El diputado Fermín Farinha aseguró que el proyecto incorporado al Presupuesto Nacional que afecta el secreto bancario por encima de las actuales disposiciones establecidas por las leyes 18.083 y 19.484 “desconoce principios esenciales de nuestra Constitución, en especial lo dispuesto por el artículo 72, que ampara derechos inherentes a la persona aun cuando no estén expresamente enumerados.
La propuesta no es meramente técnica: supone cambiar las reglas de juego, atribuyendo a la Administración –y en particular al director de Rentas– facultades exorbitantes sin control jurisdiccional y sin salvaguardas que protejan la intimidad de los ciudadanos”.
Enfatizó que la ley 19.484 ya flexibilizó el régimen en 2017, “pero ahora es el tiro de gracia”. Y dijo que “si realmente queremos promover la inversión, si todos queremos que el Uruguay crezca al 2.6% promedio, debemos mantener la seguridad jurídica”.
Durante la sesión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados para considerar el proyecto de ley del Presupuesto Nacional, a la que asistió el ministro de Gabriel Oddone, Farinha lo consultó sobre el particular.
“Ante nuestro pedido de explicaciones, el ministro sostuvo que se trata de una recomendación internacional, planteando la disyuntiva entre ‘resignación’ y ‘soberanía’, y advirtiendo que el país será evaluado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) como ‘ampliamente cumplidor’ o ‘parcialmente cumplidor’”.
El diputado por el Partido Nacional recordó que “el artículo 635 proyectado concede a la Dirección General Impositiva (DGI) la potestad de acceder de manera directa, sin intervención judicial y sin garantías efectivas, a la información relativa a cuentas, depósitos y movimientos bancarios de los contribuyentes”.
Si bien durante la reunión en Ministro de Economía y Finanzas dijo que está analizando enviar un texto sustitutivo del artículo de secreto bancario, Fermín Farinha subrayó que “el secreto bancario no es un privilegio de las instituciones financieras: es una garantía derivada del derecho a la intimidad de los individuos. Su eliminación bajo el argumento de demoras judiciales o dificultades en la identificación de titulares de cuentas carece de fundamento suficiente y representa una decisión grave y desproporcionada”. “Uruguay puede y debe mantener su adhesión a los compromisos internacionales de transparencia, pero no a costa de sacrificar su soberanía jurídica ni debilitar las garantías constitucionales que sostienen nuestro Estado de Derecho”, aseguró más adelante.
“Creo que la controversia como está planteada, de si derogar o no el secreto bancario no es el fondo del asunto, sino que lo que hay que analizar en profundidad, es si reglamentar e intentar proteger el interés fiscal a la luz de la presión internacional, o generar más transparencia sin vulnerar derechos individuales”.
Fermín Farinha finalizó indicando que “a la consolidación de nuevos tributos y al incremento de la presión fiscal se suma un aumento en la eficiencia recaudatoria que, lejos de fortalecer la seguridad jurídica, puede terminar generando una pérdida de confianza en la plaza financiera uruguaya, con mayor riesgo de excesos y arbitrariedades”.