El Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia informó que avanza en el Parlamento nacional el proyecto de ley que busca la creación de un régimen jurídico especial para las micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en zonas de frontera. La iniciativa, que comenzó a gestarse en 2018, apunta a otorgar beneficios impositivos, reducir las asimetrías cambiarias y frenar el contrabando, en un escenario en que –según advirtieron desde la institución– “las pymes fronterizas enfrentan serias dificultades para competir en igualdad de condiciones con los países vecinos”.
Según la publicación de Comercio de Frontera, desde la entidad recordaron que la propuesta fue elaborada en el marco de la Comisión de Ilegalidad y Fronteras de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), con participación del propio Centro de Comercio de Concordia. El texto fue acercado en distintas oportunidades a legisladores nacionales de la región, aunque con “suerte dispar en cuanto a su repercusión y acompañamiento”.
Finalmente, el diputado y exgobernador entrerriano Gustavo Bordet presentó la iniciativa, que declara de interés nacional la protección y fomento de las mipymes fronterizas. El proyecto contempla exenciones de IVA, la creación de un Consejo Nacional del Comercio Fronterizo y un marco regulatorio específico para favorecer inversiones en estas zonas.
La propuesta, inspirada en la experiencia brasileña de las “Lojas Francas de Frontera Terrestre”, no apunta a constituir una zona franca, sino a un régimen con beneficios cíclicos que permitan morigerar las diferencias fiscales y cambiarias con los países limítrofes.
El Consejo Nacional del Comercio Fronterizo (CNCF) estaría integrado de manera multisectorial, con representantes de organismos tributarios y aduaneros, de la Secretaría de Pymes, de gobiernos provinciales y municipales, de fuerzas de seguridad con competencia en frontera, del Ministerio del Interior y de gremios del sector. Tendría como misión relevar estadísticas, monitorear la evolución de variables económicas y proponer políticas de desarrollo regional.
En diálogo con medios argentinos, Fabián Hryniewicz, director de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de CAME, sostuvo que el impacto fiscal sería positivo: “No sólo crecería la demanda en zonas fabriles del país, sino que además obligaría a las empresas a regularizar la situación laboral de los trabajadores, ya que para acceder a los beneficios se requiere cumplir con todos los resguardos legales”.
En materia de asimetrías cambiarias, explicó que podrían compensarse mediante la quita de determinados tributos o la aplicación de medidas especiales, a ser analizadas por un consejo consultivo. “Hoy la desventaja en algunas fronteras llega al 40%, con un poder adquisitivo muy bajo que termina empujando a los consumidores locales a realizar sus compras en el exterior”, agregó.
Desde Misiones, el director de Defensa al Consumidor, Alejandro Garzón Maceda, recordó que la situación ha sido oscilante: “Hace dos años los mayoristas argentinos vendían por pallets, y muchas empresas abrieron sucursales cerca de la frontera. Pero cuando cayó el consumo, esas mismas sucursales cerraron”.
El texto establece que las compras en comercios fronterizos quedarían exentas de IVA hasta un tope mensual de 500 dólares por persona en el caso de visitantes extranjeros, y hasta 1.000 dólares para compradores nacionales. Se habilitaría la comercialización de alimentos, bebidas, calzado, vestimenta, artesanías, electrodomésticos y materiales, mientras que quedaría expresamente prohibida la venta de armas, explosivos, drogas u otros bienes restringidos.
Los fundamentos del proyecto remarcan que las comunidades fronterizas comparten lazos sociales, culturales y económicos, pero que las asimetrías macroeconómicas exponen a las empresas locales a un escenario de desventaja permanente. “El objetivo es garantizar el desarrollo económico y social de las comunidades limítrofes, bajo una visión de sostenibilidad e integración regional”, subrayó Bordet al defender la propuesta.
Actualmente, el proyecto ya obtuvo visto bueno en la Comisión de Pymes de Diputados, pero se encuentra detenido en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el legislador libertario José Luis Espert. Desde el sector empresarial advirtieron que la falta de tratamiento mantiene en suspenso una medida largamente reclamada por los comerciantes de frontera.
