La Intendencia Departamental de Salto presentó una iniciativa para prohibir el consumo de alcohol y cigarrillos en tres espacios públicos del departamento. La propuesta, que será analizada por la Junta Departamental, incluye a Plaza Artigas, Plaza Treinta y Tres y la Plazoleta Roosevelt. El Intendente Departamental Carlos Albisu indicó que “en la ciudad existen entre seis y ocho plazas, según su categorización, y que el objetivo es aplicar la medida como experiencia piloto”. El jerarca subrayó que existe un reclamo de vecinos, “muchos de ellos abuelos y padres”, que concurren con niños a esos espacios. Según Albisu, algunos usuarios registran consumos que generan dificultades de convivencia. En ese sentido, sostuvo que se busca “tener espacios libres de humo y libres de alcohol”.
Hace algunos días hacíamos referencia, en las páginas de EL TELEGRAFO, que “tras conocerse la iniciativa del intendente de Salto, Carlos Albisu, de establecer espacios públicos donde esté prohibido fumar, desde la Junta Departamental de Paysandú se recordó que existe una moción en ese sentido de 2021 del entonces edil Braulio Álvarez, repetida este año por el edil Federico Inella. La moción que propone declarar como “espacios libres de humo” a plazas, parques y otros lugares públicos abiertos donde haya juegos infantiles, circuitos aeróbicos o actividades deportivas, tiene además el apoyo del Programa Nacional de Control de Tabaco. El planteo parte de una realidad cada vez más visible: el uso de cigarrillos, vaporizadores u otras sustancias encendidas en espacios al aire libre compartidos por fumadores y no fumadores. “Muchos vecinos han manifestado su molestia al tener que convivir con humo mientras disfrutan de lugares públicos con sus hijos, especialmente en zonas de juegos infantiles”, señala la moción. Más adelante la nota de este diario indica que “El foco está puesto principalmente en los más vulnerables: los niños y adultos mayores. Se argumenta que, ‘aunque estos espacios sean abiertos, la exposición al humo ajeno convierte a muchos en fumadores pasivos sin haberlo elegido. Esta situación se vuelve más preocupante cuando ocurre en áreas pensadas para la recreación infantil, como areneros o plazas, donde el humo puede desplazarse por efecto del viento y contaminar zonas de uso común’. En ese sentido, se plantea una equiparación conceptual con las restricciones que ya rigen desde hace años en espacios cerrados, instituciones educativas y centros de salud. ‘Nadie discute hoy que no se pueda fumar dentro de un edificio o en una escuela. En su momento estas medidas generaron polémica, pero con el tiempo demostraron ser fundamentales para la convivencia ciudadana y el cuidado de la salud’, destaca la exposición de motivos”.
El importante aporte realizado por el legislativo sanducero no puede menos que reforzar una idea que debe estar presente en el sentido común de todos los gobernantes: los espacios públicos son lugares financiados y mantenidos con los dineros de todos los contribuyentes y por eso mismo se debe garantizar su uso y goce en un plano de igualdad porque como lo recuerda un viejo refrán “los derechos de una persona terminan donde empiezan los derechos de los demás”. Tal como ha señalado por los investigadores colombianos Pablo Páramo y Andrea Milena Burbano resulta fundamental destacar “el papel que han jugado algunos proyectos destacados de espacio público en el fortalecimiento de la democracia, por considerarse elementos de integración social y facilitadores de la apropiación que hace de estos espacios el ciudadano común”. Para esos autores, “el espacio público hace una contribución importante a los procesos de democratización de la sociedad al crear espacios que facilitan los encuentros entre las personas, independientemente de su condición económica y sus roles sociales. En efecto, es posible advertir personas de diferentes niveles socioeconómicos, grupos de edad y roles sociales: padres de familia con sus hijos, ancianos con sus cuidadores, obreros de construcción, ejecutivos, vendedores ambulantes, deportistas compartiendo los mismos escenarios”.
A todo ello debe sumarse, tal como lo expresa la iniciativa planteada en la Junta Departamental de Paysandú, que “la exposición de los niños y adolescentes a la conducta de fumar, particularmente en los espacios destinados a realizar actividades recreativas y deportivas conlleva un componente de transmisión de una conducta no saludable, debido al rol modélico que cumplen los adultos, por lo que evitar la exposición de los niños a esta conducta es una forma de prevenir el consumo de tabaco en los jóvenes”, subraya el informe. ¿Qué ejemplo estaremos dando a los niños y adolescentes si en los lugares públicos se vive con total naturalidad la ingesta pública de alcohol, el consumo de tabaco e incluso de drogas como la marihuana a través de los populares “porros” que están presentes en todas las plazas sanduceras sin que existan límites o prohibiciones al respecto? Si bien en todas ellas el “porro” está más o menos presente –así como el alcohol, que también es una droga–, el caso de la renovada Plaza Constitución resulta paradigmático, transformándola en un “vale todo” para todo este tipo de sustancias. Aunque también ocurre en otras plazas, como la Bella Vista o la Lavalleja.
Y en este caso no se trata de prohibir el consumo; quien quiera drogarse tiene todo el derecho de hacerlo en su casa o al menos, “fuera del alcance de los niños”. Así como por obvios motivos a nadie se le ocurriría tomar alcohol en una fiesta de un jardín de infantes, tampoco corresponde drogarse con marihuana o alcoholizarse en el Paseo de los niños, el Parque París Londres o el parque de la costanera norte, por decir lo menos, que son espacios específicamente hechos para la familia y el disfrute de los más pequeños. En estos casos no importa que sean “espacios públicos” para imponer desde ya la prohibición. Después incluso se puede discutir si está bien o mal que algunos adictos nos obliguen a fumar “por baranda” en un espectáculo en el Anfiteatro o cualquier otro lugar donde uno paga por ver la presentación de su artista favorito, y termina mareado o con dolores de cabeza porque otros no pueden contener su adicción.
Defender el derecho de quienes no respetan los derechos de los demás no es el camino para construir ciudadanía y reforzar en papel democratizador de los espacios públicos. Aún en estos lugares (o tal especialmente en ellos) las reglas democráticas deben ser especialmente cumplidas y respetadas, porque de esos “micro comportamientos” depende la percepción más inmediata que los ciudadanos poseen de un sistema.
Al fin y al cabo, se trata ni más ni menos de cumplir con lo dispuesto por la Ley N°19.120 de 28/08/13 según la cual se declara de interés general la preservación de los espacios públicos como lugar de convivencia, civismo y disfrute, donde todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades preservando su libre circulación, ocio, encuentro y recreo, con respeto a la dignidad y a los derechos de los individuos, promoviendo a su vez, la pluralidad y la libre expresión de los diversos fenómenos y acontecimientos culturales, políticos y religiosos. El ámbito de aplicación incluye todos los espacios públicos del país, ya sean urbanos, suburbanos o rurales.
Así las cosas, la iniciativa presentada en el año 2021 por el entonces edil del entonces edil Braulio Álvarez que ahora recoge el intendente de Salto van en el sentido correcto: transformar a los lugares públicos en ámbitos de convivencia y respeto y no en lugares donde lo que manda “es la ley del más fuerte” en detrimento de los derechos de los ciudadanos respetuosos de la ley.