El edil del Partido Nacional, Marcelo Tortorella, manifestó su firme rechazo a la decisión del Congreso de Intendentes, actualmente bajo la presidencia del sanducero Nicolás Olivera, y remitió una minuta de comunicación urgente, ante la medida de volver a exigir el pago obligatorio y no desglosado de las multas de tránsito junto con la patente de rodados a través del Sistema único de Cobro de Ingreso Vehiculares (Sucive).
“Esta medida representa un retroceso en las garantías ciudadanas y una priorización desmedida de la eficiencia recaudatoria por sobre la justicia administrativa”, dijo a EL TELEGRAFO.
Recaudación sobre seguridad vial
El representante nacionalista señaló que “la población percibe esta acción como una estrategia para asegurar la caja de las intendencias, desvirtuando el fin educativo que debería tener cualquier sanción de tránsito. Se está convirtiendo al tránsito en una fuente de renta fiscal previsible. El foco ya no es que el ciudadano conduzca mejor, sino que las intendencias recauden más rápido, utilizando el derecho a la circulación como moneda de cambio”.
Injusticia jurídica
Uno de los puntos centrales de la crítica se encuentra en la naturaleza de las multas, especialmente las aplicadas mediante radares. Explicó que estas sanciones se dirigen a la matrícula del vehículo, pero la responsabilidad jurídica debe ser siempre del conductor. “Al exigir el pago simultáneo, se castiga al propietario del bien aunque no haya sido él quien cometió la infracción. Se está aplicando una suerte de responsabilidad objetiva muy cuestionable en el derecho sancionatorio, que impide separar la deuda del objeto de la conducta del sujeto”, subrayó.
“Corralito” y extorsión administrativa
Tortorella calificó la situación como un “corralito fiscal” que deja al contribuyente en un estado de indefensión absoluta. Según el edil, “muchos ciudadanos se ven forzados a pagar multas que consideran injustas o que nunca les fueron notificadas porque necesitan el vehículo para trabajar y no pueden esperar los tiempos de un descargo administrativo”.
Denunció que con esta medida, “estamos ante un bolsón de inequidad. Se transforma una multa, que debería tener un sentido coercitivo y educativo, en una verdadera extorsión. Si el ciudadano quiere impugnar, se le vence la patente. Y si paga para estar en regla, se le obliga a admitir una culpabilidad que quizás no le corresponde”.
Impacto social
Finalmente, advirtió sobre el carácter regresivo de esta medida. Sostuvo que “el acumulado de fotomultas que a menudo llegan tarde y en serie, sumado al costo de la patente, genera una espiral de deuda impagable para muchos trabajadores. Esta presión fiscal termina fomentando la informalidad”.
De acuerdo al edil, “muchos conductores terminan circulando sin seguro y sin documentación al día porque no pueden pagar el combo que les impone el Sucive. Y el Congreso de Intendentes, con esta decisión terminará perjudicando la seguridad vial en lugar de protegerla”, concluyó.
Minuta de comunicación
La minuta de comunicación dirigida a Olivera y al presidente del Congreso Nacional de Ediles, Aparicio Duarte, refiere a la “desnaturalización de la sanción” y la “vulneración al Derecho de Defensa”, donde “el contribuyente se ve coaccionado a pagar multas, muchas veces no notificadas o dudosas, ante la urgencia de mantener su vehículo habilitado para circular”. Tal medida, “anula en los hechos el derecho administrativo al descargo, transformando la sanción en una forma de extorsión indirecta”.
La “injusticia en la responsabilidad” que vincula la multa al padrón del vehículo y no al conductor infractor y, finalmente, el “fomento de la informalidad”. Explicó que “al volverse la deuda impagable, muchos ciudadanos optan por circular sin documentación ni seguro, lo cual agrava el riesgo en la seguridad vial que el sistema declama proteger”.
Tortorella solicita que se vote exhortar al Congreso de Intendentes a revisar la decisión de unificación de cobro de multas y patente, y establecer mecanismos de notificación fehaciente y previa de las infracciones.
