El último censo del Instituto Nacional de Estadística, realizado en 2023, señalaba que más de 3.500 personas se encuentran en situación de calle y que, de ese total, unas 1.300 residen en Montevideo. Sin embargo, en todo el país son 8.600 las personas que utilizan los dispositivos del Ministerio de Desarrollo Social.
Con este panorama, el Poder Ejecutivo elabora la primera Estrategia Integral para el Abordaje de la Situación de Calle y busca enfocarse en un problema que, en los últimos años, ha deteriorado la convivencia en distintos barrios.
La Ley de Faltas (Ley Nº 19.120), aprobada y promulgada en 2013, establece —entre otros aspectos— la preservación de los espacios públicos. Por ejemplo, sanciona conductas como tirar basura en la vía pública, romper o vandalizar contenedores de residuos y realizar necesidades fisiológicas en la calle.
Esta ley, ampliamente discutida y votada durante el gobierno de José Mujica, tampoco permite dormir en la vía pública. La persona que lo haga y haya sido intimada en dos oportunidades para desistir de su actitud deberá cumplir trabajo comunitario. Además, la norma faculta al Ministerio de Desarrollo Social a recabar su identidad y ofrecer una alternativa adecuada. La ley comenzó a aplicarse el jueves de la semana pasada en Montevideo, de forma conjunta entre los ministerios de Desarrollo Social y del Interior.
Y, a fuerza de ser sinceros, su puesta en práctica responde a los múltiples reclamos de comerciantes y vecinos de los barrios más céntricos de la capital, a quienes les resulta cada vez más difícil trabajar, estacionar sus vehículos o incluso ingresar a sus casas sin enfrentar conflictos de convivencia con personas en situación de calle.
La alta concentración en zonas como Ciudad Vieja, Centro, Cordón y Palermo llegó a un punto crítico que incluso ha costado la vida de personas que pernoctan a la intemperie, además de generar altercados frecuentes y lesiones derivadas de la disputa por espacios que son públicos.
El operativo, dirigido por la Jefatura de Policía de Montevideo, cuenta con el apoyo de la Guardia Republicana y la Dirección Nacional de Bomberos. Los equipos están conformados por un ómnibus, personal de custodia, un camión para la recolección de residuos y una camioneta que transporta personal técnico.
Este despliegue es el resultado de haber dejado pasar demasiados años, amparándose en argumentos como el “derecho” al uso del espacio público y en una mirada permisiva cada vez que se advertía sobre las consecuencias del consumo de sustancias. Cualquier sustancia, no solo drogas.
Con el paso de las décadas, los conflictos se profundizaron al mismo ritmo que las quejas. La evidencia es clara: mirar para el costado tiene consecuencias que luego hay que paliar —no solucionar, sino mitigar— un problema mucho más grave que el de “simplemente” vivir a la intemperie.
Las personas serán trasladadas a un centro de atención ubicado en el barrio Casavalle y, de acuerdo con lo indicado desde la Jefatura de Policía capitalina, el procedimiento se realizará de manera “metódica”. Es decir, no tiene una fecha de finalización prevista.
La pregunta que queda flotando apunta a la calidad de la contención que se les brinda. Porque convengamos en que no están privadas de libertad: pueden salir en cualquier momento de esos dispositivos. Y entonces surge la siguiente pregunta inevitable: ¿a dónde van?
En su mayoría, y según distintos relevamientos, se trata de personas que han salido de la cárcel. Si bien la denominación formal es Instituto Nacional de Rehabilitación, es sabido que no egresan rehabilitadas. Con vínculos familiares rotos, sin referentes cercanos ni una vivienda donde alojarse, resulta lógico que la calle los espere.
Tanto los vecinos que se quejan como las propias personas en situación de calle que demandan atención requieren un abordaje a largo plazo. Y ese abordaje debe incluir recursos económicos, humanos, logísticos, técnicos y de infraestructura que hoy el país no tiene, al menos por ahora.
De hecho, las últimas administraciones han terminado apoyándose en organizaciones de la sociedad civil que —con los años y la experiencia— hacen lo que pueden con los recursos que consiguen, cuando en realidad se trata de una responsabilidad del Estado.
Así, un problema que siempre existió ahora se visibiliza como tal y se buscan soluciones.
El 25 de agosto de 2024, el gobierno anterior comenzó a aplicar la Ley de Internación Compulsiva o Involuntaria, que preveía la posibilidad de recurrir a la Policía si la persona se resistía.
Ese mismo año se modificó un artículo de la Ley Nº 18.787, de 2011, también aprobada durante el gobierno de Mujica, que habilitaba la internación “aun sin consentimiento” cuando la persona en situación de calle se encontrara en grave riesgo de enfermedad o muerte, o pudiera provocarse daño a sí misma o a terceros.
El oficialismo de entonces valoró la norma como una nueva “herramienta”, mientras que la oposición votó dividida. “Es un intento muy equivocado de resolver un problema social con una mirada represiva” y “no solo no la comparto, sino que ha quedado demostrado que no funciona”, afirmaba el entonces diputado socialista Gonzalo Civila en una entrevista con El País. Allí señalaba, además, la necesidad de “no tratar a las personas que están en la calle como si fueran delincuentes. Ese es un punto importante”.
En los primeros días de aplicación de la Ley de Faltas, resuelta la semana pasada por el presidente Yamandú Orsi junto a Civila —actual ministro de Desarrollo Social— y Carlos Negro, al frente del Ministerio del Interior, unas setenta personas fueron retiradas de los espacios públicos donde se encontraban.
En los próximos días, según adelantó Civila, se terminará de elaborar una estrategia que se desplegará en todo el país, con el traslado de personas a distintos centros del Mides. Claro que, como señaló el ministro, “construir la voluntad de las personas es un desafío”.
La estadía en el centro de Casavalle, al igual que en cualquier otro del país, es de carácter voluntario. Eso implica que las personas pueden decidir retirarse en cualquier momento.
Y esa es, probablemente, la parte más compleja del abordaje de la situación de calle y del éxito de cualquier estrategia que se pretenda implementar.
