En Uruguay, desde el año 2020 se registran más muertes que nacimientos. El fenómeno lleva casi diez años y es una tendencia que se profundizará críticamente hacia 2070.
Anualmente se reafirma esa realidad. De hecho, en 2025 hubo 28.903 nacidos vivos, fueron 29.899 en 2024, 31.385 en 2023, 32.301 en 2022, 34.601 en 2021 y 35.874 en 2020. El descenso es inexorable, anunciado desde hace tiempo por los expertos estadísticos y documentado en los sucesivos informes del Instituto Nacional de Estadística.
Esta realidad se visibiliza en ámbitos como la salud, pero impacta también en la educación y la seguridad social.
El último censo, efectuado en 2023, mostró ese descenso continuo en el reemplazo poblacional y en la tasa global de fecundidad. Mientras que el umbral de reemplazo es de 2,1 hijos –el mínimo para mantener estable la población–, en Uruguay la tasa de hijos por mujer se ubica en 1,2. Esa diferencia, casi la mitad, no alcanza para mantener el nivel poblacional.
En esta estadística hay otro trasfondo: ha descendido la cantidad de embarazos adolescentes, incluso entre mujeres hasta 24 años. Además, en la decisión de tener un único hijo inciden factores culturales, asociados al esfuerzo y dedicación a la crianza, así como factores económicos y sociales.
Lo que ocurre en el país también se registra a nivel global. Antes sucedió en Europa y se notó en la postergación de los embarazos y en la decisión de formar una familia en edades más avanzadas.
El fenómeno tendrá impacto en la seguridad social: habrá menos aportantes, menos trabajadores que financien el sistema de salud y una población más envejecida que requerirá atención desde diversos ámbitos.
El sistema de salud, cuidados, pensiones y jubilaciones se verá tensionado y quedará en evidencia que una reforma de la seguridad social –no solo jubilatoria– no alcanzará a cubrir las necesidades de cobertura.
Los estadísticos advierten que algunas propuestas no lograrán el objetivo final de promover la natalidad. Por ejemplo, el pago de bonos por hijos, experiencia que tampoco funcionó en otros países.
Los demógrafos Ignacio Pardo y Gabriela Pedetti consideran que la evidencia es clara: el incremento de dinero que reciben las familias no se sostiene en el tiempo. El exdirector del INE, Diego Aboal, explicó que esa política de incentivo “como mucho” puede mover la tasa desde 1,2 hasta 1,5, pero no se acerca al 2,1 ideal para que la población no decaiga.
Lo que da resultado tiene un costo económico y requiere compromiso de sostenibilidad en el tiempo. Ambos factores son difíciles de conciliar en el país, porque siempre faltan recursos. Además, implica políticas de cuidados y de conciliación entre la vida familiar y laboral.
Durante la pasada campaña electoral, hubo candidatos que expusieron las dificultades de un sistema de cuidados inviable, como el existente en Uruguay, que no resuelve los problemas de quienes lo necesitan. Incluso, el Estado no debe estar a cargo de todos los problemas, porque surgen ineficiencias e inequidades.
Algunas propuestas se enfocan en centros CAIF a tiempo completo, porque cuatro horas no alcanzan y no todas las redes familiares o comunitarias apoyan o contienen. Esta realidad se observa en un escenario donde el 85% de los niños va a la educación pública, y tres cuartas partes concurren cuatro horas diarias, la mitad de lo que ofrecen algunos colegios privados.
Los demógrafos han propuesto la extensión de la licencia por paternidad. En Uruguay, desde el 1° de enero de 2025, se amplió a 20 días tanto para trabajadores públicos como privados.
Entre las iniciativas parlamentarias, el diputado nacionalista Álvaro Dastugue propone beneficios fiscales y sociales, como la exoneración del IVA en bienes y servicios esenciales para la primera infancia. Por su parte, el senador colorado Pedro Bordaberry apunta a la inmigración, con beneficios y residencias para quienes decidan vivir en Uruguay.
El escenario es acotado, porque los migrantes no cuentan con políticas de contención y padecen las mismas dificultades económicas que otros grupos vulnerables: empleo precario, altos costos de vivienda y tarifas públicas elevadas. Esto profundiza dramas asociados al desarraigo, desempleo, informalidad y pobreza. Europa sirve como espejo, donde la integración de poblaciones es cada vez más compleja.
El censo revela que entre el 3% y el 4% de los nacimientos anuales provienen de mujeres migrantes. El cambio de enfoque puede ser trascendental: transformar las políticas pronatalistas o de fijación de población migrante hacia una mirada que mejore la realidad de la niñez actual, donde uno de cada tres niños nace en hogares pobres sin cubrir necesidades básicas.
Desde el discurso, se afirma que la niñez es una prioridad, pero medidas como la ampliación de transferencias monetarias no alcanzarán si no se amplían las capacidades de respuesta a otras necesidades. El desafío futuro es permitir que los niños logren trabajos productivos, incrementen el crecimiento del país y aporten a la sostenibilidad fiscal.
Es volver, con plena actualidad, a parafrasear a la educadora Reina Reyes, cuando en 1970 preguntaba: “¿Para qué futuro educamos?”
