Un proyecto de transformación de la ley de gobiernos departamentales, la 9.515 del 28 de octubre de 1935, ingresa a la Junta Departamental, desde donde –si se aprueba– deberá ser enviada al Congreso Nacional de Ediles, organismo que deberá establecer una comisión técnica.
La iniciativa parte del edil Marcelo Tortorella, quien sostiene que la ley “ha cumplido su ciclo en la regulación de la estructura política departamental desde el siglo pasado”, por lo que al cumplirse 90 años de su promulgación se propone “el desarrollo de un sistema integral para la gobernanza del siglo XXI adaptando la legislación a las nuevas realidades sociales, económicas y a las particularidades de la geografía nacional, que permita en definitiva a los gobiernos departamentales ser más eficientes y efectivos en sus funciones, profundizando la descentralización, y otorgando también nuevas perspectivas y desafíos”.
“Precisamente la Ley 9.515 vino a reglamentar las modificaciones constitucionales de 1934, y así se ha mantenido con escasas modificaciones hasta el presente, manteniéndose a pesar de las sucesivas reformas constitucionales supervinientes de 1942, 1952, 1967 y 1996”, destaca el edil del Partido Nacional. Aprovechando la posibilidad que otorga el artículo 273 numeral 11 de la Constitución, que permite a las Juntas Departamentales solicitar directamente del Poder Legislativo modificaciones o ampliaciones de la Ley Orgánica de los Gobiernos Departamentales, establecer una comisión especial a través del Congreso Nacional de Ediles que estudie la actualización de la legislación reguladora de los gobiernos departamentales. La moción de Tortorella propone que la Junta Departamental de Paysandú, oficie y remita la iniciativa al Congreso Nacional de Ediles para conformar una Comisión Especial “cuyo objeto sea estudiar, analizar, asesorar y elaborar un proyecto de ley que será elevado al Parlamento Nacional, de una nueva Ley Orgánica de los Gobiernos Departamentales”. Esa comisión especial “tendrá como cometido, gestionar el asesoramiento técnico con destacados constitucionalistas, generando vínculos, aportes e intercambios con las cátedras de los Institutos de Derecho Público y Administrativo tanto de la UdelaR y de las Universidades privadas más reconocidas, Universidad Católica del Uruguay (UCU), Universidad de Montevideo (UM) y Universidad Claeh”, agrega Tortorella.
Durante el proceso se organizaran talleres de intercambio entre las comisiones de Legislación y Descentralización del Congreso Nacional de Ediles y las Juntas Departamentales.
“Esta Comisión Especial deberá tener sus conclusiones y el proyecto que se elevará al Parlamento, antes del Congreso Anual de 2026, donde se pondrá a consideración y aprobación del Plenario Nacional del Congreso Nacional de Ediles, previo informe de la Mesa Nacional y con participación de los expositores sí ello fuere necesario”, subraya Tortorella.
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