El plantear las cosas en perspectiva, es decir con una mirada y concepción que va más allá del presente y el futuro inmediato, no es precisamente una virtud característica de nuestros gobernantes ni mucho menos, y tiene que ver ello también con un factor cultural, con el inmediatismo que preside nuestras acciones en lo que refiere a la vida diaria, y en el caso de los actos de gobierno, a la primacía de intereses cortoplacistas, de acceso al poder y de mantenerlo, lo que hace que prime la búsqueda de contar con el apoyo popular en la siguiente elección, antes que pensar en políticas de Estado para aplicarse por los que vengan.
Cuando la administración del presidente Yamandú Orsi ha definido el presupuesto quinquenal, con la innovación de reasignación de partidas para favorecer a sectores como la educación, en desmedro de otros, –al mantenerse el monto inicial de las asignaciones presupuestales– en realidad se está plasmando en números y lineamientos su filosofía de gobierno, pero modificando la propuesta inicial surgida del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Economía y Finanzas, al que los legisladores enmendaron la plana en varias áreas, por decisiones políticas que torcieron y revirtieron los destinos iniciales de determinadas partidas.
En resumen, se sacó dinero a unos para destinarlo a otros, en base a criterios políticos, redefinición de prioridades y muchas veces cediendo a la presión de los lobbies de corporaciones que se habían sentido postergadas o perjudicadas por el presupuesto previsto inicialmente. Un escenario que por supuesto no se ha dado solo en este gobierno, sino que por el contrario, se repite en cada período, porque en el Parlamento se presentan ámbitos de discusión, negociación y bajada a tierra de realidades que no son tales si se las estudia más detenidamente, cuando el tema es planteado por los propios protagonistas o afectados por tal o cual asignación presupuestal que no era la esperada.
Pero un presupuesto quinquenal por lo general tiene precisamente esa característica, una previsión de cinco años en el mejor de los casos, para atender problemas puntuales, muchos de los cuales se arrastran desde hace varios años y a los que se les va aplicando un parche a la espera de que con el tiempo las cosas puedan solucionarse o perfilarse mejor.
Esa es lamentablemente la tónica que se da en nuestro país en cada período de gobierno, y mucho más aún cuando el gobierno cambia de partido, porque encima de los cortoplacismos vienen los revisionismos y el borrar o dejar por el camino lo que hizo el gobierno anterior, y ello implica no solo cambios de sesgo político las más de las veces, sino que los correctivos implican destinar más recursos hacia donde ya se gastó dinero para cambiar la pisada respecto al gobierno anterior y así sucesivamente, lo que implica más gasto para el Estado, para todos los uruguayos y lo que es peor, se trata de dinero mal gastado y perdido.
El punto es que sigue ausente el instrumentar estrategias de crecimiento para zafar del magrísimo uno por ciento anual que con suerte se ha mantenido en todos estos años como promedio, en medio de avatares, algunos autoinfligidos y otros que nos han llegado desde el exterior.
En el año 2024, como suele ocurrir en año electoral, hubo un abandono de la cautela en el gasto estatal y se disparó el gasto, pero más allá de este período especial, todo intento más o menos bien encaminado para adecuar el gasto estatal a las posibilidades y necesidades del país ha fracasado o tenido un éxito muy parcial.
Recordamos en este sentido conceptos del fallecido economista Ricardo Pascale cuando señalaba –con toda razón– que Uruguay no tiene una estrategia de crecimiento de largo plazo. “Si me entrevisto con australianos, finlandeses o indios, por ejemplo, sabrán responderme perfectamente hacia dónde van sus países. En nuestro caso no sabríamos qué decir, más allá de aquellas cosas que nos distinguen y nos enorgullecen como país, de lo institucional, del respeto a las leyes, etcétera”.
Mencionó asimismo entre otros obstáculos “el corto plazo y la aversión al riesgo, sin dudas. Y corre tanto para el sector público como para el sector privado”, a la vez de indicar que “cada paso, cada cambio, nos cuesta mucho. Es una cuestión idiosincrática, que ojalá que la podamos ir superando. Porque es un obstáculo muy fuerte, que va de la mano con no pensar en el futuro”. Y no habla de las revisiones político-ideológicas que mencionábamos, sino de cambios reales del statu quo, en la dirección correcta.
Es que, como señalábamos, en el Uruguay todo se hace en función del corto plazo, y peor aún, con tendencia a la improvisación según vayan surgiendo los temas, sin a la vez meter la mano en los aspectos estructurales que se vienen arrastrando desde épocas inmemoriales, y ello hace que se vaya atendiendo lo urgente y postergando lo importante.
Precisamente las grandes obras de infraestructura indispensables para el desarrollo del país, no pueden pensarse en función de períodos de cinco años de gobierno. Pero claro, el tema con los proyectos de infraestructura es que no se pueden diseñar de un día para otro, y que deben obedecer a una estrategia de mediano y largo plazo, en la que todos los partidos estén de acuerdo, en base a políticas de Estado, para dar la seguridad de que habrá continuidad y que quien siga en el gobierno no descarte lo que hizo el otro.
El punto clave, además, es que cambian los partidos en el gobierno y cada uno llega con su propia agenda, además de una mirada generalmente despectiva de lo que han hecho los gobiernos que le han precedido, y muy pocas veces dando una continuidad o énfasis necesario a lo que otros han hecho o proyectado. Y así no hay país que pueda seguir adelante, porque se da un pasito para adelante y dos para atrás, con despilfarro consecuente de tiempo, dinero e incertidumbre para los inversores y los sectores reales de la economía.
También es una realidad que en este juego político, se suele cambiar la perspectiva según se esté en el poder o en el llano: lo que hoy critica la oposición, mañana, del otro lado del mostrador, lo hace en el ejercicio del gobierno y viceversa.
Un buen ejemplo: está en el tapete el proyecto de HIF Global para la producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos en Paysandú, por una inversión del orden de los 6.000 millones de dólares, pero el actual gobierno cuando era oposición ya tenía reparos sobre la iniciativa, y ahora, en buena medida ha cambiado –enhorabuena– la perspectiva, desmarcándose de los activistas de una y otra orilla que se oponen al proyecto y/o a su ubicación.
Es una buena noticia en este sentido que ya desde los organismos competentes del Poder Ejecutivo, caso del Ministerio de Ambiente, se diera lugar a la solicitud de viabilidad ambiental de localización (VAL) del proyecto, tanto en lo que se refiere a su ubicación como al uso del recurso agua.
Pero este es solo un proyecto entre muchos, aunque de gran significación, y lo que se requiere son ámbitos donde se definan que los proyectos de infraestructura sean políticas de Estado, con dependencias institucionalizadas a esos efectos, de forma de diseñar líneas de acción a mediano y largo plazo, que trasciendan un período de gobierno. El inversor necesita un terreno firme para seguir adelante y encaminar la diversidad de acciones que es necesario emprender para proyectos de gran envergadura, en lugar de eternizarse en los trámites y estar siempre sometido al albur de que el gobierno siguiente lo ponga en el freezer o decididamente de marcha atrás en lo que se ha avanzado.
