En estos días la IDP ha publicado un llamado a licitación para el gerenciamiento de los Recursos Humanos de la Intendencia, repitiendo la triste experiencia que nos ha tocado vivir con la Fundación A Ganar en Paysandú.
De la lectura del llamado se puede decir que es un recorte y pegue de aquel llamado de 2020, se insiste que está dirigido a Organizaciones no Gubernamentales o Fundaciones y que el contrato será hasta el 31 de diciembre de 2025, renovable año a año a criterio de la IDP, para gestionar programas en áreas sociales, deportivas, culturales, departamentales y locales.
Se detalla que el servicio comprende la contratación de personal, liquidación de sueldos, inscripción del personal ante los organismos públicos, talleres de capacitación, etcétera. Se prevé que quien gane la licitación deberá contratar en las mismas condiciones que hasta el momento, al personal que hoy tiene bajo su responsabilidad la Fundación A Ganar, vale decir, según datos oficiales de la IDP más de 426 funcionarios. Se prevé que el personal suministrado recibirá órdenes directas de quien designe el Ejecutivo Departamental.
A la hora de puntuar las ofertas se hace especial mención a aquellas que sean presentadas por organizaciones educativas o culturales registradas ante el Ministerio de Educación y Cultura que tengan resolución del Banco de Previsión Social exonerándolos del pago de aportes patronales. Como corolario de todo esto, el pliego del llamado cuesta la friolera de $100.000. Ahora bien, ¿qué significa esta licitación? Pues que en Paysandú el Partido Nacional pretende continuar funcionando con dos intendencias, una oficial que es la que se encuentra en Zorrilla y Sarandí, y otra en Monte Caseros y Sarandí (Sede de la Fundación A Ganar), utilizando la oficial a la otra para gestionar de espaldas a la DGI y al BPS, a más del 30% de los funcionarios que prestan servicios en dependencias de la Intendencia en el departamento.
Esto ya de por sí es grave, pues el Partido Nacional pretende seguir gestionando clientelarmente este tema, al margen de cualquier control, decidiendo quién ingresa a trabajar según su color político, pagando favores electorales y de amistades, en lugar de realizar sorteos o concursos para llenar los cupos que se necesitan para mejorar o complementar la gestión.
A esto se agrega, como lo hemos dicho más de una vez, que esta forma de tercerización del personal en una Fundación, es a los solos efectos de no pagar aportes patronales, es decir, defraudar al BPS por un lado, y eludir el pago de IVA por parte de estas seudofundaciones, que lo que realmente hacen es la tarea de una suministradora de mano de obra temporal, vende un servicio gravado con IVA. ¿Por qué decimos que se defrauda al BPS? Pues por la sencilla razón que el patrón de estos empleados sigue siendo la IDP, quien les da órdenes, les paga el salario, los cesa, etcétera, sigue siendo la Intendencia, nada más que coloca a la fundación de por medio para evitar el pago de los aportes que cualquier hijo de vecino debería pagar; lo dicho, un fraude en toda la regla, que si lo hiciera el bolichero de la esquina, tendría una inspección y unas multas acordes con la maniobra.
En este punto, siempre nos ha parecido llamativa la pasividad del BPS y de la DGI en el punto, máxime que el propio Tribunal de Cuentas, con voto en minoría de algún ministro, ya ha llamado la atención sobre el punto. En definitiva, este llamado tiene nombre y apellido, Fundación A Ganar, la que indudablemente ganará la licitación y a la que deberemos pagarle honorarios por gestionar el personal de la Intendencia, cosas insólitas si las hay. Solo para que se tenga claro, entre los años 2021 y 2024 se le pagó a la Fundación A Ganar, solo por concepto de honorarios por el “servicio”, aproximadamente $20.916.000 (veinte millones novecientos dieciséis mil pesos uruguayos), un despropósito se lo mire por donde se lo mire.
Ahora, lo del principio, en tanto se discute en el parlamento sobre la limitación de ingresos discrecionales a las intendencias, ¿qué cree el lector que es este mecanismo? pues bien, es claramente la trampa para eludir esa traba al ingreso, pues por esta vía, la IDP se asegura seguir con un sistema clientelar, donde hace y deshace según quiere, mete gente a dedo durante el quinquenio, a su gente, y mientras tanto se le vende a la población que a las intendencias solo se ingresa por concurso o sorteo; en fin, otra mancha más al tigre.
Sobre el punto, nos sigue llamando la atención el silencio ensordecedor de Adeyom, que nada dijo sobre el procedimiento que se inició en el 2020, y que guarda silencio nuevamente hoy día. En definitiva, no nos queda más que denunciar este procedimiento fraudulento de gestión del personal de la IDP, gestión que precariza la mano de obra, prioriza el trato clientelar, y se transforma en un mecanismo que elude cualquier tipo de control que el parlamento nacional sancione para limitar este tipo de abusos. Qué dirían de estos blancos, aquellos que lucharon en las cuchillas contra el clientelismo en el Estado, la falta de transparencia en la cosa pública, seguro que muchos de ellos no se reconocerían en estos correligionarios.
Federico Álvarez Petraglia
