El abogado Federico Álvarez Petraglia, exsecretario general de la Intendencia durante la administración de Guillermo Caraballo, presentó una acción de acceso a la información pública ante el actual Intendente Nicolás Olivera. En su solicitud, amparada en la ley 18.381, plantea una serie de interrogantes relacionadas con un viaje oficial a Italia y con la contratación de la empresa Teyma para la gestión del vertedero municipal.
El pedido, ingresado recientemente en la Intendencia Departamental, solicita conocer si el intendente Olivera viajó entre el 1º y el 8 de noviembre de 2025 a la feria internacional “Ecomondo” en Rimini, Italia, y quién financió dicho viaje. En particular, Álvarez Petraglia pregunta si la empresa Teyma cubrió los gastos del mismo, e inquiere además si la Intendencia abonó viáticos al jefe comunal y en qué monto.
La solicitud también apunta a esclarecer las circunstancias en torno a la rescisión del contrato con la empresa Sandeco, anteriormente encargada del vertedero. El peticionante requiere copia del expediente que detalla los incumplimientos, las medidas tomadas por la administración departamental, y la resolución mediante la cual se dispuso la finalización del vínculo.
Asimismo, se consulta si se iniciaron acciones legales para resarcirse por posibles daños derivados del incumplimiento contractual, si Sandeco había constituido garantía de fiel cumplimiento, y bajo qué procedimiento fue seleccionada la empresa Teyma. Se solicita además el expediente completo de contratación y si el Tribunal de Cuentas intervino en la misma, incluyendo la resolución correspondiente.
Álvarez Petraglia subraya que la información solicitada no se encuentra dentro de las excepciones establecidas por la ley, dado que se trata de actividades vinculadas al uso de recursos públicos y, por tanto, deben ser de conocimiento ciudadano para garantizar un control democrático de la gestión.
En su argumentación legal, cita artículos de la Constitución de la República y de la ley 18.381, así como doctrina especializada en transparencia y derecho administrativo, recordando que el acceso a la información pública es un derecho fundamental que no requiere justificación para ser ejercido.
No es la primera vez que el exjerarca solicita este tipo de información. En los últimos años realizó reiterados pedidos similares ante la Intendencia de Paysandú, muchos de los cuales también apuntaron a aspectos de la gestión departamental.
En setiembre del año pasado, junto a Mario Díaz, entregó al Movimiento de Participación a la Infancia (MOPI) la suma de 97.716 pesos, provenientes de las astreintes (sanción económica diaria) que la Justicia dispuso pagara la Intendencia de Paysandú, por no cumplir un fallo judicial relacionado con la ley de Acceso a la Información Pública.
