El aporte del voluntariado al bienestar de las personas y las diferentes comunidades es algo reconocido desde hace tiempo. Su presencia y rol marca una diferencia en el mundo en lo que respecta a la contribución a la cohesión social y la satisfacción de las necesidad de muchos grupos poblacionales frente a situaciones de pobreza o de crisis. La Agenda 2030 de Naciones Unidas reconoce el papel del voluntariado como motor para alcanzar los denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio, destacando particularmente sus aportes a la reducción de la pobreza, la educación de calidad, la acción climática y su contribución a la paz, justicia y solidez institucional. El voluntariado no es solamente una manifestación de la solidaridad sino, fundamentalmente, una poderosa herramienta hacia la transformación social. Reconocer el valor de esta contribución no implica desconocer que el voluntariado también pone de relieve las limitaciones del sistema público para desarrollar su acción en las diversas áreas que son su responsabilidad. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), casi un 15% de la población mundial adulta realiza actividades de voluntariado, lo que representa aproximadamente mil millones de personas. Su trabajo solidario y honorario es cuantificable también desde el punto de vista de la contribución económica y es muy significativa. En este sentido, según la OIT el trabajo voluntario equivale a más de 109 millones de empleos de tiempo completo, lo que sería una parte sustancial del Producto Bruto Interno en muchos países. En nuestro departamento, como en otras partes del interior del país, la cultura del voluntariado constituye una expresión de compromiso comunitario con diferentes causas, desde acciones barriales hasta en instituciones deportivas, sociales, culturales, organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, las parroquias, bibliotecas comunitarias, comisiones de diferente tipo, la salud, la vivienda o el apoyo a la educación o acciones destinadas a la niñez o la tercera edad, entre otras. “Tradicionalmente el trabajo voluntariado era una actividad casi invisible para la sociedad en general, así como para los organismos de gobierno, para el mundo académico y con casi nula repercusión en los medios de comunicación. En los últimos años esta percepción se ha revertido, son reiteradas las apariciones sobre esta temática en la prensa, en encuestas de opinión, el tema se ha incorporado en la las agendas de organismos de gobierno y se maneja a nivel de la población en general. (…) La atención prestada por los medios de comunicación es una respuesta, una búsqueda de una alternativa posible frente al descreimiento general, a la pérdida de valores, a la crisis social y económica que afecta a toda la sociedad”, señalan las académicas Analía Bettoni y Anabel Cruz en un estudio sobre el tema publicado a principios de los años 2000. Veinticinco años después podría decirse que, a pesar de la “liquidez” de los tiempos contemporáneos, el voluntariado vive entre nosotros como una tradición solidaria que honra la historia de nuestro país y departamento, siendo el reflejo de la existencia de una ciudadanía activa y solidaria. Según la Encuesta Nacional de Voluntariado de 2019, se trata de una práctica ampliamente extendida en el país ya que una de cada cuatro personas realizó actividades voluntarias en el último año previo al estudio, lo que ubica a nuestro país entre los más comprometidos de América Latina en cuanto a participación social. No obstante, el voluntariado en áreas como la alimentación, la salud, el apoyo escolar o el acompañamiento a personas mayores también puede ser interpretado como una expresión de la insuficiencia de las políticas públicas para atender las necesidades más básicas de la población en diferentes puntos del territorio nacional. El punto es que cuando la sociedad organizada se convierte en un sostén importante de las poblaciones vulnerables, lo que está en discusión es la capacidad del Estado para garantizar los derechos de esas personas. En muchos rincones del país --y esa fue una realidad que resultó aumentada durante la pandemia a través de las ollas populares, por ejemplo-- son los grupos u organizaciones de voluntarios las que sostienen comedores, acompañan adultos mayores o sostienen el funcionamiento de alguna biblioteca comunitaria. En Paysandú como en otros departamentos del país, algunas organizaciones de voluntarios se encargan justamente, de tratar de reducir esas brechas concretas tratando de subsanar la escasa presencia institucional, la escasez de recursos humanos especializados, la infraestructura limitada o la reducción de tiempos de respuesta que no siempre se ajustan a las necesidades de la gente. No se trata de desmerecer la importancia y el valor del voluntariado, sino al contrario, lo reivindicamos como acción ética y de compromiso que fortalece el tejido social. No obstante, no puede ser la única red de contención posible porque no es buena cosa naturalizar la ausencia institucional o invisibilizar la responsabilidad pública. El voluntariado necesita ser reconocido y potenciado pero no puede ser un instrumento que cubra carencias estructurales. Por el contrario, las instituciones nacionales y departamentales deben destinar recursos y desarrollar políticas que fortalezcan las redes comunitarias vinculadas a esferas básicas para los ciudadanos, como la salud, la cultura, el acompañamiento, la vida saludable u otras. Es importante fortalecer las redes comunitarias sin delegar en ellas lo que les corresponde por mandato constitucional, garantizando derechos, promoviendo la equidad o cuidando a quienes más lo necesitan. Paysandú cuenta con una fuerte tradición y desarrollo del voluntariado, que ha sido un instrumento fundamental ante crisis que nos han enfrentado a la adversidad, pero todos los ciudadanos merecen y tienen el derecho de vivir en un territorio donde la solidaridad no sea la única respuesta posible. Uruguay necesita una política nacional de voluntariado que articule y fortalezca las acciones en el territorio. Sería interesante poder avanzar, como lo han hecho otros países, a una mayor articulación y fortalecimiento a través de la articulación entre gobiernos departamentales y colectivos ciudadanos, el financiamiento estable para las organizaciones comunitarios y la evaluación del impacto y la transparencia en el uso de los recursos. Esa corresponsabilidad es un horizonte deseable y, sería bueno que también fuera posible.