A lo largo de los siglos y en las últimas décadas particularmente, se han acrecentado reclamos y alcanzado logros por movimientos feministas en todo el mundo, apuntando a una igualdad de derechos entre ambos sexos, porque precisamente el machismo que denuncian es consecuencia y causa de un arraigo cultural retroalimentado que viene desde el fondo de los tiempos.
El acceso tan postergado a la igualdad de derechos, tanto desde el punto de vista legal como práctico, para no dejarlo solo establecido en los papeles, es un sino de los nuevos tiempos, de avances que se han dado en cuanto al acceso laboral, a los estamentos más elevados de la educación y a la inserción en general en un mundo históricamente regido por hombres, y que por lo tanto estructuralmente responde a las viejas concepciones, a la vez que se mantienen ciertos prejuicios que no solo provienen del mundo masculino, sino de las propias mujeres y muchas veces, hacia sus propias congéneres.
Es que el factor humano es realmente complejo, al punto que los “colectivos” que asumen ser representantes del sentir de las mujeres, por regla general son solo seguidos por el núcleo duro de activistas, y sus reclamos también por regla general no suelen representar el verdadero sentir de la mayoría de las mujeres, que se quedan sin voz y voto a la hora de conformar la “plataforma” de reivindicaciones de las activistas, que suelen concentrarse en llevar agua hacia su molino exclusivamente.
Una de las consecuencias de esta “lucha”, teñida las más de las veces por sesgo ideológico de izquierda, ha sido por ejemplo en nuestro país la aprobación de leyes vinculadas al género, que se han “bandeado” y van incluso contra preceptos constitucionales básicos, como la igualdad de derechos de los ciudadanos ante la ley. Es que cuando de cuestiones de género se trata, la Justicia ha quedado flechada contra los varones, y en principio se toma solo la palabra de la mujer como válida para montar una densa red que en los hechos sofoca los derechos del individuo masculino en los tribunales y lo deja como ciudadano de segunda clase solo por su género.
Estas consideraciones mencionadas como al pasar dan la pauta de que no hay polvos que no dejen de traer lodos y que el intento de cambiar el estado de cosas no siempre se hace criteriosamente y los que se sienten postergados, apoyados por “lobbies” logran reivindicaciones que no tienen nada de justas, sino que aparecen más bien como una especie de revancha por tantos años de frustraciones y situaciones injustas. Como consecuencia, lo que generan es que causas en apariencia justas queden expuestas ante la opinión pública como lo que realmente son por venir de quien viene: un modus operandi de victimización, seguido de distorsión de hechos y exposición ante la opinión pública pera la ejecución social de los acusados, en forma sumaria y sin que haya posibilidades de desandar camino cuando muchas veces se prueba su inocencia. Es que aquellos que han quedado en la picota suelen perder sus empleos por si acaso, y por la acción de las activistas quedan arrinconados como parias de la sociedad, solo porque algunas dudas siempre quedan una vez que el caso cobra difusión pública.
En las sesiones de la Junta Departamental de Paysandú, sin ir más lejos, hemos asistido a episodios en que edilas de la oposición mayoritaria se han despachado a lo lindo con acusaciones de diferente tenor, por temas políticos, hacia colegas de otro partido, pero al respondérseles en términos políticos y desmentir lisa y llanamente las acusaciones, se victimizan denunciando que son objeto de ataque debido a que son mujeres y no por lo que dijeron. Ergo, lo que hacen es entreverar los tantos, asumiendo que así vuelcan el debate hacia su lado, cuando lo que hacen es exponer ante el ciudadano que tiene al menos dos dedos de frente un argumento de “género” insostenible, y por lo tanto conspirando contra la propia causa que dicen defender.
Desde adentro del Poder judicial, en su profesión como abogada defensora, la Dra. Daiana Abracinskas, expone el calvario que le ha significado el ejercer su profesión cuando ha tenido que defender a acusados de violencia de género o en disputa legal por hechos vinculados a tenencia de menores y patria potestad, entre otros, porque la consecuencia es que sistemáticamente es atacada por los colectivos feministas “ultra” y acusada de ser defensora de varones agresores, vendida “al machismo”.
En entrevista publicada por Montevideo Portal, Abracinskas se reconoce feminista, pero critica lo que llama una sororidad condicionada. “La sororidad es selectiva: funciona solo cuando escuchan lo que quieren oír. Para mí eso es una aberración”, puntualiza, al mencionar que esa postura la enfrentó a fuertes cuestionamientos dentro del propio movimiento feminista. “El primer mensaje que recibí tras una audiencia en el caso de Valizas fue: ‘¿No hay congéneres que defendieran a los machos violadores?’ Era alguien a quien yo respetaba mucho. Hubiera preferido que me llamara para preguntarme por qué defendía ese caso. Al final, los jóvenes fueron absueltos en primera y segunda instancia, y nadie me escribió para decirme ‘vamos arriba, ganaste un caso de inocentes’”.
Este es uno de los tantos casos en lo que los presuntos victimarios son quemados en la hoguera por los grupos feministas a ultranza, como en el episodio de los jóvenes de Artigas acusados de violación grupal, y luego absueltos, pero sin perder de vista todo el drama que les significó quedar en medio de la condena social y la presión de una fiscalía influenciada por los lobbies feministas.
Su mirada crítica se extiende también a que “cuando las filtraciones salen de Fiscalía es gravísimo, porque es el Estado el que está habilitando esas irregularidades. Otra cosa es un periodista que consigue datos: ese es su trabajo”. Pero claro, si no hay una filtración –generalmente por intereses políticos—difícilmente un periodista pueda acceder a expedientes o datos que no son de libre acceso.
Cuestiona la falta de rigor y el sesgo ideológico: “He visto a periodistas vender como verdad revelada filtraciones incompletas o malintencionadas. El periodismo no puede hacer política disfrazada. Si querés militar, hacelo, pero no desde un micrófono”.
En ese marco, critica las consignas dogmáticas: “He escuchado decir que ‘la víctima no miente’. Y eso es un error. Las personas mienten: víctimas, acusados, familiares. No es una cuestión de género”. Y acá está el tema de fondo: según la ley de violencia de género, a la mujer hay que creerle, como si el género y no el factor humano fuera el factor que distingue entre la verdad y la mentira, o la verdad a medias y la consecuente distorsión de los hechos.
Abracinskas también apunta al sistema judicial y a la necesidad de pericias técnicas de calidad. “Hoy muchos informes se reducen a repetir lo que dice la denunciante, sin verificar nada. Eso genera una Justicia para ricos, que pueden pagar metapericias, y otra para pobres, que quedan indefensos. Necesitamos un Instituto Técnico Forense con profesionales capacitados y no ideologizados”, sostiene.
Rechaza conceptos como “violencia vicaria” o “síndrome de alienación parental”: “No existen, no tienen sustento científico. Usar tragedias para validar consignas es aberrante”, y precisamente esa es la visión que la presión y acción sistemática del feminismo a ultranza, mal entendido, ha logrado filtrar en la sociedad. Y lo ha logrado en gran medida, con la complicidad de integrantes del sistema político fuertemente ideologizados o permeables a presiones de los colectivos, a periodistas afines o militantes, y una normativa distorsionada, además de un sistema judicial donde hay fiscales y jueces militantes que incluso no han ocultado su ideología de género a través de las redes sociales, o manifestaciones públicas reveladoras, pero casi siempre sin consecuencias ejemplarizantes.
Como si la imparcialidad en la Justicia fuera un tema menor y no su precepto básico.
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