La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación argentina informó que mediante la Resolución 250/2025, efectivizó la transferencia de 1.046 millones de pesos (unos U$S 700 millones) en Aportes No Reintegrables para los municipios bonaerenses de Laprida, Roque Pérez, Carlos Tejedor, Las Flores, Carlos Casares, General Guido, Veinticinco de Mayo, Bolívar, Monte y Nueve de Julio.
Los aportes se gestionan a través del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (Foneda) y se destinarán a productores afectados en el centro y oeste de Buenos Aires, cuyos emprendimientos agropecuarios estuvieron cubiertos de agua durante gran parte de 2025.
El deterioro de los accesos es una de las principales preocupaciones, ya que complica la producción y pone en riesgo el abastecimiento y la conectividad de los pueblos.
El anuncio original de la ayuda total se había realizado en noviembre pasado, durante una reunión en la ciudad de Nueve de Julio encabezada por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto a intendentes y más de 400 productores damnificados. Allí se detalló que los fondos serían utilizados para la compra de piedra, combustible y materiales necesarios para reparar caminos rurales.
Además del envío de dinero, el paquete de asistencia incluye refuerzos operativos. Vialidad Nacional aportará maquinaria para trabajar de manera coordinada con la Provincia, mientras que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército sumará 25 efectivos con equipamiento propio para intervenir en las zonas más comprometidas por el agua.
En paralelo, el gobierno nacional anunció la implementación de créditos blandos a través del Banco Nación para los productores afectados, con dos meses de gracia para postergar pagos de préstamos vigentes. “El objetivo primario es que no haya personas, caminos, producción ni pueblos aislados”, había remarcado Bullrich, al poner el foco en la recuperación inmediata de accesos e ingresos a las comunidades rurales bonaerenses.
Las entidades agropecuarias, por su lado, mantienen contacto directo con los municipios alcanzados por los fondos para seguir de cerca el destino del dinero y garantizar que la ayuda llegue efectivamente a los productores afectados. El clima es de cautela. “Mucha plata no es, pero todo sirve”, resumieron desde una de las organizaciones que monitorea la situación en la región.
Más allá del alivio financiero, el reclamo de fondo permanece intacto. Los productores insisten en la necesidad de obras hidráulicas estructurales, como canalizaciones, dragados y mantenimiento de la cuenca, que eviten que cada evento climático vuelva a convertirse en una emergencia. La falta de infraestructura adecuada y la eterna puja política entre Nación y Provincia siguen siendo, para el campo, parte del problema.
Con campos todavía comprometidos y pérdidas que se acumulan, el envío de fondos es leído como un gesto necesario pero insuficiente. En la cuenca del Salado, el mensaje se repite: sin planificación y obras concretas, la ayuda llega tarde y el agua siempre termina ganando.
