénticos– no es acorde al hecho brutal de maltrato animal que sucede en nuestra sociedad”.
La pena establecida, “no está relacionada a Fiscalía ni a los jueces, sino a las leyes que tenemos para proceder sobre estos actos. Las leyes que utilizó Fiscalía son las que tiene a su disposición porque no puede crearlas. En este caso, la persona resultó sancionada por un hecho contra otro ser humano pero no por la saña ni la crueldad con la que quitó la vida a July. Es la consecuencia de hechos ocurridos en el ámbito privado de otra persona”.
De acuerdo a Ortiz, “eso quiere decir que los animales no humanos no están pesando en nuestra legislación. O, por lo menos, no lo suficiente”. Sin embargo, la crueldad hacia los animales “está absolutamente penada moralmente. Es decir, una persona –sin importar partido político, estrato social o económico– que se consulta sobre su reacción frente a una situación de maltrato extremo que puede ser abuso, violación, tortura o dejarlo atado sin agua ni comida abandonado en condiciones que puedan costarle la vida, rechazan el maltrato. Hay una condena moral”.
Procedimiento
Expuso que “lo que está fallando son las sanciones más rápidas por parte del INBA y ahí nos encontramos con todo el proceso administrativo, que es el procedimiento que debe seguir cualquier entidad del Estado cuando recibe una denuncia y la procesa. El INBA tiene que cumplir un procedimiento que claramente es bastante más largo y más lento que la urgencia de estos casos”.
Sin embargo, “el INBA no puede resolverlo solo, por encima de los plazos que debe cumplir. De todas formas, en la sociedad queda la sensación de que el INBA no hace nada. Por lo cual, quizás sería interesante que el instituto comunicara cuando hay un procedimiento abierto, sin faltar al debido proceso ni a las instancias de defensa de los acusados, pero que comunique a la sociedad. Sobre todo, en un tema de la sensibilidad que ha tenido el de July”.
Por otro lado, expresó que “aún si el INBA actuara a las mil maravillas, vamos a seguir sintiendo que es poco hasta que no se penalice el maltrato animal. Nuestra sociedad lo está reclamando y el sistema político tiene que estar atento. No queremos generar una hipertrofia en las cárceles. Sabemos perfectamente que el sistema carcelario en Uruguay es lamentable y no reinserta a nadie. Pero sí creemos que hay otras formas de penalizar y que el maltrato sea delito”.
Aclaró que la penalización no es necesariamente con cárcel efectiva, “o sí en algunos casos, pero mínimamente que sea delito. Después veremos cuál es la pena que corresponde a ese delito. Pero, sin dudas, tiene que ser delito”.
Denunciar
Ortiz instó a presentar las denuncias ante el INBA y su procedimiento. “Hay que denunciar a la persona o personas a cargo. Hay que tener datos del domicilio, fotos, pruebas, testigos, declaraciones o videos. No se puede llenar solamente el formulario en la web y pensar que con eso es suficiente. Hay que aportarle al instituto todos los elementos para que pueda actuar lo más rápido posible y hay que seguir haciendo las denuncias”, dijo a EL TELEGRAFO.
Concluyó que no está de acuerdo con la decisión de no presentar la respectiva denuncia “porque el INBA no hace nada. Si eso fuera correcto –y no creo que sea exacto en todos los casos–, entonces le damos una excusa para no actuar al no denunciar”.
