El uso y goce del espacio público está contenido en la ley y es para todos los ciudadanos. Es la misma normativa que define las faltas y penaliza con trabajo comunitario las conductas que violenten la convivencia y deterioren sus instalaciones.
En la actualidad, basta caminar por cualquier ciudad del país para observar el incumplimiento de las disposiciones. Pero, particularmente en Paysandú, además del incumplimiento de la normativa, se observan actos de desidia que afectan la convivencia, además del libre tránsito de las personas.
Las veredas rotas u ocupadas con vehículos, residuos, desperdicios de materiales de construcción o artículos promocionales; las volquetas desbordadas o rotas; el abandono de balizas que demarcan pozos en medio de las calles –incluso en algunas preferenciales– por tiempo indefinido; balizas colocadas sobre las veredas sin justificación; la persistencia de personas en situación de calle que duermen en plazas y frentes de viviendas particulares a cualquier hora del día; y la vandalización del ornato público demuestran que en los hechos las leyes no están para ser respetadas.
En algunos casos son normas imposibles de aplicar o controlar, pero también sucede que muchas veces son interpretadas según el “cristal político” con que se mire. Como, por ejemplo, la ley de faltas, que establece con certeza el derecho al uso y goce de los espacios públicos, el fomento de la convivencia, así como define las faltas en caso de incumplimiento.
El mantenimiento irregular de los espacios comunes es una responsabilidad colectiva que se incumple. En nuestros “Cortocircuitos ciudadanos” se exponen todos los días las dificultades existentes en amplias zonas de la ciudad que persisten por meses.
Y no son simples incomodidades que generan dificultades en el paso de los vecinos; es la restricción al uso de un espacio público básico, como las calles, plazas o veredas, que muchas veces se reducen a espacios donde se instalan todo tipo de efectos personales.
Pero nada puede ejercerse fuera de la ley y, si no se cumple, entonces se elude. Los gobiernos departamentales están llamados a activar los mecanismos para que la ciudad sea accesible en toda la extensión de la palabra y del territorio. De lo contrario, perderemos tiempo —como hasta ahora— en declaraciones amigables con determinados colectivos, cuando solo alcanza con recorrer los barrios para ver la realidad.
Como sociedad, estamos llegando a un punto en que no bastan las exhortaciones, porque ya conocemos las abundantes explicaciones sobre derechos y deberes.
Es decir, no es posible que los vecinos deban abandonar las plazas a determinadas horas del día porque hay otros que ejercen la mendicidad o pernoctan bajo los efectos de sustancias. Tampoco es aceptable que no se pueda transitar por veredas que comprometen el paso de personas con discapacidad, baja movilidad o adultos mayores, por ocupaciones indebidas. Los organismos encargados de proteger esos derechos no deben dar explicaciones, sino actuar, porque son sus competencias. Aunque resulte antipático, el fin principal es el uso y disfrute de los espacios en comunidad y, si una política departamental no alcanza para tomar medidas, entonces persistirá el problema de la convivencia.
Los vecinos verán la aplicación desigual de la ley, porque unos pueden ocupar el espacio para vivir u otros para vandalizarlo sin que nada suceda.
Las generaciones pasadas recuerdan el uso de los espacios públicos con un rico anecdotario y cada barrio tuvo su impronta. Pero todos ayudaron a construir una identidad colectiva que, en nuestro caso, es el ser sanducero.
Hoy parece dificultoso continuar con aquel legado. Porque la indignación ciudadana se expresa en las páginas, gana lugar en redes sociales, en nuevos hábitos ante la inseguridad y en la visibilidad de una ciudad que, como Paysandú, pretende mostrarse al visitante desde sus puntos de vista histórico, turístico, productivo y de hermandad con el mundo.
En los últimos años —no hace muchos— ese espacio comenzó a transformarse de manera silenciosa, ya sea por nuevos hábitos de las generaciones digitales, así como particularmente por las desigualdades en el uso y costumbres de las comunidades.
Resta cuestionarnos si los cambios en la utilización de los espacios públicos vinieron para quedarse o serán temporales, por cuestiones sociales o por deterioro en el cumplimiento de los derechos de uso y goce para todos.
¿Qué otros cambios vendrán en el futuro como consecuencia de las transformaciones sociales que las nuevas generaciones impondrán en el uso del espacio público? ¿Cuánta accesibilidad mostrarán los lugares comunes, donde el uso y goce verdadero —para todos por igual, sin dificultades ni miedos— no sea una vulneración de derechos humanos?.
