En 2024 votó la mitad de la población mundial. Unos 4.200 millones de personas hicieron uso de su derecho ciudadano en 76 países, y ese contexto permitió observar otro fenómeno: a nivel global, las poblaciones jóvenes creen cada vez menos en la democracia y consideran que un régimen autoritario puede ser una respuesta ante una crisis política.
Organizaciones de distinto origen han llegado a esta conclusión. La Fundación Friedrich Ebert Stiftung publicó que la juventud de entre 16 y 35 años en Uruguay presenta una menor adhesión a la democracia y una mayor disposición a salidas autoritarias. La desconfianza se centra en la política tradicional, frente a preocupaciones persistentes como el empleo o la inseguridad.
Dentro de ese rango etario, la Open Society Foundation —de George Soros— registró en 2023, a través de su Barómetro Mundial, que el 42% considera a las dictaduras militares como una buena forma de gobernar y que el 35% apoyaría este tipo de régimen.
En España, uno de cada cuatro jóvenes entre 18 y 34 años no considera preferible la democracia por encima de otras formas de gobierno, según el Centro de Investigaciones Sociológicas. Por su parte, el Instituto McCourtney para la Democracia de la Universidad de Pensilvania expuso que al 28% “le da igual” vivir en una democracia o en una dictadura, y que el 19% estima que una dictadura “puede ser buena” en algunas circunstancias, en Estados Unidos.
En Alemania, el 21% prefiere un gobierno autoritario, y ese deseo se plasma en las urnas con el voto a la ultraderecha, que se ha incrementado de manera sostenida en el último cuarto de siglo. Algo similar ocurre en Polonia, Rumania y Francia, donde esta ideología ha aumentado su presencia electoral.
El Bennett Institute de la Universidad de Cambridge publicó en 2020 que esta tendencia también se observa en América Latina, África subsahariana, Europa occidental y en otros países con democracias “anglosajonas”, como Reino Unido, Estados Unidos o Australia.
Incluso, cuando se compara con generaciones anteriores —como la Generación X, que hoy ronda los 50 años—, estas mostraban niveles superiores de aceptación de la democracia, tanto en su juventud como en la actualidad.
Estas tendencias, que también se manifiestan con vaivenes en América Latina, deberían interpelar —al menos— la forma en que ejercen las actuales democracias. Se trata de poblaciones que observan que, tanto ellas como las generaciones anteriores, discuten los mismos problemas en los mismos países, sin hallar soluciones, pese a no haberse registrado grandes cambios en la cantidad de habitantes. Tal es el caso de Uruguay.
El 29% de esta población está de acuerdo o muy de acuerdo con la preferencia por un régimen autoritario, y al 21% de los encuestados le resulta indistinto vivir bajo un régimen democrático o no democrático.
Los virajes hacia la izquierda no responden necesariamente a una cuestión identitaria entre las poblaciones jóvenes que votan al progresismo, sino al cambio de preferencias entre votantes de centro. Se trata de un público que busca, de acuerdo con sus circunstancias, una mejora en los padecimientos que atraviesan tanto ellos como las generaciones anteriores, como el desempleo juvenil, la informalidad laboral o las dificultades económicas.
En Europa, es evidente que las problemáticas vinculadas a la inmigración, los altos costos de la vivienda y las dificultades para acceder a un alquiler o generar ahorro influyen al momento de depositar una papeleta en la urna.
Las nuevas generaciones consideran que el éxito o el fracaso económico, así como otras virtudes, dependen cada vez menos de los años de esfuerzo laboral. Incluso, ir a votar no ha modificado su entorno. Por eso, las democracias atraviesan un período de interpelación de sus resultados y de sus discursos.
Porque los derechos humanos y las libertades alimentan los espíritus antes que los estómagos, y aún existen familias enteras que persisten en situaciones complejas, sin importar quién haya gobernado.
El autoritarismo también adquiere otra forma al momento de emitir opiniones, algo que se vuelve visible en las redes sociales. Basta con observar los comentarios vinculados a situaciones no resueltas, como la inseguridad ciudadana o la pobreza, donde en ocasiones el desborde se manifiesta en todas las edades.
Se trata de la impresión de haber encontrado un espacio para expresar reclamos que no hallan respuesta en la clase política ni en los sucesivos gobiernos.
Tampoco los jóvenes estiman que, de la mano de la política, lleguen los cambios anhelados, pese a que el voto es obligatorio en Uruguay. El 25% de los consultados tiene poco interés en la política, el 24% no tiene ningún interés y el 27% tiene algo de interés. Solo una quinta parte se considera interesada o muy interesada.
Existe una disposición manifiesta a relativizar la democracia frente a momentos críticos, como la inseguridad ciudadana, donde se repite el reclamo de imponer orden ante el avance del narcotráfico y el sicariato.
Mientras los gobiernos intercambian culpas, la ciudadanía observa, y principalmente los jóvenes sacan sus propias conclusiones sobre la percepción de una falta de respuestas efectivas.
Es decir, los jóvenes no comparan el pasado autoritario del país como un ideal, sino que expresan su frustración por la falta de resultados frente a los problemas cotidianos que atraviesan en tiempos de democracia plena.
Son generaciones que han vivido toda su vida bajo regímenes democráticos, tanto en América Latina como en Europa.
Por eso, no les atrae ni sienten apego por el recuerdo constante de luchas de otros tiempos, que no vivieron ni padecieron, pero que reciben reiteradamente bajo el mismo mensaje. Incluso, muchos son hijos de ciudadanos que tampoco vivieron bajo regímenes autoritarios.
Juzgan a las democracias no en comparación con un ideal, sino como una expresión de insatisfacción a la espera de cambios. Es allí donde aparece esta alternativa y la necesidad de que la clase política abra la cabeza a esta diferencia.
Latinobarómetro ya lo advirtió hace algunos años: “Hay pocos países sin gobernantes imputados, acusados o condenados por algún cargo de corrupción. Son las élites las que han fracasado en América Latina. Ellas han erosionado la fortaleza de las instituciones al intentar forzar las reglas del juego para quedarse en el poder”.
O como señaló Nayib Bukele, en El Salvador, cuando ganó por amplio margen con un voto mayoritariamente joven: “el dinero alcanza cuando nadie roba”.
Esa clase política —al menos la uruguaya—, ¿acusó recibo de estos mensajes?
