El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y el directorio del INAU comparecerán el 20 de febrero ante la Comisión Permanente, donde brindarán explicaciones sobre las muertes de niños y adolescentes bajo la tutela del Estado, ocurridas en los últimos meses.
La citación fue promovida por la oposición y acompañada por el oficialismo. Esta convocatoria se suma a la intención planteada por el diputado del Partido Nacional, Pedro Jisdonian, de realizar una interpelación al directorio del instituto en la Cámara de Diputados, posiblemente en marzo.
Entre los casos ocurridos, se encuentra Tomás, un niño sanducero de 10 años que estaba vinculado al sistema desde sus 3 años a través de un CAIF, desde los 6 se encontraba al amparo del INAU por una decisión judicial y a partir de 2023 permanecía internado en una clínica de salud mental en Montevideo, con la cual el organismo mantiene un convenio.
El INAU resolvió “una investigación de urgencia” y se encuentra “a la espera de los resultados de la autopsia”. Sus abuelos, referentes familiares del niño, hasta el momento no han recibido información sobre lo ocurrido el domingo 11 de enero, cuando un enfermero de la clínica fue a despertarlo para tomar su medicación y desayuno, pero no tenía signos vitales.
Las filmaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el dormitorio, no visualizaron “eventos anómalos” — según informó el organismo– y días después confirmó que se trató de muerte súbita.
Jisdonian estuvo en Paysandú y, acompañado por el diputado Fermín Farinha, se entrevistó con el abuelo del niño.
No contesta
El 12 de enero, Jisdonian presentó un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Social para que el INAU informe sobre la muerte de Tomás, el estado actual de la investigación administrativa interna y medidas preventivas o correctivas que se han adoptado o se prevé adoptar. Interrogó por los mecanismos de control, supervisión, fiscalización y seguimiento que implementa el INAU respecto de las clínicas, instituciones o dispositivos de salud mental que mantienen convenios o vínculos contractuales con el organismo, los controles, inspecciones o auditorías que se realizan y las medidas que se adoptan en caso de irregularidades.
En el caso concreto del centro donde se encontraba este niño, Jisdonian preguntó por los cuidados, tratamientos y atención integral que brinda, la población que recibe, edades, sexo y criterios de admisión. Además, cuándo fue la última inspección o control realizado por el INAU y sus resultados y acciones de seguimiento dispuestas. Este pedido de informes aún no fue contestado por las autoridades.
“Nos reunimos con el abuelo del niño y vemos que es una situación dramática lo ocurrido con Tomás, porque nos brindó los pormenores del tratamiento que cursaba y las circunstancias por las que atravesó cuando se dio el desenlace. Nos volvimos con preocupación porque queremos explicaciones. No procuramos excusas, sobre todo por la memoria de estos niños y por la sociedad movilizada con estos hechos que fueron varios en poco tiempo”, dijo Jisdonian a EL TELEGRAFO.
En las semanas siguientes a la muerte de Tomás, ocurrieron muertes y fugas de adolescentes en distintas circunstancias. Consultado el legislador sobre los detalles proporcionados por las autoridades del organismo, aseguró que “no sabemos casi nada porque la constante de este directorio es no hablar y públicamente han dicho que la política del INAU es no hacer declaraciones. Además, hablamos con diputados del Interior y es una constante la falta de respuesta ante los pedidos de informes”.
Otros legisladores, incluso, “debieron acceder al Ministerio de Salud Pública para obtener mayores datos. Queremos que, si hay información delicada o sensible que lo aclaren y den la cara. Pero que digan que esa es la razón por la cual no hablan”. Jisdonian aseguró que “hay autopsias que no trascienden sus resultados y, como el caso de Tomás, aseguran que fue una muerte súbita. En realidad, tampoco conocemos el desenlace. Esa falta de respuesta lleva a que se tejen conjeturas y haya dudas. Claramente, no es el ambiente que debe venir por parte del Estado en relación a los menores que tiene bajo su tutela”.
El caso tomás
Los referentes de Tomás “no han accedido aún, a ningún tipo de informe forense. El INAU no les aportó hasta este momento, ninguna información y nadie se ha comunicado con la familia para explicarle lo ocurrido. Es más, llamaron al abuelo casi un mes después de la muerte para preguntarle si necesitaban algo. Y respondió que ya buscaron ayuda sicológica por sus propios medios para la hermana de Tomás”, relató el diputado Farinha.
Explicó que era un niño vinculado a su familia en Paysandú y este proceso de rehabilitación era acompañado por sus abuelos. “Tomás había pasado las fiestas acá y la última visita había sido el jueves anterior a su muerte ese domingo 11. Su abuelo estaba programando un viaje a Montevideo para traerlo porque faltaban pocos días para su cumpleaños”, precisó.
Manifestó que “impacta” la falta de respuestas de INAU ante estos hechos similares que corresponden a niños o adolescentes internados en clínicas especializadas. “El INAU debe ejercer un control más estricto sobre este formato de tercerización porque lo sustancial del servicio está en manos de entidades especializadas, pero el responsable de tutelar este proceso es el organismo”, agregó.
De acuerdo al relato de sus abuelos, “nunca accedieron a una historia clínica y no tenían conocimiento real de los medicamentos recetados. Incluso le habían manifestado que estaba cerca del alta y daba expectativas a la familia. Luego tuvo una recaída y aseguraron que no lo veían bien. Se lo manifestaron a los profesionales y cuando resolvieron la internación en esta clínica, vemos que no encontraron una respuesta sino todo lo contrario”.
Las autoridades demoraron en la entrega del cuerpo del niño que resolvió la Fiscalía General de la Nación, “luego de una comunicación telefónica con la fiscal, con el Instituto Médico Forense y el INAU para preservar el derecho de la familia de despedir a su nieto”, concluyó.
