“No hay pueblo en el mundo con más libretas de conducir que en Isidoro Noblía”, el municipio del departamento de Cerro Largo, de unas población que ronda los 3.000 habitantes y que expidió en los últimos tres años 8.970 licencias de conducir en tres años. La frase es del vocero de la Fiscalía, Javier Benech, al informar sobre este caso cuya investigación llevó adelante la fiscal Leticia Siqueira y por el que hasta ahora se ha formalizado a ocho personas. Es una libreta de conducir por año para cada habitante, en promedio.
El intendente departamental de Cerro Largo, Christian Morel, decidió, a poco de asumir su cargo, la suspensión de la expedición del documento habilitantes para manejar en calles y rutas de nuestro país ante los números llamativamente altos que mostraba el referido municipio. Las cifras exactas se conocieron públicamente después, cuando el edil Pablo Guarino realizó un pedido de informe desde la Junta Departamental –también lo hubo desde el Parlamento Nacional– para conocer más detalles sobre el caso. De ese total de libretas, 4.663 fueron otorgadas a conductores que tramitaron el documento por primera vez.
A las personas formalizadas se les imputaron delitos como asociación para delinquir, cohecho calificado y falsificación de documento público, penándoseles con prisión preventiva por 180 días y otros con arresto domiciliario por el mismo término, mientras prosigue la investigación. Las personas con prisión preventiva son una funcionaria municipal y un particular. Las personas con arresto domiciliario total con tobillera son dos funcionarios municipales y un particular. A ellos se sumaron el pasado jueves otras tres personas, ya condenadas en proceso abreviado, una de ellas con prisión y las otras dos con libertad a prueba. Entre estos se encuentra el exalcalde de esa localidad, Favio Freire, del Partido Nacional, quien se encontraba desempeñando un cargo de responsabilidad en la actual conducción del gobierno departamental, al frente de la Policía Municipal. Freire fue imputado por reiterados delitos de cohecho calificado, un delito de asociación para delinquir y reiterados delitos de falsificación de documento público.
Una mujer que oficiaba como “captadora” de los futuros conductores mal habilitados, fue imputada con una pena de un año y cuatro meses, de los que cuatro son en prisión efectiva, otra parte en prisión domiciliaria y el resto en libertad a prueba, según indicó Fiscalía.
La investigación prosiguió y el número de involucrados en la maniobra ascendió a 14, con varios que funcionarios públicos entre ellos. El 17 de julio se conocía un pedido de informes efectuado por el diputado del Partido Colorado Sebastián Sanguinetti, quien se interesó en conocer si en este proceso de otorgamiento de libretas de conducir se saltearon controles, como todo parece indicar.
Según publicó La Diaria en los tres años y cuatro meses del período relevado para el informe, en el municipio de Noblía se expidieron 3.927 libretas categoría A y B para autos, camionetas y pequeños camiones, 1.011 libretas para conducir maquinaria vial, 1.195 para motos, 490 permisos para manejar camiones sin límite de carga, 285 libretas para conducir taxis, 60 para conducir ómnibus y 2.002 libretas expedidas sobre las que no se informó la categoría.
Otros detalles aportados por el edil Guarino señalan que es posible que se ayudase en el examen teórico a quienes tramitaban la libreta, porque de esos casi 9.000 perdieron menos de 50. Pero lo más grave ocurría en el examen práctico, en la medida que “1.000 máquinas viales o agrícolas de gran porte en el pueblo nadie vio. 60 ómnibus, 500 camiones con remolques haciendo la prueba nadie vio”. Entre los imputados en el caso se encuentra una exdirectora de la Intendencia de Cerro Largo, en el área de Turismo, la empresaria Elvira del Río, titular de una academia de choferes, que era la encargada de trasladar interesados desde Melo. Aunque no era la única vía para acceder a este recurso ilegal, en la medida que había otros captadores, o facilitadores, que se encargaban además del cobro.
La investigación determinó que los viajes para sacar la libreta desde otros departamentos costaban 15.000 pesos. En ese monto estaba incluido el costo de la libreta, que obtenida por medios legales ronda los 3.000 pesos.
Esto que pasó en Noblía no es una novedad en nuestro país. Ha pasado en muchas ocasiones, sin ir más lejos en 2018 en Paysandú fueron 25 las personas sobre las que se pidió procesamiento por la expedición de licencias de conducir de la Intendencia de Paysandú, entre ellas a 15 personas que se comprobó que habían comprado licencias apócrifas, para las que se pidieron penal alternativas.
El asunto es muy serio y excede largamente el mero desvío administrativo. Es difícil comprender cómo no se interpreta por parte de los funcionarios la responsabilidad que supone expedir un documento habilitante para manejar libremente por el país, ya no hablamos de una moto, que también puede tener su consecuencia, sino en este caso maquinaria vial y camiones sin límite de carga. En medio de la pandemia de accidentes de tránsito en que estamos inmersos, no sería mala cosa que se considerara la imputación por intento de homicidio, que se activara una imputación de complicidad, en caso que alguno de los habilitados de forma fraudulenta participase en un siniestro. Sin embargo, sin llegar a existir ilegalidades hay otro tipo de situaciones igual de peligrosas que se dan en todo el país, incluso acá, a menos de 60 kilómetros de Paysandú.
Se supone que los exámenes para obtener la licencia de conducir están estandarizados y que son iguales en todo el país, al igual que el costo del trámite. Pero eso dista mucho de ser real. Por ejemplo, muchos de quienes “rebotan” en el examen en nuestra ciudad suelen probar suerte en Young o San Javier, donde existe la percepción popular que en esos lugares es casi imposible fallar. De hecho hace un tiempo publicamos una nota informativa sobre los requisitos para obtener la habilitación para conducir motos de más de 250 cc, donde en Paysandú es imprescindible realizar una difícil prueba práctica en una moto de alta cilindrada, mientras que en San Javier no se toma ese examen, de acuerdo a lo que nos manifestaron varios motociclistas que procedieron de esa forma. Lo más grave es que esa “libreta” se considera “profesional”.
También suelen recurrir al vecino departamento adultos mayores o personas que de antemano saben que tendrán dificultades para superar las pruebas electrónicas de reflejos que se realizan en la intendencia sanducera, utilizando un software específico que allá no se aplica.
Este tipo de casos evidencia que no se ha puesto el celo necesario para evitar que se otorguen “facilidades” a la hora de obtener este ambiciado documento. Qué razón había sino para que personas que pueden obtenerlo en forma reglamentaria elija hacerlo, en vez de en las oficinas de nuestra ciudad, de pronto en un municipio cercano, por mencionar una situación que ocurre y que es bien conocida por todos.
