La Unión de Trabajadores de Paycueros (UTP) se reunió en asamblea general con la participación de afiliados y no afiliados, donde resolvieron declararse en conflicto ante el envío de nuevos trabajadores al seguro de desempleo y a la negativa de la empresa a negociar los convenios colectivos que caducaron entre 2024 y 2025.
El dirigente Antonio Ferreira explicó que luego del ingreso de seis trabajadores a raíz del recurso de amparo ante la justicia que revocó los despidos de la empresa, la plantilla comenzó a hacer uso de sus licencias. “El 31 de diciembre la empresa denunció un convenio que tenemos firmado desde 1998 por una de las cláusulas y es que cualquiera de las dos partes podía denunciar en un año impar ese convenio y ser rediscutido. El 15 de enero finalizaron las licencias y el pasado 22 la empresa envió a seis trabajadores al seguro de paro. La gerencia comunicó que con el ingreso de aquellos seis se iban otros seis al seguro”, dijo a EL TELEGRAFO.
El dirigente señaló que tal decisión “es directamente un ataque a la organización y otra represión sindical”. Recordó que “un día antes, llegaron directores de la empresa Sadesa y comunicaron que no tienen intención –y mientras se mantenga esta producción de cuero mensual– de negociar y trasladó la discusión hacia adelante”.
A raíz de esos anuncios, la UTP convocó a una asamblea general. “Nosotros creemos que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por un lado, manifiestan que la empresa no tiene viabilidad por la cantidad de cueros que procesa, cuando en realidad dijeron ante la justicia que no quieren irse de Uruguay porque es sustentable y no tiene problemas financieros”.
Según Ferreira, si los trabajadores no acuerdan por el convenio vencido el 31 de diciembre y otro ya vencido desde el 1º de julio de 2024, “tendríamos una rebaja salarial del 17%”. La asamblea resolvió ingresar en un conflicto y efectuar “medidas distorsivas con el fin de poder negociar con la empresa”. El dirigente aclaró que “la viabilidad de la empresa no tiene nada que ver, porque los beneficios son para las personas. Incluso la empresa sigue haciendo inversiones en infraestructura y maquinaria”. Actualmente hay 80 trabajadores en el seguro de paro y a algunos no les alcanzaría los beneficios que acuerden. Desde el 2024, unas 200 personas se han desvinculado de la empresa y otras 220 hoy están trabajando. “Pero hay 103 cargos de confianza. Es decir, es un cargo de confianza por cada dos trabajadores. Nosotros vemos que las decisiones de la empresa atacan al trabajador jornalero, porque si no fuera viable, deberían hacer recortes en todas las áreas. El sueldo promedio de un jornalero en Paycueros es de $36.000 en la mano”. Entre los beneficios que están en juego destacó “algunos feriados durante el año, equipos para la lluvia, zapatos y en algunas áreas, por el desgate de las tareas, el doble equipo de ropa”.
La UTP recibió informaciones sobre las exoneraciones recibidas por la empresa en los últimos años. “De acuerdo a los documentos que recabamos, una vez en el año 2019 y en dos ocasiones en 2024 recibió cerca de 8 millones de dólares por cada vez, por concepto de devoluciones y exoneraciones del Estado por maquinarias e inversiones”.
Recalcó que “por esa razón”, coordinan reuniones con el espectro político. “Si una empresa como ésta recibe tantas devoluciones, hay que exigirle el cuidado de las fuentes de trabajo porque esto también involucra la salud mental de los trabajadores. Tenemos que recordar que hay personas en el seguro de paro desde setiembre de 2024”. El sindicato solicitó una reunión con el ministro de Trabajo, Juan Castillo, que se concretará la semana que viene. En la primera semana de febrero se reunirán con un grupo de senadores que integran la Comisión de Asuntos Laborales de la cámara alta.
En producción
Ferreira señaló que la empresa “produce 35.000 cueros mensuales y sabemos que es menos de la mitad de lo que puede producir. De ese total, unos 20.000 salen de la fábrica solamente con sal y así son enviados a China donde se realiza todo el proceso. Si lo hiciéramos acá, involucraría solo a dos sectores y esos 80 trabajadores no estarían en el seguro de paro”.
Reclaman que “si le hacen exoneraciones, que les exijan por lo menos la continuidad de los procesos como pro ejemplo la terminación que no se hace en Paysandú. Pero vemos que ya no le exigen ni siquiera el segundo proceso”, concluyó.
