La planta de hidrógeno verde que impulsa HIF Global en Paysandú volvió a situarse en el centro de la agenda regional, en medio de avances técnicos y nuevas tensiones políticas entre Uruguay y Argentina.
El proyecto reavivó cuestionamientos del lado argentino, especialmente en la provincia de Entre Ríos. En las últimas horas, los legisladores peronistas Guillermo Michel, Adán Bahl y Marianela Marclay iniciaron una acción judicial contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Uruguay SA, al advertir un presunto incumplimiento del Estatuto del Río Uruguay y de la jurisprudencia de la Corte Internacional de La Haya en el caso “Botnia-UPM”.
La demanda –registrada como expediente 3276/2026– busca prevenir daños ambientales que, según los denunciantes, podrían ser “irreparables”. En ese sentido, solicitaron a la Justicia que ordene medidas para evitar o mitigar el impacto del proyecto, al tiempo que cuestionaron que Uruguay habría avanzado sin presentar la documentación ambiental ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), como exige la normativa bilateral.
“Uruguay avanza unilateralmente otorgando autorizaciones y aceptando documentación de la empresa por fuera de la CARU”, señalaron los legisladores, quienes también reclamaron que se suspenda cualquier avance hasta que se realicen los estudios correspondientes y no descartaron una eventual presentación ante la Corte Internacional de Justicia.
En paralelo, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, rechazó la iniciativa y advirtió que su provincia “no permitirá otra Botnia”, en referencia al histórico conflicto bilateral por la instalación de la planta de celulosa en Fray Bentos.
Desde el gobierno uruguayo, en tanto, se busca desactivar el conflicto mediante canales diplomáticos. El canciller Mario Lubetkin aseguró que el proyecto se encuentra en etapa de evaluación ambiental y que se incorporaron al proceso las inquietudes planteadas por autoridades argentinas. “Nadie quiere que se repita lo de los puentes”, afirmó. En la misma línea, el presidente Yamandú Orsi se mostró confiado en que se alcanzarán acuerdos y sostuvo que el objetivo es “disminuir los problemas con los vecinos de Argentina”.
Por su lado, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, llamó a la cautela y pidió “cuidar los tonos y las formas”, al tiempo que remarcó que las preocupaciones argentinas ya fueron incorporadas al estudio ambiental.
En este contexto, HIF Global avanzó en el proceso formal del proyecto al presentar ante la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) la solicitud de Autorización Ambiental Previa, junto con el Documento de Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). La iniciativa, valuada en 5.385 millones de dólares, prevé producir hasta 876.000 toneladas anuales de e-metanol.
El desarrollo se apoyará en dos proyectos de energías renovables: el parque solar fotovoltaico Lucía (1.162 MWp) y el parque eólico Elena (1.137,6 MW), que permitirán abastecer la planta, planificada en cuatro etapas. Según la empresa, el emprendimiento generará unos 1.400 empleos durante la construcción y 300 puestos directos en operación.
La compañía también destacó que el complejo permitirá reciclar cerca de 900.000 toneladas de CO2 al año, equivalente a las emisiones de aproximadamente 200.000 vehículos. Además, informó que introdujo cambios en el diseño para reducir el impacto ambiental, incluyendo una menor ocupación del suelo y la ampliación de áreas de conservación.
El proyecto transita ahora una etapa clave, con el análisis técnico por parte del Ministerio de Ambiente y la futura instancia de participación ciudadana, que incluirá una audiencia pública. En ese escenario, la iniciativa combina expectativas económicas con interrogantes ambientales, en un contexto de creciente sensibilidad política a ambos lados del río Uruguay.
