El asesor legal de la Unión de Trabajadores de Paycueros (UTP), Julio Logiurato, presentó una acción de amparo para ocho trabajadores despedidos de Paycueros y estima que la sentencia se definirá la próxima semana. El abogado recordó que el conflicto con la empresa comenzó en julio de 2024, ante la pretensión de Sadesa –propietaria de la curtiembre Paycueros— de enviar trabajadores al seguro de desempleo, a raíz de bajas puntuales en las ventas, particularmente en el área del cuero terminado.
Prórrogas
En setiembre del año pasado se enviaron 50 trabajadores al seguro de desempleo y vencido ese plazo, en abril de 2025, plantearon una prórroga. “En primera instancia, la empresa no estuvo de acuerdo, despidió a los trabajadores y a raíz de la movilización de la Unión de Trabajadores de Paycueros (UTP) y de acciones de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) se logra revertir esa situación y los trabajadores pasaron al seguro de desempleo”, dijo a EL TELEGRAFO.
Asimismo, se fueron enviando trabajadores al seguro en distintas épocas y hubo sucesivas prórrogas en julio de 2025 sin mayores inconvenientes. Sin embargo, “llegamos a problemas graves con la prórroga correspondiente al mes de noviembre. Allí, Paycueros la solicita para 89 trabajadores que, en principio, no otorga la Dirección Nacional de Seguridad Social (Dinass) en mérito a que le pide motivos a Paycueros”.
La empresa resolvió no responder con mayor información. “No contesta, no cumple con su obligación de informar las causas y cómo se desarrollará esta situación. Dinass decide no otorgar la prórroga y, después de negociaciones, Paycueros hace un pedido por 44 trabajadores y deja afuera a 45 que estaban despedidos”.
El Ministerio de Trabajo resolvió otorgar la prórroga por sí mismo. “ Cuando se pretende la anulación de los despidos, tal como había sucedido en la prórroga de abril-mayo de 2025, la empresa pasa 15 días para decidir tal situación. Los despidos eran del 11 de noviembre y recién el 26 de noviembre, después de varias dilatorias, contesta negativamente ese pedido”, señaló Logiurato.
Recurso de amparo
Ante esta situación, el asesor utilizó el mecanismo de recurso de amparo, previsto en la Ley 17.940 de tutela de la libertad sindical para un total de ocho trabajadores. “Unos son dirigentes de UTP y otros de la Unión de Obreros Curtidores (UOC) y en algún caso de las dos organizaciones, que no pueden ser despedidos porque están amparados en el ejercicio de su actividad sindical”, agregó.
Dicha acción puede activarse “cuando no hay ninguna otra alternativa que permita, en este caso a los trabajadores, salvaguardar su libertad sindical y promovimos esta acción contra Sadesa, una de las tres curtiembres más grandes del mundo, con 4.000 trabajadores”.
El abogado subrayó que, “por más que se reconoce que hay una baja en la venta de los cueros terminados, si la empresa no brinda información, no sabemos cuál es el estado de la empresa. Sabemos que desde 2021 ha realizado inversiones por U$S16 millones. El Estado ha considerado de interés las inversiones de Paycueros, le ha otorgado exoneraciones y créditos sobre el pago de determinados impuestos”.
Comparó que, por un lado, “el Estado favorece la actividad de Paycueros y, por otro lado, paga al Estado uruguayo con ocho despidos en un total de 4.000 que no tienen ninguna incidencia. Es más, la empresa estimaba que tenía que sacar a 50 trabajadores y ya se han ido más de 130 desde setiembre del año pasado”.
Entre los despedidos, hay trabajadores que se encuentran en el seguro de desempleo desde hace más de 15 meses.
Alternativas planteadas
Logiurato recordó que, para la empresa, “la única variable de ajuste es el envío al seguro de desempleo. Se han planteado rotaciones y no fueron aceptadas. En su momento, se abrió la posibilidad que trabajadores cerca de la jubilación puedan arreglar su salida anticipada de la empresa. Tampoco fue aceptado. En realidad, tanto la Dinatra como los trabajadores estaban de acuerdo en las diversas medidas que podían tomarse en vez del seguro de desempleo y no han encontrado eco en la empresa”.
Reflexionó que “por un lado, vemos cómo se sirve del Estado uruguayo cuando recibe declaraciones de interés, exoneraciones impositivas y créditos sobre impuestos. Pero, a su vez, hace pagar esto al Estado. Porque, en definitiva, el magro subsidio que cobran los trabajadores también lo paga el Estado. Esta situación se da en un contexto de una nueva prórroga del seguro, causando un daño absolutamente innecesario”.
Explicó que los trabajadores incluidos en la acción tienen un promedio de 25 años de trabajo y 50 años de edad. “Como asesor lo he vivido durante más de treinta años y la empresa no cambia su proceder que siempre ha sido igual. Es casi un calco de lo ocurrido en 2010, cuando también se despidieron a trabajadores mientras estaban en el seguro. Correspondía una prórroga y no se pidió. Entonces, logramos que con una acción similar a esta, fueran reintegrados. Hoy vamos por lo mismo, en un momento donde en Paysandú es difícil conseguir empleo”, concluyó.
