Desde hace algún tiempo se viene informando que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) presentará un proyecto de ley en el Parlamento para que las empresas avisen con antelación al Estado a la hora de despedir trabajadores. Según lo informado por la prensa, “el ministro Juan Castillo respalda la propuesta que obliga a las empresas a informar sobre eventuales despidos masivos o cierres, y aseguró que la iniciativa “no ahuyenta a los empresarios”, sino que busca evitar que las firmas abandonen el país “sin dejar rédito” y sin mecanismos que permitan prevenir impactos sobre el empleo. La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, sostuvo que su aprobación mejoraría la capacidad de respuesta del Estado ante situaciones de riesgo laboral y aclaró que el proyecto “no está pensado para penar a las empresas, sino para que el ministerio se informe al instante de la situación que atraviesa cada firma”.
A pesar de las supuestas buenas intenciones que anuncian tanto Castillos como Marcela Barrios, la realidad sigue empecinada en demostrar otra cosa: este tipo de medidas lo único que lograr es que los empresarios no contraten nuevos trabajadores, o que contraten empresas tercerizadas o que aumente la informalidad. Las empresas están destinadas a una dinámica comercial y productiva que cada día se vuelve más impredecible. ¿Quién sabía, hace cinco años, qué era la empresa Temu? Todos los organismos internacionales tales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Banco Mundial (BM), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea entre otras nos advierten un día sí y otro también sobre los desafíos que plantea la Inteligencia Artificial (IA) para el empleo destacando que precisamente los países en desarrollo como Uruguay serán los más perjudicados por este fenómeno global e imparable. ¿Acaso en nuestra ciudad no existen supermercados en los cuales las plataformas de autoservicio ya han remplazado a los cajeros? ¿Qué sucede desde hace muchos años en los peajes donde tampoco existe atención humana presencial? ¿En su momento tanto sindicato de comercio y servicios (Fuecys) como el de la construcción (Sunca) se rasgaron las vestiduras por estas modificaciones tecnológicas a las cuales se opusieron y al final que pasó? Pasó lo inevitable: más allá del “relato heroico” de la supuesta “lucha” desplegada por los sindicatos mencionados, la realidad “los pasó por arriba” y hoy todos los peajes de Uruguay están automatizados. Resultado del partido… Realidad 1 – Pit Cnt 0. Es una lástima que este mecanismo (destinado a perjudicar a los empleadores) no se haya podido aplicar en el caso del cierre de la radio montevideana M24, propiedad del Movimiento de Participación Popular (MPP). El periodista José W. Legaspi expresó lo siguiente sobre este cierre de la radio “compañera”: Gonzalo Cammarota expresó en su despedida que “te sentís un pelotudo” al ver cómo se planeaba la venta mientras dentro de la radio había ambientes optimistas, con mediciones favorables. (…) Fernando Tetes, por su parte, habló de lo “doloroso y cruel” que es perder el trabajo de esa forma. (…) En el comunicado conjunto de los programas (Justicia Infinita, La Cuchara, entre otros), los trabajadores denunciaron que no se les informó quién compraba la emisora, cuándo se había iniciado el proceso, ni las verdaderas razones detrás del despido”. Tanto el Pit Cnt como la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) hicieron una pantomima de defender a los trabajadores afectados y rápidamente “metieron violín en bolsa” para no molestar a los “compañeros de la 609”. Si bien la norma que quiere implementar Castillo aún no existe, nada impediría que al menos por un tema de principios –si es que los tienen— les hubiesen comunicado con tiempo que los iban a dejar en la calle. Aunque no sea con un año de antelación, quizás dos o tres meses antes. Pero por algo no lo hicieron. Se ve que muy convencidos de la inocuidad de la comunicación previa no están.
Es así que el pasado mes de diciembre el ministro Juan Castillo expresó que la decisión de un despido colectivo “se tiene que anunciar previamente, a los efectos de tomar medidas” por parte del gobierno. Llamativamente Castillo omitió detallar cuáles serían esas medidas y acá es donde está “la madre del borrego”. Siendo público que Castillo es un connotado miembro del Partido Comunista del Uruguay de ideología marxista leninista, es de suponer que esas medidas que se pretenden tomar contra las empresas podrían ser la expropiación o la congelación de activos en el país impidiendo que las mismas puedan cumplir con sus obligaciones comerciales y de esa forma que las famosas (y desastrosas) cooperativas “compañeras” puedan comprar a precio vil una unidad productiva en la cual el Frente Amplio inyectaría dinero de todos para que terminara fundida, como sucedió con absolutamente todas las empresas rescatadas por el Fondes de Mujica. Ese es el objetivo final de Castillo y del Frente Amplio: la abolición de la propiedad privada y que los medios de producción pasen al control de los trabajadores, todo ello en el marco de una dictadura del proletariado. No lo decimos nosotros: lo dice el filósofo alemán Karfl Marx en su libro “El Capital”, la Biblia del comunista.
Un cambio de estas características significaría un cambio radical para Uruguay. Tal como lo ha expresado el abogado laboralista Matías Pérez del Castillo, en la actualidad “el despido en nuestro país puede ser dispuesto sin preavisar ni manifestar la causa, pero trae consigo el pago al trabajador despedido de una indemnización por despido tarifada legalmente”, con algunas excepciones (trabajador enfermo, trabajador accidentado, despido antisindical, trabajadora grávida, etcétera). Si esta reforma es aprobada, no se podrá despedir a un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada que tenga relación con su capacidad o su conducta o esté basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa”. Además, ese despido puede ser anulado y se puede ordenar la readmisión del trabajador, así como el pago de una indemnización adecuada u otra reparación apropiada.
Las consecuencias de esta iniciativa del Frente Amplio ciertamente no ayudarán a la radicación de inversiones ni al mejoramiento del empleo en Uruguay ni en nuestro departamento. Ante esta falta absoluta de sentido común, cabe preguntarse: ¿no sería mucho más responsable y comprometido tratar de atraer inversiones en lugar de espantarlas con ataques infundados y posiciones ideológicas como el marxismo leninismo que han fracasado en todo el mundo? ¿Realmente queremos seguir el camino de Cuba, donde ya no quedan más que escombros, miseria y hambre gracias a las políticas fracasadas del comunismo? ¿O Venezuela –con o sin Maduro, ya la habían fundido–, con ocho millones de exiliados económicos? La verdad es que a los sindicalistas no les importa si las empresas cierran o permanecen abiertas, porque ellos forman parte de una casta que siempre seguirá disfrutando de sus beneficios económicos. Mientras tanto, los sindicalistas “de a pie”, aquellos que son simples afiliados seguirán con su vida de “perejiles” tratando de ver si consiguen alguna “changa” para sobrevivir cuando la empresa donde trabajaban cierre o se achique.
