A pesar de que el ministro del Interior, Carlos Negro, siga hablándole a un país que no existe, la gente no es tonta y sabe que la inseguridad y los delincuentes son quienes gobiernan en Uruguay. Tamaña realidad no es fruto de una exageración sino de un cuidadoso, eficaz, dilatado, eficiente y exitoso proceso que desde hace años viene priorizando los derechos de quienes violan la ley por sobre los derechos de quienes la cumplen y que, además, pagan sus impuestos religiosamente para financiar no sólo la hotelería gratis de las cáceles uruguayas sino también los sueldos de los políticos a quienes poco les importa el accionar de los delincuentes, salvo cuando ellos son los directamente afectados.
Hace algunos días, ante el asesinato de 8 personas en el lapso de 72 horas, el ministro Negro puso cara de “yo no fui” y declaró, en una rueda de prensa en Lavalleja, que esa violencia “es una manifestación más de las épocas violentas que vivimos” y que “estamos en fechas que tradicionalmente concentran” este tipo de “episodios”. Como siempre ha sucedido desde que ocupa un cargo tan importante para la población, el ministro Negro jamás se hace cargo de las falencias de su gestión y trata a todos los uruguayos de “nabos”, naturalizando una violencia que le debería resultar inaceptable y que pone en “blanco sobre negro” su incapacidad para gestionar el Ministerio del Interior.
Como si eso fuera poco, en el mes de noviembre del 2025 y ante la incautación de 400 kilos de pasta base en nuestro departamento, Negro declaró que ello generaría “desabastecimiento” en bocas de venta de droga, algo que el jerarca consideró una “buena noticia para la salud pública”. ¿Acaso quiere que creamos que ese cargamento era el único que entró a Uruguay? ¿Trata de hacernos creer que desde noviembre del año pasado hasta ahora no se consumió pasta base en el Uruguay? ¿Acaso el ministro Negro no camina por la calle y ve la gente que consume a plena luz del día o recorre la ciudad en su auto oficial de alta gama cuyo costo “bancamos” todos los uruguayos? Su falta de empatía con los miles de madres que sufren verdaderas tragedias humanas por la adicción de sus hijos es sólo una muestra de lo poco que le importa todo lo que tiene que ver con el lado humano de las personas más afectadas por ese flagelo que se extiende sin parar y destroza familias de todas las condiciones sociales.
Como en un largo y penoso collar de perlas, el ministro Negro no está solo y cuenta con jueces y fiscales que han sido tradicionalmente permisivos y que priorizan la libertad de los delincuentes por encima de todas las cosas. En efecto, como consecuencia de un mantra que la izquierda uruguaya ha repetido desde tiempo inmemoriales y según el cual “los delincuentes atacan a una sociedad que los atacó primero”, colocando en la sociedad de consumo la supuesta causa de sus aberrantes actos, los fiscales logran acuerdos abreviados muy convenientes para los delincuentes, los cuales le permiten salir rápidamente de la cárcel, si es que llegan a entrar en ella en algún momento. De esta forma, la cárcel se transforma en una verdadera “puerta giratoria” similar a la que impulsó el exministro del Interior José Díaz cuando liberó entre 700 y 1.000 presos de las cárceles uruguayas. Llamativamente nunca se conocieron datos oficiales sobre cuántos de esos presos liberados reincidieron en el delito y tampoco nadie se hizo responsable por haberlos liberado: los robos, rapiñas, asesinatos y demás delitos que pudieron haber cometido quedaron nuevamente amparados por la impunidad de una fuerza política como el Frente Amplio, a la cual le tiembla la mano (y le tiembla mucho) a la hora de ejercer la autoridad que la Constitución Nacional y las leyes en general ponen bajo su cargo.
La incompetencia del ministro Negro le impide controlar los propios establecimientos carcelarios, desde donde los presos planifican operaciones delictivas o manejan sus cárteles de droga con teléfonos celulares como si estuvieran sentados tranquilamente en el patio de su casa.
No es creíble que en el año 2026 no sea tecnológicamente posible bloquear las señales de celulares tal como se hace en diversos eventos o reuniones. ¿Por qué no se toma una medida de estas características? ¿Quién está protegiendo a esos delincuentes? ¿Cuáles son los funcionarios policiales corruptos que permiten estas prácticas que cuestan vidas todos los días? ¿El ministro Negro está al tanto de estas prácticas? En caso afirmativo… ¿por qué no toma medidas ejemplarizantes y efectivas? Por cierto que no se trata de un tema menor y, en todo caso, el que permite esta práctica la está apoyando de manera expresa o tácita. “Los teléfonos celulares no son la única forma de fuga de información dentro de los establecimientos” trató de justificarse Negro. “Hay otras formas de dar órdenes o directivas desde la cárcel hacia afuera”. Cuando uno ve al ministro del Interior en la prensa ve un jerarca desbordado, vacilante, superado y que no da la talla. No se trata de algo causal: ejercer el cargo de ministro del Interior necesita de mucha fortaleza y carácter y no se puede estar siempre “jugando para la tribuna” y quedando bien con todo el mundo. Recordemos que en febrero de 2025, antes de asumir, Negro reconoció que “la guerra contra el narcotráfico está perdida”, una muestra que aceptó el cargo sin confianza en sí mismo ni en su gestión. Es más: en esa ocasión Negro llegó a afirmar negar que “a mayor nivel de tráfico de drogas, mayor es el nivel de homicidios”, dejando en claro que el combate al narcotráfico no incluye en las muertes violentas, algo que deja sin respaldo la teoría de los “ajustes de cuenta” con la cual, desde la gestión del exministro Eduardo Bonomi, el Frente Amplio viene tratando de justificar las muertes que diariamente se producen en Uruguay.
A pesar de que el ministro Negro no lo quiera ver, en Uruguay hay realidades que rompen los ojos: no hay control policial ni seguridad en las calles y tampoco lo hay en las cárceles, donde los reclusos son “amos y señores” de todo lo que pasa en ellas. Desde esas mismas instalaciones carcelarias controlan sus negocios, ordenan asesinatos, reciben dinero y hacen pagos, sin que nadie sepa nada de nada. Se trata de un control que no puede ser obtenido ni mantenido sin una fuerte corrupción policial, pero también en este tema Negro ha tomado la opción de mirar para otro lado y no darse por aludido. Al final de cuentas, el saldo es bastante desolador para los uruguayos comunes y corrientes que quedamos expuestos a la violencia cotidiana y a quienes sólo nos queda colocar alambres de púas, cámaras y rejas en un país donde al ministro del Interior, que debería actuar con determinación, coraje y eficacia se le nota que el cargo le queda grande y que lo tapó el agua.
