(Por Horacio R. Brum).- “De vez en cuando, su trabajo podría comprender el acceso a información oficial. Bajo las Leyes de Secretos Oficiales, 1911 y 1939, quienquiera que entregue información secreta a una persona no autorizada, o la retenga en su posesión sin tener la autoridad para ello, comete un delito. El no cuidar razonablemente de tal información, o no cumplir con las directivas oficiales sobre su manejo y disposición también constituye un delito”.
“Por favor, indique que entiende que la naturaleza de su trabajo lo hace sujeto de lo dispuesto en las leyes mencionadas, al firmar esta copia y devolvérmela. La otra copia es para usted”.
Aquel párrafo se parecía a las instrucciones dadas a un agente de una película de James Bond, pero era sólo una parte de los papeles contractuales que este cronista tuvo que firmar cuando ingresó al Servicio Latinoamericano (Radio), de los Servicios Mundiales de la BBC de Londres. Fue un año después de la guerra de las Malvinas, el conflicto durante el cual la Primera Ministra Margaret Thatcher había acusado a la BBC de entregar información a los militares argentinos, sólo porque sus corresponsales relataban los hechos con precisión e imparcialidad. La guerra en el Atlántico Sur marcó un punto de quiebre en la relación de la corporación periodística con los gobiernos y reveló que la independencia de ella depende de un delicado equilibrio entre el periodismo independiente y la política, que puede quebrarse con facilidad cuando hay autoridades dispuestas a romper las reglas del juego.
Margaret Thatcher y su esposo Denis –el principal financiador de su carrera política–, detestaban a los periodistas. Ella, porque el periodismo era implacable en denunciar los errores y los efectos sociales de su gobierno y él porque los medios de comunicación no afines al partido Conservador informaban sin ambages de sus negociados. En una reunión con sus colegas empresarios, Denis Thatcher se refirió a la BBC como “un nido de rojos y maricas” y la virtual guerra civil en Irlanda del Norte dio pretextos al gobierno de Thatcher para crear varios mecanismos de censura a las informaciones sobre lo que eufemísticamente se denominaba “The troubles” (los problemas); la Primera Ministra justificó esos ataques a la libertad de información con la frase: “No hay que dar a los terroristas el oxígeno de la publicidad”.
En ese contexto, en agosto de 1985 el ministerio del Interior pretendió prohibir un documental que incluía una entrevista con Martin McGuinness, el representante del ala política del Ejército Republicano Irlandés, quien años más tarde fue uno de los artífices de la paz. La respuesta del periodismo británico fue una huelga general; por primera vez en su larga existencia, la BBC suspendió su labor informativa para Gran Bretaña y el mundo, en una medida que tuvo el respaldo de los profesionales de la mayor parte de los medios de comunicación del país. Como consecuencia, el documental fue transmitido y el ministro del Interior pidió disculpas públicamente por el intento de censura. No obstante, los roces del gobierno de Thatcher con el periodismo y en particular con la BBC continuaron.
En 1986 se suspendió un docudrama para la TV que describía los entretelones políticos de la guerra de las Malvinas porque, según la BBC, el material podía influir en el resultado de las elecciones de ese año, que nuevamente ganó la Primera Ministra. El mismo año se difundió una investigación complementaria del documental Death on the Rock (Muerte en Gibraltar), realizado por la televisión comercial, que reveló cómo las fuerzas especiales británicas ejecutaron en esa colonia a tres miembros desarmados del Ejército Republicano Irlandés, con el argumento de prevenir un atentado terrorista; una vez más, la BBC fue acosada judicialmente por el gobierno, pero mantuvo su independencia.
Aunque la Sra. Thatcher tuvo que renunciar en 1990, obligada por su propio partido a causa de la deriva autoritaria que estaba mostrando su gestión, los intentos de controlar al periodismo y limitar la autonomía de la BBC continuaron. Durante las guerras de las potencias occidentales en Irak y Afganistán se hizo común el sistema de los “periodistas integrados” (embedded journalists), que solamente podían hacer su cobertura al alero de las fuerzas militares. Un memorándum de seis páginas recibido por quien esto escribe y sus colegas al inicio de la primera intervención militar en el Golfo Pérsico (1991), comenzaba así: “Cuando el país está en guerra, no queremos agregar más peligros a aquellos que ya enfrentan nuestras fuerzas armadas…” Por ello, se instaba a aceptar la censura de las informaciones que solicitara el Ministerio de Defensa y a no confiar plenamente en las fuentes de otras organizaciones, entre las cuales se mencionaba a CNN. Lejos habían quedado los tiempos de la amplia autonomía informativa en las Malvinas y la frase de este cronista en una reunión editorial: “Los militares van a la guerra a matar o a morir; no es nuestro cometido protegerlos, sino informar objetivamente”, causó escozor entre los jefes de redacción.
