Comprometiendo el futuro ante el déficit en innovación y productividad
Al haberse definido desde el Ministerio de Economía y Finanzas —al menos hasta ahora— que no habrá mensaje complementario respecto al proyecto de ley de Presupuesto Quinquenal, la situación puede resumirse con una de las frases preferidas del expresidente José Mujica: “es lo que hay, valor”. Esto implica que, con los tiempos apremiando las definiciones, los reclamos presupuestales de varios sectores —como la enseñanza y, especialmente, la Universidad— solo podrían ser atendidos, al menos parcialmente, mediante reasignaciones o trasposiciones de recursos.
En resumidas cuentas, se trata de sacar fondos de un lado para trasladarlos a otro; dejar a algunos con menos para atender las demandas de otros grupos de presión o lobbies, dejando al desnudo, como pocas veces, el llamado “síndrome de la sábana corta” que caracteriza a la distribución de los recursos estatales en cada período de gobierno.
Es decir, hay un tironeo contrarreloj entre quienes quieren una porción mayor y quienes no quieren ver reducida la que ya tienen asignada. En esta redefinición de prioridades se juega un “alargue” fundamental —en términos futbolísticos—, el último plazo para intentar dar vuelta el resultado.
La economía, sin embargo, tiene reglas claras, y una de las principales es no gastar más de lo que se tiene. La única alternativa sería endeudarse o seguir arrastrando déficit en las cuentas públicas. Y, al postergar las correcciones necesarias, lo único que se logra es consolidar el déficit y limitar cada vez más las herramientas disponibles para cumplir las metas propuestas.
En ese marco, el ministro de Economía y Finanzas, Ec. Gabriel Oddone, ha señalado que no existen posibilidades de reducir —ni siquiera de mantener— el déficit fiscal si se atienden todos los pedidos presupuestales que quedaron sin respuesta. Desde el punto de vista estrictamente numérico, la única opción es “sacar de un lado para poner en otro”. Pero lo que puede parecer lógico en las planillas contables no lo es tanto cuando detrás de los recursos a reasignar hay personas, instituciones, necesidades o prioridades que se postergan en un amplio mar de demandas.
Conviene recordar que, al hablar de distribución de recursos, en el Estado siempre hay “paño para cortar”. Existen dependencias con competencias superpuestas, áreas sobredimensionadas en personal y otras que, por el contrario, reclaman más recursos humanos y materiales. Hay programas a medio ejecutar que podrían interrumpirse si no reciben los fondos necesarios, y casi todos los sectores —salvo contadas excepciones— golpean la puerta pidiendo más, convencidos de que lo merecen y lo necesitan para sostener y expandir sus actividades.
En este tire y afloje hay de todo, y las negociaciones, planteos y reuniones con los directamente interesados no siempre terminan como muchos esperan. Es que, cuando varios reclaman cien y solo hay diez para repartir, las frustraciones suelen ser el denominador común, y los satisfechos, la excepción.
Pero existen otros aspectos del Presupuesto Quinquenal en discusión que trascienden el corto plazo. Se refieren al futuro del país más allá del período 2025-2029, porque hay cuestiones estructurales que ni siquiera se rozan en el debate presupuestal, lo que permite suponer que no habrá correctivos adecuados en este quinquenio.
Uruguay, más allá de la estabilidad macroeconómica que exhibe —notable para un país con nuestras vulnerabilidades—, arrastra debilidades que condicionan su desarrollo y para las cuales no se han previsto respuestas. Todo se posterga “para más adelante”, para ese “algún día” que nunca llega. En ese sentido, según un informe de la Consultoría Económica de Grant Thornton en Uruguay y Paraguay, recogido por el suplemento Economía y Mercado del diario El País, los indicadores de innovación muestran un rezago persistente. De acuerdo con datos del Banco Mundial, el gasto en investigación y desarrollo equivale a apenas 0,63 % del Producto Bruto Interno (PBI), frente a un promedio del 3 % en los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), e incluso por debajo de Brasil, que destina alrededor del 1,5 %.
Además, la mayor parte de esa inversión proviene del sector público, con una participación empresarial todavía muy limitada. Este rezago innovador se refleja también en la productividad, estancada en los últimos quince años. Es decir, aunque aumenten el empleo y el capital, si no mejora la eficiencia productiva, los avances en ingresos y salarios reales serán escasos o nulos. A ello se suma un mayor costo de bienes y servicios en relación con los ingresos promedio de la población.
Esta baja productividad genera mayor vulnerabilidad frente a los vaivenes externos. Según el mismo estudio, la productividad laboral —medida como PBI por hora trabajada en paridad de poder adquisitivo— se mantiene en torno al 44 % del nivel de Estados Unidos, sin señales de convergencia desde mediados de la década pasada.
Y acá volvemos al Presupuesto 2025-2029. Aunque en su exposición de motivos se reconoce la importancia de fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación, este sector pasa de representar el 0,4 % del total presupuestal en 2025 al 0,3 % en 2029, lo que implica una caída del 8,4 % en el último año del quinquenio.
Esto demuestra que los recursos que se detraen de los sectores reales de la economía para financiar el funcionamiento del Estado apenas alcanzan, en el mejor de los casos, para sostenerlo. Invertir menos en ciencia, tecnología e innovación significa avanzar en sentido contrario al del mundo. Una contradicción evidente con lo que se proclama desde el sistema político, sin distinción de partidos: se repite el discurso de la modernización, pero los hechos muestran que seguimos improvisando y apagando incendios en lugar de prevenirlos. Cada Presupuesto Quinquenal es una muestra elocuente de esa realidad.
En las últimas horas se conoció que en la Confederación Sudamericana de Fútbol se radicó, a través de su Órgano de Instrucción de la Comisión de Ética, una denuncia “anónima” (ver denuncia en web) contra los clubes Nacional y Cerro Largo por una presunta “infracción a la normatividad deportiva”.
