En la edición del domingo de EL TELEGRAFO dábamos cuenta sobre la detección de nuevos intentos de estafa vinculados a redes sociales o llamados telefónicos, con diversas variantes en las modalidades pero siempre buscando mediante el engaño, o especulando con urgencias y dramas familiares para derribar las defensas y aprensiones de la potencial víctima, que queda con la guardia baja y a merced de los estafadores. En este caso, la Fiscalía General de la Nación emitió una advertencia pública “ante la detección de maniobras delictivas en distintos departamentos, donde personas se hacen pasar por funcionarios de la institución para obtener dinero mediante engaños telefónicos”. Según informó el organismo los falsos funcionarios llaman a particulares afirmando que un familiar cercano habría sufrido un accidente de tránsito o estaría detenido, y bajo esa excusa exigen el pago inmediato de dinero o transferencias para resolver la situación o evitar consecuencias legales.
Ante estos elementos, la Fiscalía recordó enfáticamente que no solicita dinero bajo ninguna circunstancia, desde que “ningún fiscal ni funcionario está autorizado a pedir transferencias, pagos en efectivo ni depósito de ningún tipo a cambio de gestiones, favores o supuestas soluciones judiciales.
Ocurre que cualquiera de nosotros, leyendo esta noticia desde la tranquilidad del hogar, un escritorio o donde sea, nos sentimos tentados a reflexionar hasta qué punto llega la credulidad de las personas que han caído en estos engaños, o como puede ser que no se desconfíe ante estos pedidos anónimos que llegan a través del teléfono, pero las cosas son distintas cuando el presuntamente involucrado es uno de nuestros seres queridos y aflora instantáneamente el instinto de protección y de actuar con premura para evitarle males mayores.
Es sabido que una de las modalidades más comunes es que los estafadores envían un mensaje a muchos usuarios, con la pretensión de que algunos de ellos les proporcionen datos personales, para acceder a sus cuentas bancarias o poder operar a distintos niveles, sobre todo tomando créditos en diversas instituciones, y cargar así el pago a sus víctimas.
En otros tiempos este tipo de maniobras –que siempre existieron– se hacía por otras vías, apoyándose siempre en la credulidad o desconocimiento de los afectados, pero en estos delitos cibernéticos el común denominador es un desconocimiento de gran parte de la población, sobre todo de personas mayores, de la forma de operar a través de herramientas informáticas y así son sorprendidos a diario en su buena fe.
Es que a esta altura del milenio, el avance de las tecnologías de la información (TIC) es parte de una globalización a la que no escapa ninguna de las áreas de actividad, y en este contexto la informática, la digitalización, la incorporación de estas tecnologías en el funcionamiento cotidiano de la sociedad, aún en aspectos elementales, hacen que la educación digital resulte pieza fundamental para un uso adecuado de los instrumentos que se nos brindan y que en muchas áreas son excluyentes.
En reciente artículo en el semanario La Mañana, en una entrevista a Santiago Ingold, licenciado en computación y especialista en ciberseguridad, el profesional señala que “con base en la cantidad y gravedad de los incidentes ocurridos últimamente, nadie puede pensar que el problema de la ciberseguridad no es grave. Los ataques tienen impactos cada vez mayores y ocurren más frecuentemente, así que es un problema en crecimiento en Uruguay, pero también en el mundo. En el sector privado no es solamente un problema tecnológico, sino que es un problema de negocio y las empresas que no lo ven así, lamentablemente están más expuestas a los riesgos reales de sufrir un incidente. Por otro lado en el sector público la ciberseguridad tampoco es solamente un tema tecnológico y tiene que ver con los incidentes de seguridad a nivel estatal que pueden afectar los derechos ciudadanos y en caso de ataques externos a infraestructuras críticas, la soberanía digital del país”.
Es decir, que se trata de una problemática muy compleja y de vastos alcances, porque por un lado los ciberdelincuentes “trabajan” a gran escala a nivel de empresas para obtener datos y venderlos o plantear medios de extorsión para devolver datos, pero también a escala menor, ante el ciudadano común, hay quienes se dedican a buscar el engaño a través de la credulidad de las víctimas, con mensajes en base a logos falsos, requiriendo tales o cuales datos, confirmación de identidad y contraseñas, etcétera, entre un sin fin de variantes que han hecho caer incluso a personas con experiencia dentro de la informática.
Ingold considera que el incremento de las ciberestafas tiene que ver con el crecimiento exponencial de la digitalización en todos los aspectos de nuestras vidas: “cada vez más hacemos online cosas que antes hacíamos presencialmente o por teléfono, tales como trámites, reservas, consultas, compras, reuniones y un largo etcétera”, a la vez que reflexiona que “antes la gente iba al banco a depositar o retirar una cantidad de dinero y tenía ciertas precauciones al momento de entrar o salir y de trasladarse. Hoy en día debemos tener precauciones para proteger nuestros dispositivos o contraseñas con los que accedemos al home banking. Pero como lo hago desde mi casa, puedo sentirme más seguro y no ser tan consciente del riesgo al que estoy expuesto.
El punto es que a medida que se avanza en la difusión masiva de los instrumentos, nos encontramos con que el impacto en la sociedad, sobre todo en lo que tiene que ver con el manejo de los recursos, se presenta con una repercusión generacional que es marcadamente diferencial, con notoria desventaja en el caso de personas de la tercera edad, sobre todo, para insertarse en el nuevo esquema no solo en lo que refiere para el mejor uso cotidiano, sino también para estar al tanto de las “trampas” que se plantean por los ciberdelincuentes para aprovecharse de la confianza y la falta de conocimientos de numerosos usuarios.
Por lo tanto, es fundamental que se reduzca la denominada brecha digital para que las personas que no estén al tanto del funcionamiento de las herramientas informáticas, no resulten víctimas fáciles de estas estafas, que han dejado el tendal de afectados, como se da justamente con personas usuarias de instituciones bancarias.
Y como dice Ingold, los usuarios deben “desconfiar de lo urgente y lo gratuito, o más en general, desconfiar de cualquier cosa que parezca demasiado buena para ser verdad. La mayoría de los fraudes apelan a sentimientos como el miedo o la urgencia para reducir nuestra capacidad de razonamiento”, lo que indica que ante casos de alguna duda, se debería intentar confirmación por otras vías o contacto directo con otros familiares y la institución involucrada, como medida primaria para evitar males mayores.
El punto es que más allá de la educación y la concientización, así como la prudencia personal en el manejo de datos, se requiere asimismo una legislación sólida y actualizada que aborde específicamente el ciberdelito en Uruguay, y que se pueda actuar de manera ágil en la respuesta de prevención y/o reparación ante estas maniobras, cuando ello es todavía posible. → Leer más