Quienes defienden a diario la independencia y la calidad del trabajo periodístico de la BBC son los integrantes de sus cuadros inferiores. Los directivos caminan permanentemente por una delgada línea que separa la libertad de información de los intereses del gobierno de turno, porque la Corporación es un organismo muy particular, propio de un país como Gran Bretaña, donde no existe una Constitución escrita y la protección de las libertades se basa en acuerdos seculares. Cuando comenzaba el auge de la radio, el gobierno británico se dio cuenta del poder de ese nuevo medio de comunicación y tomó la iniciativa para regularlo. Así, en 1927 la compañía privada British Broadcasting Company pasó a ser la British Broadcasting Corporation, una corporación de derecho público creada por mandato de la Corona. Ese mandato –que se renueva periódicamente; el actual vence en 2027–, está plasmado en un documento que consagra la independencia de la BBC y fija su misión, derechos y obligaciones. El problema es que, como desde hace varios siglos el monarca “reina, pero no gobierna”, los términos del mandato son vulnerables a la interferencia del gobierno, que también influye, Parlamento mediante, en la designación del Consejo Directivo. Otra herramienta poderosa de presión es la licencia de uso de servicios de TV y radio que pagan todos los ciudadanos y hoy llega a los 230 dólares anuales. Originalmente, toda la recaudación iba a la BBC, pero el desarrollo del mercado de los medios de comunicación determinó que en la actualidad sea compartida con otras empresas. De todos modos, es el gobierno con el Parlamento el que fija la suma.
Considerado todo lo anterior, el incidente con Donald Trump a causa de una supuesta edición tendenciosa de la incitación que hizo a sus partidarios a marchar sobre el Congreso, en 2021, se inscribe en las dificultades que día a día enfrenta la BBC para mantener su imagen de objetividad e independencia a salvo de los embates políticos. Desde el punto de vista periodístico, las declaraciones de Trump fueron editadas en función de su significado, con un lenguaje que implícitamente incitaba a la violencia, aunque en la frase que quedó afuera el actual presidente de los Estados Unidos instara a manifestarse pacíficamente. Más allá de la discusión profesional, el hecho político es que, desde la Segunda Guerra Mundial, todos los gobiernos británicos mantienen lo que llaman “special relationship” (relación especial) con Washington. Cuando el poderío nazi estaba en auge en Europa, el primer ministro Winston Churchill poco menos que imploró al presidente Franklin D. Roosevelt la ayuda norteamericana.
Ese apoyo tomó impulso después del ataque japonés de 1941 a la base de la flota estadounidense en Hawai, porque Roosevelt pudo convencer a sus conciudadanos de entrar en la guerra. En los años de la posguerra, Gran Bretaña vio despedazarse su imperio y fue perdiendo relevancia política y económica en el continente europeo y en el mundo, pero la “special relationship” la salvó de convertirse en una potencia de tercer orden. Hasta la victoria en las Malvinas tuvo un componente norteamericano, porque Estados Unidos autorizó que se entregaran misiles aire-aire de los arsenales de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), para ser empleados contra la fuerza aérea argentina.
La visita de Estado realizada por Donald Trump en setiembre estuvo envuelta en toda la pompa de la monarquía y reflejó una vez más la necesidad británica de mantener la relación especial, habida cuenta del rápido deterioro que está sufriendo la popularidad del Primer Ministro laborista Keir Starmer y el descontento de una parte considerable de la población por los escasos beneficios que reportó la salida de la Unión Europea. La declaración de Starmer ante el Parlamento de que apoya la existencia de una BBC “fuerte e independiente”, pero que la Corporación debía responder por sus errores y corregirlos rápidamente es otro ejemplo de la relación ambigua de los políticos con una organización que forma parte de la identidad nacional y es llamada afectuosamente “La Tía BBC”.