Con fecha 31 de diciembre, OSE publicó la resolución Nº1464/25 que refiere al incremento de la tarifa de agua potable y saneamiento en 8,5%. En la misma resolución establece un ajuste de 1 Unidad Reajustable (UR) que, al mes de enero, tiene un costo de $1.847,96 para la obtención de los certificados de saneamiento y libre de deuda. Tal decisión motivó el “total desacuerdo” de la Asociación de Escribanos del Uruguay (AEU), cuya institución solicitó el análisis y fundamentación de tal medida.
La institución expresó “su profunda preocupación por las consecuencias jurídicas, sociales y operativas que generará” la imposición de dicho impuesto. Consultadas las autoridades del organismo, se excusaron de brindar declaraciones a EL TELEGRAFO en tanto aguardan “brindar toda la información pertinente el 20 de enero cuando el directorio de OSE comparezca ante la Comisión Permanente” del Parlamento, junto al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño.
Costo por decreto
La Asociación de Escribanos solicitó al directorio de OSE que “analice y fundamente”, la legalidad de la decisión para fijar “un costo mediante decreto para un certificado que resulta indispensable para el ejercicio de la función notarial y para la instrumentación de actos jurídicos vinculados con el acceso a la vivienda”.
Los escribanos consideraron “la eventual extralimitación de la potestad reglamentaria, la ausencia de una habilitación legal expresa y el hecho de que las Leyes 14.497 y 18.840 (así como el decreto reglamentario de esta última, que dispone la expedición del certificado) no prevén ni autorizan la imposición de costo alguno”. Los profesionales alertaron que dicha resolución configura “una posible vulneración de los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad”.
La entidad aclaró sobre “el impacto directo y regresivo que esta imposición genera sobre las familias en general –en especial las vulnerables–, particularmente aquellas que acceden a soluciones habitacionales y se encuentran exoneradas de otros tributos, tasas, aranceles e impuestos”. Con este decreto, “quedan obligadas, sin alternativa, al pago de este certificado, lo cual configura una barrera económica adicional e injustificada”.
La asociación de profesionales notariales pidió que se remita “en forma detallada”, la información concerniente al “procedimiento de solicitud del certificado, el plazo cierto de expedición por parte de la OSE y el criterio aplicable en los casos en que no existe cuenta de la OSE asociada al padrón, situación frecuente en la práctica notarial y que genera demoras y perjuicios concretos a los usuarios”.
Los escribanos entienden que “la fijación de este costo afecta el interés general, entorpece el normal desenvolvimiento del tráfico jurídico y desconoce el rol instrumental del notariado en las políticas públicas de acceso a la vivienda, por lo que espera una respuesta clara, fundada y urgente por parte del organismo”.
Costo al contribuyente
“El costo que acaba de incorporar OSE para la obtención de los certificados de saneamiento, que antes era sin costo, es un impuesto que se recarga al vecino. Estas decisiones se tomaron el 31 de diciembre cuando creyeron que la gente iba a estar más tranquila. De hecho, la Asociación de Escribanos del Uruguay elevó su queja”, dijo el diputado Fermín Farinha.
Explicó que en el decreto “tampoco visualicé las exoneraciones, es decir, las situaciones especiales que hay que atender porque no pueden asumir ese costo. Ahora vemos al Estado haciendo caja. En el caso de OSE, aumenta las tarifas por encima del rango meta y suma otros costos que se transfieren al vecino, que es el que hace el trámite”, concluyó.